El mediador de 'tito Berni' busca ahora invalidar las pruebas clave y reducir sus confesiones

El mediador de la trama de 'tito Berni' cambia de estrategia en la causa. Antonio Navarro Tacoronte, cuya colaboración fue determinante para destapar esta causa de corrupción, busca ahora reducir la validez de todo este material sobre el que se sustenta la investigación. Este giro del bautizado como 'mediador' de la red ha provocado el enfrentamiento con la juez y el fiscal Anticorrupción del caso, que se oponen a sus pretensiones.

Tanto es así que la Fiscalía Anticorrupción acaba de rechazar los argumentos que ha dado su nueva defensa para invalidar las pruebas que él mismo aportó. El Ministerio Público comparte criterio con la juez de Tenerife que instruye la trama de 'tito Berni' y le advierte de que no puede ahora reducir el impacto de las pruebas y las confesiones efectuadas bajo el argumento de que actuó coaccionado, dado que no fue así.

El asunto se remonta a hace unas semanas, cuando el nuevo abogado del mediador reclamó los terminales telefónicos que prestó al inicio del procedimiento. Esta investigación contra la red que lideraba el exdiputado del PSOE Juan Carlos Fuentes Curbelo (tito Berni) arrancó precisamente a raíz de toda la información que la Policía Judicial encontró en los móviles de Navarro Tacoronte.

El papel del mediador

Fotografías de las fiestas organizadas con servicios de prostitutas y droga, conversaciones con empresarios y políticos, detalles de transferencias que demostrarían el pago de mordidas o audios con los cabecillas de la red, fueron algunos de los extremos que encontraron en los teléfonos.

El mediador los entregó a la Policía por un asunto que nada tenía que ver con 'tito Berni'. La Policía acudió a él cuando Ángel Luis Pérez Peña, exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, interpuso una denuncia falsa contra él alegando que estaba detrás de una serie de cargos a su tarjeta. Para demostrar que era falso, el mediador aportó todos sus terminales, que probaron, efectivamente, que Peña estaba al tanto de estos movimientos bancarios.

El investigado manifestó su firme compromiso de colaborar y la prueba de ello se encuentra en el contenido de sus declaraciones. Esto ocurre hasta en cuatro ocasiones por lo que no parece razonable cuestionar la validez del consentimiento Escrito de Anticorrupción

Sin embargo, los terminales pronto desvelaron un asunto mucho mayor. Las pruebas analizadas propiciaron la apertura de estas diligencias que, a día de hoy, suman ya más de una decena de delitos, tales como pertenencia a grupo organizado, blanqueo, estafa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación, entre otros.

Además, el mediador se ofreció a declarar y 'tirar de la manta'. El empresario canario -apodado así por ser el nexo entre la parte política y la empresarial- señaló al exdiputado del PSOE, a su sobrino y exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, y a una serie de empresarios (en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico) que habrían pagado mordidas para conseguir favores en la Administración, aprovechando su influencia en el gobierno de las islas.

"No hubo presión ni coacción"

Meses después de aquello, Navarro Tacoronte pidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife que le devolviera sus teléfonos, pero la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, cerró la puerta a esa posibilidad. La juez alegó que, pese al tiempo transcurrido, los investigadores seguían analizando todas las fuentes de prueba de los teléfonos y que, además, a día de hoy se han convertido en "instrumentos de los hechos delictivos investigados en la causa". Por ese motivo, se quedan bajo custodia judicial.

El mediador recurrió el auto en un movimiento con el que pretende hacer tambalear los cimientos del procedimiento. Al respecto sostiene que declaró en esta causa de 'tito Berni' como testigo, pese a que luego se le imputó. También desliza que en sus comparecencias ante la Policía y la juez pudo haber actuado bajo cierta coacción que atentaría contra su derecho básico de defensa.

Contra ese argumento se ha pronunciado la Fiscalía Anticorrupción en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo defiende que los terminales no los entregó con la única finalidad de defenderse ante la denuncia de Pérez Peña ya que, posterior a eso, ha declarado en varias ocasiones aportando cada vez datos de relevancia para la causa.

"Dentro de su derecho a declarar, el investigado manifestó que ponía a su disposición los terminales móviles y con ello la información contenida en los mismos. Este consentimiento, en cuanto estaban en condición de investigado, exige la presencia del letrado con la finalidad de informar", reza Anticorrupción, la cual recuerda que su entonces abogado no hizo ninguna objeción al respecto.

La raíz de 'tito Berni'

Al hilo, insiste en que el 'mediador', debidamente asesorado y con la asistencia de letrado, prestó su compromiso de colaborar con la Justicia y prueba de ello son las declaraciones que ha efectuado hasta el momento. Sobre esto explica la Fiscalía que nunca estableció límites a su consentimiento pero, aunque lo hubiera hecho, tampoco podría evitar que la Policía Judicial analizara el contenido ya que no puede decir qué es válido para la causa y qué no.

En relación a que comenzara participando como testigo pero que rápidamente se le imputara en la causa a tenor de los indicios que le incriminaban, la Fiscalía alega que se le imputó para respetar sus derechos y evitar precisamente un perjuicio hacia él ya que la declaración como testigo implica responder a todas las preguntas y no requiere asistencia letrada, mientras que la figura de investigado permite acogerse a su derecho a no declarar y comparecer con abogado.

"Se quiere exponer que cuando manifestó su consentimiento realmente no quería manifestarlo pero esto entra en contradicción con la realidad pues no solo expresó una vez, sino hasta en cuatro ocasiones y además no se manifestó de forma dudosa sino con una contundencia que despeja cualquier duda interpretativa", concluye el fiscal. El asunto, de especial relevancia por cuanto que afecta a la raíz del procedimiento, queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.