Cita clave este lunes en La Haya. Casi cuatro años después de la caída del Banco Popular, la Corte Permanente de Arbitraje acoge la vista que enfrenta a Antonio del Valle contra el Reino de España. El magnate mexicano impulsó este arbitraje internacional hace cerca de tres años tras denunciar irregularidades en la resolución del banco en el que había invertido 470 millones de euros. El empresario se erigió como uno de los grandes perjudicados de la resolución y apunta al papel que jugó el Ejecutivo en todo este asunto. Ahora será la sede de la Justicia Internacional la que se pronuncie por primera acerca del grado de responsabilidad que tuvo el Gobierno en la quiebra del entonces sexto grupo bancario.

Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras del arbitraje europeo, la vista –que será virtual- comienza hoy y se prevé que se alargue hasta el día 26 de este mes. El proceso arranca apenas semanas después de que España aportara a esta causa la batería final de documentación sobre los últimos meses de vida de un banco que acabó en manos del Santander por el precio de un euro. Se da la circunstancia de que este procedimiento discurre en paralelo a la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional por estos mismos hechos y que ahora pone en su objetivo a los organismos europeos. No obstante, mientras a la causa penal todavía le queda recorrido, se espera que en lo relativo al arbitraje haya resolución para finales de año.

Este grupo de inversores mexicanos, con Del Valle a la cabeza, siempre ha mantenido que el Popular era un banco solvente con una posición líder en el mercado bursátil. La defensa que ejerce el despacho despacho King & Spalding y lidera el abogado Javier Rubinstein, explica en el escrito que su verdadero problema fue la crisis de liquidez que precipitó su caída. Se trata de un argumento que también defienden los peritos del Banco de España designados en la causa penal y que concluyeron que el banco sufrió una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros entre los meses de abril y junio de ese 2017. A este respecto, Del Valle señala directamente al Ejecutivo y al Banco de España por su inacción frente al problema y por negar la liquidez de emergencia que necesitaba el Popular.

Alternativas a la resolución

En la demanda interpuesta en La Haya en agosto de 2013 plasmaron que había alternativas a dejar el banco en manos del organismo que preside la alemana Elke König, como podía haber sido optar por soluciones privadas. Los inversores aztecas, que en 2013 se hicieron con un 6% del Popular, recuerdan en su escrito cómo el FROB salió al rescate en los peores años de la crisis de varios grupos bancarios pese a que no actuaron del mismo modo con el Popular. Además, añaden que en los meses más duros la entidad informaba día a día al supervisor de la falta de liquidez que atravesaba, por lo que era plenamente consciente de su situación. A ello se añaden las reuniones mantenidas en 2016 entre el propio Del Valle con el entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Del mismo modo, se hace eco de las filtraciones en prensa que apuntaban a una situación crítica de la entidad que presidía Emilio Saracho así como del proceso de compra que se impulsó en mayo de 2017. En aquel momento varios bancos como BBVA, Bankia, Sabadell o Santander pusieron el foco en el Popular, si bien fue el último el que lo acabó adquiriendo. Los demandantes destacan cómo pese a que el Santander informó al Banco de España el 14 de mayo que no haría una oferta formal, ocho días después cambió de criterio y el Consejo autorizó formalmente la compra pero solo mediante un proceso de resolución. En paralelo se activó la vía europea y la JUR encargó un informe a Deloitte cuyas conclusiones se han puesto en tela de juicio precisamente por la rapidez con la que se elaboró.

'Shock total' de los inversores

Igualmente, Del Valle cuestiona la gestión del FROB al apuntar que la resolución se hizo pública un 7 de junio sin que se les informara de los motivos exactos de esta decisión que afectaba a miles de accionistas. De hecho, explica en su demanda que la decisión del organismo europeo fue un "shock total" para el grupo de inversores que se enteraron de este asunto a través de la prensa y lanza un dardo al banco que dirige Ana Botín. Los grandes afectados por la debacle del Popular dicen que el heredero de su negocio ofreció a muchos perjudicados bonos para que recuperaran su dinero a cambio de evitar litigios en los tribunales, si bien a ellos no se le hizo ninguna oferta. Con todo, el Santander no evitó que se abrieran muchos procedimientos por las reclamaciones de la inversión perdida en juzgados de lo civil de toda España.

A falta de conocer la respuesta de La Haya en este asunto, la causa de la Audiencia Nacional también se dirige a Europa. Tras interrogar a todos los imputados (entre ellos lo últimos presidentes del banco y del Consejo de Administración) y escuchar a los testigos, el juez al frente del procedimiento, José Luis Calama Teixeira, se dirige ahora a la JUR y al FROB. De hecho, solicitó todos los correos electrónicos relacionados con el Popular y citó a declarar al expresidente de este último organismo, Jaime Ponce, en calidad de "testigo privilegiado". Cabe destacar que el propio Del Valle también declaró en este procedimiento en noviembre de 2016. El empresario se pronunció en la misma línea que en su demanda ante La Haya y negó que existiera un plan para querer apartar a Ángel Ron de la entidad que presidió hasta finales de 2016.