Marlaska sabía desde enero de 2022 que la ONIF investigaba a la trama de Koldo por delito fiscal

El sumario del caso Koldo desvela que el Gobierno estaba al tanto del pelotazo de las mascarillas al menos desde enero de 2022. En ese momento la ONIF requirió al Ministerio del Interior información sobre la empresa Solución de Gestiones a la que estaban inspeccionando por presunto delito fiscal. Este departamento fue el segundo en contratar a la firma de la red después de que lo introdujera el Ministerio de Transportes a cuyo frente estaba José Luis Ábalos.

Del sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se desprende que en mayo de 2022, cuando estas diligencias arrancaron en la Fiscalía Anticorrupción, se comenzaron a recabar los nueve contratos de esta firma instrumental a tres ministerios y a dos comunidades autónomas. En ese contexto, el día 26 de ese mes, el Subdirector de Gestión Económica y Patrimonial, José Manuel Fraile, trasladó a la Guardia Civil que podrían recabar más información de la facilitada sobre el acuerdo con Interior.

En concreto, les remitió a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. En aquel momento Interior razonó que se había contratado con Soluciones de Gestión porque así lo había hecho Fomento y porque necesitaban un proveedor de material sanitario con carácter de urgencia.

Investigación de la ONIF a la trama Koldo

El contrato en cuestión se adjudicó el 20 de abril de aquel año para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad por valor de 3,5 millones de euros. Al igual que el resto de concesiones, se adjudicó 'a dedo' y por el trámite de emergencia.

Dos años después, en plena investigación en Anticorrupción, los agentes recurrieron a la Subdirección General de Planificación que, como se les había avanzado, les aportó más documental sobre esta licitación que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. El ente entregó a la Policía Judicial tres documentos con información sobre el apoderado de Soluciones de Gestión. También constató que la firma estaba al corriente de sus obligaciones tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.

La Guardia Civil destacó en uno de sus oficios que les "llama la atención" que entre la documentación que aportó el departamento de Grande-Marlaska se encontrara un requerimiento efectuado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con fecha 25 de enero de 2022, y dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad.

En el requerimiento se preguntaba si en relación al contrato de Soluciones de Gestión participaron Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. La inspección de Hacienda demuestra que el órgano ya era conocedor de que detrás de la firma del pelotazo de las mascarillas se encontraba Juan Carlos Cueto y que a su lado, como socio de este proyecto, estaba De Aldama. Del mismo modo tenían el foco puesto en las licitaciones y en las plusvalías que le generaron estos contratos públicos.

La Guardia Civil también pone de relieve que, pese a que la solicitud de información estaba dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad -por ser el órgano que firmó el contrato- el que respondió a dicho requerimiento fue Belmar Prieto en calidad de máximo responsable de la Subdirección General de Planificación.

La respuesta de Marlaska

En su contestación, Belmar dijo que no tenía constancia de la participación de dichas empresas en los contratos covid y que tampoco conocía ni a Soluciones de Gestión ni todo el entramado de Cueto, que fue el que canalizó las mordidas percibidas por la operación. Tampoco aclaró por qué este Ministerio contrató a una empresa que no tenía experiencia en el sector sanitario, que apenas contaba con una decena de trabajadores y que había registrado beneficios de cero euros en los ejercicios anteriores.

Resulta cuanto menos extraño que no hayan aportado al requerimiento judicial ningún tipo de información referente al suministro por parte de Soluciones y Gestión, contactos, actas o cualquier otro documento que justifique la contratación, máxime cuando es pública Informe de la Guardia Civil

Sobre ello se delegó en los dos contratos previos que había firmado el Ministerio de Ábalos por 24 millones de euros y 12,5 millones respectivamente. En concreto, expusieron que en el acuerdo se comprometieron a liquidar el coste a los proveedores con los que Fomento había acordado el suministro y que ese fue el motivo del contrato. Para los investigadores, este indicador es claro de que medió el Ministerio en el que trabajaban Koldo García y otros dos imputados más de la trama.

"Dicha respuesta es clarificadora en cuanto a que Belmar Prieto estaría reconociendo que el Ministerio del Interior, que tenía problemas para la compra de mascarillas, contactó con el Ministerio de Fomento para abastecerse de material sanitario ya que eran conocedores de que éstos habían logrado acceder a una línea de compra", indica la Guardia Civil.

"Ningún documento" del contrato

Del mismo modo, en el informe de análisis de los requerimientos practicados en Interior se expone que "resulta cuanto menos extraño" que siendo la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial la entidad que adjudicó el contrato no aportaran al requerimiento judicial "ningún tipo de documentación" referente al suministro por parte de Soluciones de Gestión.

Del mismo modo, el departamento de Marlaska tampoco ofreció información a la Guardia Civil sobre los contactos con Soluciones de Gestión, actas de recepción de material o cualquier otro documento que justificase esta contratación de emergencia.

La misma se amplió por parte del 'número dos' del ministro en abril de 2020 y en ella se hizo constar que se pasaba de los 4 millones a los 5,04 millones. Se justificó la decisión en las nuevas necesidades de adquisición y en "los precios fluctuantes del mercado".

Se trata de una situación idéntica a la denunciada por los agentes en relación con las adjudicaciones de las comunidades de Baleares y Canarias. Del análisis de sus contratos los agentes han puesto de manifiesto una serie de presuntas irregularidades con la firma de los mismos bajo los gobiernos de Francina Armengol y del actual ministro Ángel Víctor Torres, respectivamente.

Estos documentos forman parte de sumario de la operación Delorme (rebautizada como caso Koldo) en el marco de la cual se investigan a siete personas por presunta organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El magistrado Ismael Moreno mantiene el foco en el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, así como su entorno más cercano, el empresario Cueto y Víctor de Aldama.

Por los contratos con los departamentos que dirigían Ábalos, Illa y Marlaska, la trama obtuvo un 32% de beneficios del total de dinero público ingresado, lo que se traduce en cerca de 17 millones. De los 54 percibidos solo 6,7 fueron a parar para comprar mascarillas y fletarlas a España. Muchas de ellas, además, llegaron defectuosas.