La juez rechaza devolver al mediador los móviles que destaparon la red de tito Berni: quedan archivos por estudiar

Los investigadores de la causa del 'tito Berni' no van a desprenderse de los teléfonos móviles que destaparon la trama. La magistrada al frente del procedimiento, con criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado devolver a Antonio Navarro Tacoronte, mediador de la red, los dispositivos telefónicos que propiciaron la apertura de esta investigación. El motivo, según explica, es que todavía quedan archivos por estudiar.

Así consta en un auto de la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que indica que no se le van a retornar estos móviles porque "están en fase de estudio". Hace apenas unos días el mediador trasladó al juzgado de Tenerife que investiga estos hechos que revocaba el consentimiento que concedió hace un año y medio y que quería recuperarlos.

Se trata de un material clave para la causa ya que los móviles, que entregó a la Policía a tenor de una denuncia falsa, contenían no solo las conversaciones que implican al exidputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el resto de imputados, sino también fotografías de todos ellos en el Congreso de los Diputados y en hoteles consumiendo presuntamente cocaína y servicios de prostitución.

Los móviles se quedan en el juzgado

La solicitud de la defensa del mediador cae en saco roto ya que ni la juez ni Anticorrupción están por la labor de devolverle esta fuente de prueba. El Ministerio Público explica al respecto que cuando puso a disposición de la Policía sus dispositivos lo hizo manifestando "libremente su consentimiento" y en presencia de su entonces abogado. Por ello considera que la práctica de esta diligencia fue "ajustada a derecho" y que no hay nada que objetar.

Los terminales son instrumentos y pruebas de los hechos delictivos investigados y, por ello, deberán quedar bajo custodia policial incluso tras haber revocado el consentimiento

Navarro Tacoronte, a quien se le sitúa como el nexo entre la rama política de la red y los empresarios, facilitó sus teléfonos a los investigadores a raíz de una denuncia interpuesta por Ángel Luis Pérez Peña. El exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife interpuso una denuncia falsa alegando que se habían hecho una serie de cargos en su tarjeta sin su consentimiento. La investigación llevó al mediador, el cual negó estos extremos, dijo que estos pagos eran consentidos y aportó toda la documental para probarlo.

Lo que no se esperaba la Policía era encontrar un arsenal de material que le incriminaba tanto a él como a otros políticos y empresarios en una causa de corrupción que a día de hoy se sigue por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, pertenencia a grupo organizado, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental, entre otros.

Al respecto la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife alega que, pese al tiempo transcurrido "se está aún en fase de estudio y análisis por la abundante cantidad de archivos" que contienen los terminales. Además, matiza que éstos no se van a devolver por el momento a su legítimo dueño porque "son instrumentos y pruebas de los hechos delictivos investigados en la causa". Por ese motivo, concluye, se quedarán bajo custodia judicial.

Tampoco abre la puerta la magistrada a acordar una serie de diligencias propuestas por la nueva defensa de este empresario. Entre ellas se encontraba la de tomar declaración al que fuera su abogado, Plácido Alonso Peña; o la de pedir a la Policía Judicial que investiga el caso del tito Berni que informe sobre cada una de las visitas que el mediador realizó a la sede policial.

Los indicios contra el mediador

La juez deniega esta pretensión. Le recuerda que hay "sobrados indicios" que le incriminan en la trama y que no puede revertir su papel de imputado. "Ha declarado en sede judicial tres veces en las que ha reconocido su participación y pretendía que se valorase su colaboración al haber aportado datos precisos a la investigación, pretendiendo ahora tras año y medio de investigación, y en una nueva y libre línea de actuación, adquirir la condición de parte denunciante", le responde la instructora.

Del mismo modo le reprocha que quiera "cuestionar gratuitamente" la actuación de la Policía en estas pesquisas convirtiendo "en investigados a los investigadores". Finalmente la juez le deniega también que se investigue en este procedimiento una presunta revelación de secretos al tratarse de un asunto que se sigue en otro juzgado tinerfeño.

"Podría obedecer dentro del libre ejercicio de su derecho de defensa a una estrategia de defensa, recordemos que son muchas las publicaciones y varias las comparecencias en los medios de comunicación de este investigado que libremente ha comparecido en varios programas de TV para hablar de esta causa y su contenido, por lo que se podría valorar si la misma obedece a lo que podría a llegar a representar ser la base de un delito de estafa procesal para intentar entorpecer esta instrucción", replica el auto.

Tito Berni declara de nuevo

Cabe recordar que la juez ha impreso celeridad a este procedimiento y ha vuelto a citar a tito Berni y a su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, para el próximo 29 de junio. La magistrada explica que se trata de una declaración ampliatoria, dado que ya desfilaron en sede judicial tras el estallido del caso y ha ordenado también recabar una pericial caligráfica de ambos.

Además ha imputado a otras seis personas y ha citado a dos más como testigos. Entre los investigados se encuentran dos cargos del área de Agricultura del Gobierno canario. Se trata del viceconsejero del Sector Primario del Gobierno canario, Álvaro de la Bárcena Argany, y la jefa de Servicio de este departamento Estefanía Margarita González Núñez, por delitos de prevaricación y revelación de secretos.

También ha imputado a Marta Isabel Suarez Cueva y Aranxa Suarez Cueva, las hijas del empresario José Suárez Estévez, 'el Drones' y a Celedonio Castro Marrero, exconcejal de Coalición Canaria, acusado de ocultar las comisiones que facilitaron las empresas implicadas en la red del 'tito Berni'.