La causa de la Audiencia Nacional por la caída del Banco Popular sigue sumando testigos de excepción. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha citado en calidad de testigo al actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. El economista tendrá que comparecer el próximo 8 de julio a las 9.00 horas en sede judicial en relación a su anterior etapa como director general de la Dirección General de Mercados, de acuerdo con una providencia de este mismo lunes a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El foco está puesto, por un lado, en el hecho relevante del Banco Popular del 3 de abril de 2017 y, por otro, en los informes emitidos por el organismo regulador en relación con la entidad resuelta por la JUR. A mediados de abril el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 solicitó todas las comunicaciones que el Popular intercambió con el Banco de España, la CNMV y el Santander en calidad de heredero del negocio. El propio Emilio Saracho, último presidente de la entidad, se apoyó en la documental del regulador para rechazar irregularidades en su gestión y solicitar el archivo de su causa.

En su interrogatorio ante el juez en 2019, el banquero no solo descartó estar detrás de las filtraciones en prensa de la mala situación del banco, sino que se refirió al capítulo del hecho relevante del 3 de abril de 2017. Al respecto dijo que, tras la salida de Ángel Ron de la presidencia, se encontró una entidad más endeudada y en peores condiciones de las que esperaba. En ese contexto, informó a la CNMV de aspectos identificados por auditoría interna en relación a la ampliación de capital del ejercicio anterior.

Sanciones de la CNMV

Por otro lado, el magistrado también quiere que Buenaventura, que sustituye a Sebastián Albella al frente del organismo, explique los informes que ha emitido este ente en relación a los últimos años de vida del Popular. Ya en 2018, el regulador expedientó al banco extinto y a sus entonces consejeros por las cuentas del ejercicio 2016. Según expuso, la excúpula no ofreció una imagen veraz de los estados financieros del banco. Se trata de un hecho que provocó la reacción de Ángel Ron, el cual respondió que el organismo estuvo al tanto en todo momento de los movimientos del banco y que, además, ocultó que el Popular contaba con un superávit de 184 millones de euros.

Esclarecer la verdadera situación del Popular en el momento de su resolución por parte de la JUR es la clave para los investigadores en estos más de tres años de investigación penal. Mientras algunos exdirectivos sostienen que el banco no era solvente, otros, como Ron o el magnate mexicano Antonio del Valle (que reclama a España 470 millones de euros en La Haya) apuntan en la dirección contraria y alegan que la entidad tenía problemas de liquidez pero no de solvencia. Así lo explicó en su cita ante el juez, también como testigo, el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Además de este asunto, el instructor también solicita al Banco Sabadell que remita los mismos documentos que envió ya al juzgado en relación al estudio de una posible compra del Popular pero "sin tachaduras". Igualmente avanza que puede que se suspendan las declaraciones previstas para el próximo 24 de junio del informe del exdirector jurídico del Popular Tomás Pereira y de los peritos de la Agencia Tributaria relacionado con el entramado de Thesan Capital. Los grandes fondos que litigan como perjudicados en la causa sostienen que el Popular ocultó pérdidas millonarias a través de una estructura de empresas en Luxemburgo vinculadas a Thesan.