Política

Armengol sortea el reglamento: precipita la votación del suplicatorio de Ábalos para no salpicar a Sánchez

La presidenta del Congreso amontona un variado repertorio de quejas por la forma en que interpreta las normas de funcionamiento interno de la Cámara Baja

  • Francina Armengol (c), en el Congreso de los Diputados. -

Los compañeros diputados de José Luis Ábalos, todos aforados, votarán este miércoles sobre el suplicatorio —la pérdida de la inmunidad— que pidió el Tribunal Supremo a la Cámara Baja para proceder contra el exministro de Transportes, investigado por la trama Koldo. El problema es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sorteado el reglamento al precipitar la decisión sobre su excompañero.

Según se desprende de la normativa interna, la votación en Pleno debería ser en el primer ordinario del año, pero la Cámara interpreta que la redacción pretende no demorar la votación y que, en consecuencia, se puede incluir en uno extraordinario, como lo es el del 22 de enero, sin esperar a febrero. Fuentes de la presidencia aseguran que cuentan con el aval de los letrados. Pero el afectado critica el movimiento, al que atribuye una clara intencionalidad política: que no parezca que el PSOE pone trabas a la acción de la Justicia en el devenir del caso, aunque eso implique tensar las costuras reglamentarias del Congreso.

El juez Leopoldo Puente pidió el suplicatorio a la Cámara el pasado 18 de diciembre a petición del magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, con el objetivo de avanzar en las pesquisas. Y es que los investigadores otorgan a Ábalos "un papel principal" en la organización que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia con epicentro en el ministerio que dirigía. Sus miembros se referían a él como "el jefe", según se desprende de las conversaciones intervenidas a los implicados. Sobre el exsecretario de organización socialista penden los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En cualquier caso, el entorno de Ábalos asegura que no le supone agravio alguno que se vote ahora o en febrero. Cabe recordar que enero es un mes inhábil para la actividad parlamentaria, pero este miércoles se vota, en un superpleno extraordinario, la convalidación de tres reales decretos que el Gobierno dio luz verde en diciembre con medidas sociales. Moncloa llega a esa votación sin tener claro si los tres decretos saldrán o no adelante, en plena escalada de tensión con Junts tras la ruptura de las negociaciones ordenada por Carles Puigdemont.

En verdad, si Ábalos renunciara a su acta de diputado, el Supremo se quedaría sin poder investigarle, ya que perdería la facultad para hacerlo. Como ya hizo cuando se integró en el Grupo Mixto, el exministro, que entonces se negó a perder la inmunidad parlamentaria, podría buscar ganar tiempo de nuevo, pero no aclara si dimitirá o no. La Mesa de la Cámara decidió la convocatoria de la votación por unanimidad. Los miembros del órgano de gobierno de la Cámara también rechazaron las alegaciones que Ábalos presentó contra su suplicatorio, que defendió el propio exministro en su comparecencia ante la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Ábalos lamenta que ni las han leído y que han decidido prestarse pese a que el auto del juez esté recurrido y, por tanto, no sea firme. Fuentes parlamentarias explicaron que los servicios jurídicos del Congreso estudiaron el amparo de Ábalos y no lo aceptaron porque consideran que no se han visto afectados sus derechos como diputado.

Ábalos, tras defenderse en el Congreso, señaló que estaba sufriendo una “cacería política”, en la que el verdadero objetivo es el Gobierno y él un elemento “desechable”, tanto por la oposición como el propio Ejecutivo. El exministro señaló que el aforamiento del que todavía disfruta como diputado “no es un privilegio”. “Estoy completamente convencido de mi inocencia”, remarcó. No obstante, el Gobierno está inquieto, porque aunque nadie dentro pone la mano en el fuego por su excompañero —es más, le han tirado a los leones—, lo que esté por llegar puede ser una bomba de consecuencias impredecibles. "A nadie de Moncloa le resbala esto. A Pedro Sánchez le preocupa lo que pueda salir", explica una fuente conocedora como pocas de las derivadas del caso Koldo.

Por el momento, el magistrado ya ha dejado una granada en Moncloa al dejar por escrito su firme convencimiento de que el "jefe 1" al que se refieren los informes de la Guardia Civil es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que implica en el sospechoso rescate de la aerolínea Air Europa.

Pedro Sánchez insiste en que cuando destituyó al exministro de Transportes en julio de 2021 desconocía las actividades por las que se le investiga. "Hice una crisis para renovar y relanzar al Gobierno en la labor del Ejecutivo, después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda. Esa crisis profunda hizo que saliera Ábalos del Gobierno, es lo que le puedo decir", se suele defender ante los periodistas. Nadie entendió la salida de Ábalos de Moncloa. Fue una inexplicable sorpresa para la mayoría de socialistas. Pero ahora que su nombre se maneja en la Audiencia Nacional como protagonista necesario de la trama liderada por el empresario Víctor de Aldama, cabe preguntarse si el presidente del Gobierno era conocedor o no del vendaval que se desató en el Ministerio de Transportes y si fue ese o no el motivo por el que cesó a su extodopoderoso hombre de confianza.

Es probable que Armengol esté siendo una de las presidentas del Congreso más polémicas que se recuerdan desde el mismo día de su nombramiento, cuando se le recriminó que fuera elegida sin haber sido antes diputada. Su nombre fue una imposición de Junts para poder sumarse a la mayoría que terminó dando a Sánchez la investidura. El presidente no dudó en cortar la cabeza de Meritxell Batet, la hasta entonces tercera autoridad del Estado. Para más inri, la propia Armengol se vio salpicada por la trama Koldo, a quien remitió un mensaje del que se tuvo que arrepentir: "cariño, te tendré informada de todo". Incluso la semana pasada siguió propiciando decisiones polémicas, como el aplazamiento por segunda vez de la calificación de la proposición no de ley (PNL) de Junts sobre la conveniencia de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Algunos letrados, citados por ABC, se preguntan: "¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Tampoco se cumplen ni siquiera los plazos ni los procedimientos?".

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