La cúpula fiscal afín a García Ortiz avala la orden para no investigar la filtración del novio de Ayuso

La cúpula de la Fiscalía ha conseguido el respaldo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala para oponerse a investigar la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. No ha habido sorpresas con el cónclave que se convocó a tenor de las discrepancias entre la fiscal encargada del caso, que mantiene que hay que abrir diligencias, y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que le ordenó oponerse a ello.

Tras una jornada de reunión a puerta cerrada, la cúpula de la Fiscalía ha terminado respaldando a la segunda de Álvaro García Ortiz frente a la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, que se negó a acatar su orden. La decisión no ha sido unánime puesto que ha habido una facción que ha respaldado a la fiscal del caso, si bien cabe tener en cuenta que la mayoría de este órgano está integrado por cargos nombrados bajo la etapa de Dolores Delgado y del actual fiscal general y, por tanto, afines al mismo.

La votación ha evidenciado la fractura existente en la Fiscalía, puesto que más de una quincena de fiscales de Sala ha respaldado las órdenes de la 'número dos'. Pedro Crespo, fiscal de Sala jefe de la Fiscalía del Constitucional, se ha abstenido porque su mujer es la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Fuentes del órgano confirman a Vozpópuli que la Junta se ha prolongado tantas horas porque han tomado la palabra prácticamente todos los fiscales de Sala que han participado en el cónclave. La primera en exponer su criterio ha sido Sánchez Conde y después ha hecho lo propio Silva. Tras ellas se ha dado turno de palabras a los fiscales de Sala. Primero han departido los que han jurado sus cargos más recientemente y, tras ellos, los más antiguos.

Escisión en la cúpula fiscal

La negativa de Silva de acatar lo ordenado por la segunda de Álvaro García Ortiz le llevó a convocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que determina que el asunto se deliberará en la Junta de Fiscales de Sala, integrada por 36 fiscales de la máxima categoría de la carrera.

Al cónclave han asistido 32 de ellos después de que excusaran su asistencia el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, y Jesús Tirado. Como informó este medio, la mayoría de los integrantes ha mostrado su apoyo al criterio 'oficial' que defiende el fiscal general, quien no puede participar por ser parte implicada en los hechos.

Por contra, Silva ha recabado apoyos también de una facción la Junta, aunque minoritaria. Durante la misma, y como determina la ley, las partes han defendido sus argumentos en relación a la querella que interpuso Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y del fiscal de delitos económicos al frente del caso contra González Amador, Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos.

Dos criterios opuestos

Así pues, la teniente fiscal del Supremo ha argumentado que no hay motivos para pedir la admisión a trámite de la querella puesto que no se ha revelado secreto alguno con la nota informativa que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid. La misma incluía entrecomillados de la comunicación intercambiada entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto Gonzalez Amador.

La nota se emitió después de que algunos medios apuntaran que la Fiscalía habría ofrecido un pacto al empresario tras constatar un fraude a Hacienda de más de 350.000 euros. El Ministerio desmintió estas publicaciones e hizo una exposición cronológica en su nota que demostraba que fue el abogado del empresario el que, en un correo fechado el 2 de febrero, reconoció los hechos y se abrió a pactar ocho meses de cárcel con la Fiscalía.

Sin embargo, la comunicación propició que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunciara la interposición de denuncia por presunta vulneración de secretos. La misma se presentó ante los juzgados de Plaza Castilla y recayó, tras el debido reparto, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 28 que se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al tratarse de personas aforadas. En este caso, el fiscal de la Comunidad de Madrid designado se opuso a su admisión a trámite.

Por su parte, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid interpuso querella directamente ante este último órgano contra Rodríguez y Salto. Según las fuentes consultadas la querella no solo abarca este capítulo, sino que alude también a la filtración de la denuncia de la Fiscalía, así como a los datos tributarios a los que hizo alusión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que fueran publicados en prensa.

En manos del TSJ de Madrid

La fiscal Superior de la Comunidad de Madrid se abstuvo dado que está implicada en el asunto. De hecho, se habría encargado a la misma que firmara la nota que se difundió desde su Fiscalía, si bien ella se negó. Tras su abstención, asumió las riendas su segundo, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, quien derivó la querella a reparto, recayendo sobre María de la O Silva.

El criterio de Silva, partidario a la admisión a trámite de la querella, desencadenó un polvorín dentro de la institución que dirige García Ortiz. Precisamente el fiscal general se tuvo que abstener también al ser señalado como el que ordenó que se emitiera esta nota, de manera que su 'número dos', en sustitución, mandó a Silva que informase en contra de la querella. La fiscal se negó.

Por ese motivo le llamó a consultas la semana pasada. Las fuentes consultadas explican que se celebraron hasta tres reuniones, participando en la primera de ellas los querellados. Se trató de un gesto que la fiscal del caso entendió como una presión, por ello pidió que se les dejara trabajar. Ante su negativa a cambiar de parecer, Sánchez Conde remitió la instrucción por escrito y ello derivó en la convocatoria de esta Junta de Fiscales de Sala.

Con todo, el criterio que de la misma no es vinculante, aunque no cabe ninguna duda de que Sánchez Conde actuará en consonancia con lo solicitado con la querella del ICAM y pedirá el archivo de las diligencias. Del mismo modo también es determinante lo que informe la Fiscalía, ya que la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. De éste depende que se admita la querella del novio de Ayuso.

Choque de trenes

La falta de criterio común al respecto evidencia la escisión que se vive en una Fiscalía que pasa por sus horas más bajas ante las crisis internas que se recrudecido recientemente por las críticas al fiscal general acerca de una falta de defensa férrea a las acusaciones de 'lawfare' además de su postura sobre la amnistía.

A ello se añade el cisma que provocó la petición de la Audiencia Nacional de que el Tribunal Supremo investigara a Carles Puigdemont por Tsunami Democràtic ya que la mayoría de los fiscales de Sala del alto tribunal mostraron su respaldo pero Sánchez Conde redactó un informe contrario a ello. La Sala de lo Penal del alto tribunal desoyó la versión oficial de la Fiscalía y abrió causa contra Puigdemont. La decisión se tomó por unanimidad.