Caso Koldo: Cueto defiende los contratos de mascarillas y el juez le prohíbe salir de España

Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro de la 'trama Koldo', ha negado cualquier irregularidad con los contratos de las mascarillas en su interrogatorio como imputado en la Audiencia Nacional. El empresario, que se anotó 9,6 millones de euros con este pelotazo, ha defendido que quiso ayudar a los españoles y que apenas hubo margen de beneficio. El magistrado le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de salir de España a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli confirman que Cueto solo ha respondido a las preguntas de su abogado y que las mismas se han ceñido a defender la operativa por la que se adjudicaron nueve contratos de mascarillas por 54 millones de euros. Al respecto Cueto ha apelado a una auditoría de KPMG en la que, según ha precisado, reflejaría la corrección de esta actuación.

El empresario, que según la Fiscalía era el verdadero dueño de Soluciones de Gestión, ha indicado en sede judicial que para poder suministrar estas mascarillas tuvieron que realizar varios viajes a China y ha negado irregularidad alguna con la firma de los contratos pese a que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye un beneficio cercano a los 17 millones de euros con el total de nueve contratos que firmaron con la Administración Pública.

Acorde al precio de mercado

El interrogatorio, que apenas ha durado media hora, es el primero que ordena el magistrado del 'caso Koldo' tras levantar el secreto de sumario. Por la Audiencia Nacional desfilaron el pasado jueves cuatro de la veintena de detenidos en la operación de la semana pasada, si bien todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata de Koldo García -el que fuera chófer y asesor de José Luis Ábalos- su hermano Joseba García, la mujer del primero Patricia Uriz y el empresario vasco Íñigo Rotaetxe.

Al término de la declaración, la formación Vox -que se ha personado en el procedimiento junto con el Partido Popular- ha resaltado en declaraciones a los medios que de todas las investigaciones sobre la compra de mascarillas llama la atención "la sorprendente vinculación" que aparece de todas las empresas que han tenido acceso a estos contratos con miembros del PSOE, algunos de ellos ministros.

En el caso de Cueto, habría obtenido unas ganancias de 9,6 millones con estas operaciones firmadas en el peor momento de la pandemia. Por su parte, Víctor de Aldama -considerado como el comisionista del caso Koldo- habría obtenido 5,5 millones de euros, mientras que el que fuera hombre de confianza de Ábalos obtuvo un exponencial incremento patrimonial justo los meses siguientes a la firma de estos contratos.

La Fiscalía Europea

Soluciones de Gestión firmó nueve contratos con el Gobierno de Pedro Sánchez y comunidades presididas por líderes del PSOE. El primero de ellos se suscribió con Puertos del Estado por 20 millones de euros en marzo de 2020, le siguió otro con Adif por 12,5 millones de euros, el tercero con el Ministerio del Interior por 3,5 millones de euros y los siguientes con Canarias (que entonces presidía el ministro Ángel Víctor Torres) y Baleares (comunidad presidida por Francina Armengol) por 10 millones de euros.

Estos últimos se derivaron a la Fiscalía Europea por haberse sufragado con fondos europeos. A ellos se añade la adjudicación a esta pequeña empresa de Zaragoza de dos lotes del 'megacontrato' de mascarillas que el Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa adjudicó por 2.500 millones de euros.

La causa, que arrancó a tenor de una querella de Anticorrupción, estrecha el cerco sobre Koldo, De Aldama y Cueto por estas licitaciones a dedo que desveló Vozpópuli. Las mismas supusieron un enriquecimiento de Soluciones de Gestión exponencial, ya que pasó de declarar 0 euros de beneficios a 53 millones en el ejercicio de 2020. La misma no tenía experiencia en el sector sanitario y tampoco contaba con muchos trabajadores.

La trama Koldo

En su historial figuran acuerdos con empresas de Cueto, la cual también está bajo el foco de la Justicia por sus contratos de suministro de armas con Defex en países como Angola, Camerún o Arabia Saudí. Tras estos acuerdos tuvo un periodo de "inactividad" durante los años 2017 y 2018, tal y como recoge el magistrado en uno de sus últimos años en los que destaca como se dispararon sus beneficios tras estos contratos de suministro de mascarillas.

Al respecto explica que de los papeles estudiados se desprende que hubo un "concierto previo" entre los cabecillas de esta red en el Ministerio de Transportes y la empresa ya que la publicación de la orden para adquirir todo este material de urgencia se produjo el mismo día en que se firmó el contrato con la firma. Anticorrupción sostiene que de los más de 50 millones anotados con estas adjudicaciones se obtuvo unos beneficios del 32% mientras que solo el 13% del dinero público fue destinado a pagar las mascarillas y traerlas a España.