Golpe de efecto en el caso 'tito Berni': el testaferro confiesa y entrega un pendrive con información

Giro de 180 grados en la causa del 'tito Berni'. Uno de los principales imputados desde el inicio de este procedimiento, el constructor Miguel Ángel Robayna, ha confesado en sede judicial su implicación como presunto testaferro para ocultar las mordidas que cobró la red liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Además, ha aportado ingente documental en un pendrive.

Así se desprende de un nuevo auto, que desvela Vozpópuli, en el que la magistrada que dirige la causa del 'tito Berni' admite la entrega de este dispositivo para proceder a su análisis. Se trata de la primera gran confesión de calado después de que el mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte, tirara de la manta ante la Policía por una denuncia inicial que fue la que dio pie a esta macrocausa.

Ahora la declaración de Robayna abre un nuevo escenario en la causa de corrupción, puesto que, en palabras de la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, "confirma las sospechas iniciales" de la Policía. El constructor compareció de manera voluntaria en el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife el pasado 17 de enero para declarar de nuevo por esta causa de corrupción.

"Se ideó un plan criminal"

Durante este tiempo de investigación, se habría acreditado que los empresarios investigados contactaron con la trama de tito Berni para conseguir tratos de favor con la Administración Canaria y retirada de sanciones. La red, liderada por el entonces diputado del PSOE, se aprovechaba de la influencia a nivel nacional de este exparlamentario del Congreso y también de su sobrino y sucesor al frente de la Dirección General de Ganadería.

Miguel Ángel Robayna confirmó las sospechas iniciales de la Policía y entregó un pendrive con material indiciario de su intervención así como de las relaciones que mantenía con otros implicados

Navarro Tacoronte se erigió como mediador entre la rama empresarial y la política. Este empresario se encargaba de solicitarle las cantidades reclamadas por la red para empezar a operar. Los investigadores descubrieron que para ocultar estos pagos en 'B' de los empresarios se emplearon terceras personas que harían las veces de testaferros.

"En la finalidad de evitar mostrar el verdadero destino o motivación de los pagos efectuados a Navarro Tacoronte, se ideó un plan criminal que pretendía eliminar el rastro de los importes entregados, momento en que intervenía Miguel Ángel Robayna, quien asumía la elaboración de distintas facturas ficticias que ayudaran a justificar a los empresarios los pagos referidos".

A cambio, la red de 'tito Berni' invitó a estos empresarios a visitas al Congreso de los Diputados y también a numerosas fiestas privadas en un céntrico hotel de la capital en las que contrataron el servicio de prostitutas y consumieron drogas, de acuerdo con las investigaciones policiales.

Nueva material sobre 'tito Berni'

Además de confesar los hechos, Robayna se comprometió a aportar documentación y conversaciones desconocidas hasta el momento que probarían su versión de los hechos. Se trataría de material indiciario sobre su intervención en la red de tito Berni y también sobre las relaciones que mantenía con otros miembros de la trama, parte de la cual investiga desde abril la Fiscalía Europea por un posible desfalco de fondos comunitarios.

Tras esta confesión, la Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito al juzgado tinerfeño para pedir a la juez que acordara la extracción de su contenido en un nuevo auto. El Ministerio Público trata de blindar de esta forma el consentimiento facilitado por este imputado teniendo en cuenta la relevancia que puede tener esta nueva fuente de prueba y su carácter "sensible".

Al respecto, Anticorrupción recuerda que esta causa contra la red de 'tito Berni' ha ido ampliando su catálogo de delitos desde la apertura inicial por presunta estafa. A día de hoy el procedimiento que suma más de 4 terabytes ha tenido que pedir auxilio a unidades de la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al incluirse delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, blanqueo de capitales o pertenencia a grupo organizado, entre otros.

Facturas falsas

De esta forma la instructora ha atendido la petición de Anticorrupción y ha dictado un auto en el cual dispone la intervención judicial del pendrive a la par que encarga su análisis a la Policía Judicial. El objetivo es analizar qué información entregada forma parte del procedimiento para proceder al estudio, expurgando por contra la que no tenga nada que ver con la causa del 'tito Berni'.

Al hilo recuerda que de las pesquisas realizadas hasta el momento existen "indicios claros" de que Robayna elaboró facturas falsas para, al menos, cuatro empresarios investigados en esta causa de corrupción. Se trata de Alberto Montesdeoca, el empresario valenciano José Suárez (alias 'el drones'), Esteban Banús e Inmaculada Roca; estos últimos al frente de Mec Suministra.

"Dichas facturas obran recopiladas en autos en los informes policiales aportados durante esta investigación. Fueron elaboradas por el investigado Miguel Ángel Robayana a través de su empresa Hispano Robysa para justificar los pagos de los citados empresarios al grupo a través del mediador", detalla la instructora. Se trata de un material que ha reconocido el imputado en su segunda declaración judicial y que "resultan de interés para la investigación".

La actuación de la magistrada se produce en paralelo al avance de esta investigación en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente que se libre una nueva orden europea de investigación por el presunto desvío de mordidas del general de la Guardia Civil imputado en la causa.

Se trata del mando Francisco Espinosa Navas, presunto miembro de la trama de 'tito Berni', que habría desviado parte de las comisiones cobradas para ayudar a empresarios a una cuenta abierta en Bélgica. La magistrada, que ya recurrió a Bruselas para esclarecer esta línea de investigación, ha dado luz verde a la solicitud de la Fiscalía, en el marco del rastreo de los presuntos pagos en 'b' a la rama política de tito Berni.