La 'número dos' de la Fiscalía prevé tener el apoyo de la cúpula para desactivar la querella del novio de Ayuso

La cúpula de la Fiscalía volverá a fracturarse este miércoles. El choque de trenes por la actuación del Ministerio Fiscal con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso ha llegado a su punto álgido con la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala que analizará el criterio de la fiscal del caso, por un lado, y de la 'número dos' de la institución, por otro, en relación a la querella de Alberto González Amador por revelación de secretos. Se prevé que esta última se adhiera el respaldo mayoritario del cónclave.

El encuentro de este miércoles era el único desenlace factible en la crisis abierta por este asunto desde que la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, abogara por abrir causa para investigar los hechos. Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que la fiscal encargada del caso mantendrá su criterio favorable a la admisión de la querella interpuesta por González Amador por revelación de secretos.

La fiscal, que forzó la convocatoria del 'generalato' de la carrera, adherirá el respaldo de algunos miembros de la Junta, que consideran "perfectamente razonable" su criterio en el caso. Frente a Silva se encuentra la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que le ordenó primero de manera verbal y luego por escrito que pidiera el archivo.

Dos criterios contrapuestos

La 'número dos' de la Fiscalía actúa en nombre de Álvaro García Ortiz, que se ha abstenido al estar implicado en estos hechos. Sin embargo, ambos comparten la misma impresión y, según las fuentes consultadas, afrontan el cónclave dando por hecho el respaldo mayoritario. Al respecto cabe tener en cuenta que buena parte de los fiscales de Sala que valorarán el asunto fueron nombrados bajo la etapa de Dolores Delgado -quien también participa en la Junta- y el propio García Ortiz.

Un sector de la Junta respaldará a la fiscal del caso pero se espera que la 'número dos' de la Fiscalía, que se opone a admitir la querella, recabe el respaldo mayoritario

Con todo, el criterio de los cerca de 40 fiscales que integran la Junta de Fiscales de Sala no es vinculante, ya que la última palabra la tendrá Sánchez Conde. Como informó este medio, el temor de la cúpula del organismo es que el asunto termine salpicando al fiscal general del Estado, toda vez que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid habría redactado la nota informativa sobre González Amador por órdenes suyas.

Sin embargo, la última palabra sobre la admisión de la querella del empresario la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La pareja de la presidenta madrileña actuó en este órgano contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y del fiscal de delitos económicos al frente del caso contra González Amador, Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos.

La querella trae causa de una nota difundida por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid con la que se ponía blanco sobre negro en relación a informaciones surgidas un día antes sobre un posible acuerdo de conformidad que habría sugerido la Fiscalía con el abogado de este empresario en el marco de la investigación abierta por un fraude fiscal superior a los 350.000 euros.

Fractura en la Fiscalía

El Ministerio Público desmintió esta versión y emitió una nota en la que especificaba que fue el abogado de González Amador el que, en un correo electrónico remitido el 2 de febrero a la Fiscalía Provincial de Madrid, reconoció la presunta comisión del delito y propuso una conformación.

La emisión de este documento produjo un polvorín dentro y fuera de la Fiscalía. Las fuentes consultadas por este medio explican que la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, se negó a firmar la nota informativa, cuya redacción habría encargado García Ortiz, e incluso habría pedido que la orden directa se plasmara por escrito. Desde la Fiscalía General se desvincularon de cualquier responsabilidad en el asunto y su máximo representación guardó silencio un mes hasta que la semana pasada salió en defensa de los fiscales de Madrid.

Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunció que llevaría el asunto a los tribunales, al igual que se supo que haría González Amador. Sin embargo, ambos optaron por vías diferentes. En el primero de los casos el ICAM interpuso denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla que recayó en el número 28. Su titular instó a la presentación de querella dado que las personas implicadas en los hechos están aforadas.

La fiscal denuncia presiones

Tras presentar la querella se inhibió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Fiscalía emitió informe contrario a la admisión de la querella. El fiscal provincial encargado del caso expuso que no había indicios de delito puesto que no se revelaba ninguna información que no hubiera sido publicada horas antes en prensa. Se trata de un criterio compartido por algunos de los fiscales que abordan este miércoles el asunto y que descartan que se haya cometido delito.

En paralelo, González Amador interpuso querella contra Rodríguez y Salto por revelación de secretos directamente en el TSJ de Madrid. La querella recoge la nota informativa y también las filtraciones de la denuncia interpuesta por la Fiscalía y de los datos tributarios a los que apeló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que se hicieran públicos.

Almudena Lastra se abstuvo del asunto al poder ser llamada a declarar como parte implicada de la filtración, de manera que asumió las riendas su segundo, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría. Tras el correspondiente reparto, la querella recayó sobre María de la O Silva.

Desde el primer momento Silva defendió la necesidad de abrir diligencias e incluso propuso la práctica de alguna de ellas como la de recabar las comunicaciones giradas sobre este tema. La teniente fiscal del Tribunal Supremo llamó a consultas a Silva tras conocer su criterio y le instó a modificarlo en aras a pedir el archivo.

La 'numero dos' de la Fiscalía la citó en una reunión a principios de la semana pasada en la que participaron también los fiscales querellados, en un movimiento que las fuentes consultadas entienden como una medida de presión sin precedentes. Ella, por su parte, pidió por escrito que la dejaran trabajar sin presiones.

Así las cosas, se produjeron otras dos reuniones más, pero Silva se mantuvo en su criterio. Por ese motivo pidió que se plasmara la orden por escrito y convocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se trata de una herramienta de la que disponen los fiscales cuando discrepan del criterio impuesto por el superior y que aboca el asunto al estudio de la Junta de Fiscales de Sala.

Este mismo lunes se convocó el cónclave y se le dio traslado a todos sus integrantes la información del asunto para deliberarla este miércoles. Algunos fiscales no recibieron el material hasta este martes .El motivo de la urgencia de la convocatoria se debería a que el TSJ les dio un plazo para informar sobre la admisión de la querella que vence en breve. Con todo, algunas voces consultadas denuncian que la premura ha sido tal que no han podido estudiarse los papeles correctamente.

Pese a ello, Silva no cambia de criterio y mantiene su postura de cara a la reunión. Además, los que la defienden descartan también que se apele a la unidad de criterio que recordó Sánchez Conde, teniendo en cuenta que la misma se impone cuando es de arriba a abajo y no al revés. La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, a la que está asignada Silva, está por encima de la provincial que es la que ha informado en contra.

Así pues, con todos estos antecedentes se avecina un cónclave intenso en el que se espera que la postura 'oficial' recabe el respaldo de la mayoría los fiscales, frente a la de Silva. No obstante, también logrará apoyos que evidenciarán la fractura que se vive en la Fiscalía y que le afecta en uno de sus momentos más polémicos.