La Audiencia Nacional sigue apuntando al papel de las autoridades españolas y europeas en la investigación penal por la caída del Banco Popular. En concreto, el magistrado José Luis Calama Teixeira reclamó al FROB y a la JUR toda la documentación que posean sobre la gestión de la resolución del banco desde abril hasta junio de 2017, cuando los organismos europeos redujeron su valor a cero. El objetivo es contar con estos papeles antes de tomar declaración a los altos cargos de estos entes. Sin embargo, el FROB ya ha trasladado a los investigadores que no dispone de un archivo con los correos electrónicos intercambiados esos meses en relación a este asunto.

La autoridad de resolución ejecutiva ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional las actas de las comisiones celebradas entonces, pero ha pedido más tiempo en lo que respecta a las copias de las comunicaciones, de acuerdo con la documental aportada a la que ha tenido acceso Vozpópuli. A mediados de abril el instructor acordó requerir todos los correos intercambiados con el Banco de España, la CNMV o el Santander en calidad de heredero del Popular. Además, citó a declarar para este jueves al expresidente del organismo, Jaime Ponce, por ser "testigo privilegiado" del último capítulo de vida de la entidad y a la presidenta de la JUR, Elke König, para que explique, también como testigo, las filtraciones en prensa sobre el estado del banco antes de su caída.

Las acusaciones sostienen que el Popular era una entidad solvente en el momento de su resolución y que la filtración de información negativa a los medios junto con la inacción del Gobierno propició una feroz fuga de depósitos que acabó por dinamitarlo. El magistrado que investiga este asunto interrogó primero a los imputados (entre los que se encuentran los expresidente y exconsejeros de la entidad) y después escuchó a testigos de excepción de los hechos, entre los que se encuentran el exministro de Economía Luis de Guindos o la presidenta del Santander, Ana Botín, entre otros. Tras ello puso el foco en la financiación velada que se habría facilitado a clientes para participar en la ampliación de capital así como en las tasaciones para esclarecer si se abultaron.

Las seis reuniones sobre el Popular

Algunos de los principales perjudicados por la caída del banco, como el magnate mexicano Antonio del Valle, denunció que no se proporcionó la liquidez necesaria y que ni el Gobierno ni Europa actuaron para evitar que cayera el entonces sexto grupo bancario del país. Tanto el empresario azteca (que llevó a España ante La Haya por estos hechos) como otros grandes inversores apuntaron que había alternativas a este desenlace como una posible venta y pidieron que se indagase este extremo que ahora analiza el instructor. A falta de escuchar la versión de König -citada para el próximo 27 de julio- el procedimiento incorpora las pruebas sobre su actuación y la del FROB en la resolución.

El órgano creado durante la crisis financiera de 2008 se dirigió a König; al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; y al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, para preguntarles si querían proteger alguna de las comunicaciones requeridas por el juzgado. Ninguno de los organismos se opuso a ello; más bien al contrario, responden que "no hay inconveniente" en que se remitan las comunicaciones cruzadas en relación al Popular. A falta de conocer su contenido, lo que sí obra en el sumario del procedimiento ya son las actas de seis comisiones rectoras que acogió el FROB entre los meses de mayo y junio de aquel 2017. Ya en la primera de ellas, celebrada el 19 de mayo, se hace alusión a la comunicación que trasladó el Banco Central Europeo al Popular advirtiendo acerca de los serios problemas de liquidez que atravesaba en aquel momento.

Valor reducido a cero

El entonces presidente Jaime Ponce informó a los vocales asistentes de que se estaba en continuo contacto con la JUR y advirtió de que su capacidad de actuación se limitaba al inicio de un posible proceso de resolución. En los siguientes encuentros se trató acerca de la contratación del asesoramiento jurídico o el proceso de venta que se abrió del banco y por el que se interesaron en un primer momento BBVA, Bankia, Sabadell y Banco Santander. También trataron la posibilidad de conceder una financiación de emergencia (ELA) superior a los 2.000 millones de euros y a la que recurrió la entidad en sus últimas horas, sobre todo tras la fuga de depósitos que el Banco de España cifró en 16.000 millones de euros entre los meses de abril y junio.

El FROB también puso sobre la mesa la posibilidad de una recapitalización interna (bail in) aunque advirtiendo que sería la alternativa menos deseable teniendo en cuenta el "impacto significativo" que ello supondría en la estabilidad financiera. Las dos últimas reuniones se produjeron el 7 de junio, el mismo día en que se ejecutó el proceso de resolución y la posterior venta al Santander por el simbólico precio de un euro. De acuerdo con las actas (fechadas a las 3.00 y las 7.30 horas de la mañana), los miembros de la comisión fueron informados en la primera reunión de la "inviabilidad" del banco y en la segunda del proceso de resolución. Según trasladaron a los miembros de la comisión rectora, el valor del Popular quedaba reducido de 2.098.429 millones de euros a cero euros.