La Justicia tarda 7 años en dar a Rodrigo Rato el contenido íntegro de su causa

Rodrigo Rato y las otras 16 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por el procedimiento sobre el origen de su fortuna tienen una cita con la Justicia el próximo 20 de septiembre. El juzgado que abrió causa contra ellos en 2015 ha citado a las partes personadas en el procedimiento para darles traslado el contenido del sumario al que todavía no han tenido acceso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid explica en una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, que tras haberse elaborado las copias digitales pendientes, deben acudir al juzgado con un dispositivo de almacenamiento para poder llevárselas. El movimiento se produce en paralelo al traslado de las actuaciones del conocido como 'caso Rato' a la Audiencia Provincial de Madrid.

El juzgado remite todo el material del procedimiento al órgano que juzgará a los acusados por presunto delito fiscal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, entre otros. Se trata de más de 7.000 documentos que se han ido acumulando desde el arranque de las diligencias en abril de 2015. Tras ello, este órgano designará la sección que se encargue de enjuiciar los hechos, por lo que todavía no se vislumbra en el horizonte fecha de arranque del juicio.

La tesis de Rato

La causa -que todavía sigue viva en lo relativo a la responsabilidad civil de los acusados- ha estado marcada por los continuos choques entre Rato y la Fiscalía Anticorrupción (que se han terminado resolviendo en la Audiencia Provincial de Madrid) así como las dilaciones en la instrucción. Precisamente, una de las quejas que ha reiterado el expresidente de Bankia en todos estos años ha sido la dificultad que ha tenido a la hora de defenderse al no tener acceso a todo el material de la causa.

Ante la imposibilidad material de expurgar los más de 12 millones de documentos se ha privado a las defensas de acceder a la misma información que durante seis años han analizado las unidades de auxilio judicialEscrito de defensa de Rato

Así lo recordó, de hecho, en el escrito de defensa que presentó ante el juzgado el pasado mes de mayo, tras la apertura de juicio oral de la causa. El exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar expuso que en esta causa se ha producido una "situación absolutamente anómala" en tanto los acusados no han tenido acceso a un material en el que trabajan desde hace años la UCO de la Guardia Civil y el Ministerio Público.

"Ante la imposibilidad de expurgar los más de 12 millones de documentos incautados se ha privado a las defensas de la posibilidad de acceder a la misma información que durante seis años han analizado las Unidades de Auxilio Judicial y Apoyo, habiendo aportado a la causa únicamente aquellas que han sido escogidas por dichas unidades y que soportan su tesis acusatoria. En consecuencia, los informes emitidos suponen una vulneración de la igualdad de armas procesales", expuso entonces Rato.

De hecho, hasta la propia Audiencia de Madrid se ha pronunciado sobre este hecho. La Sección vigesimotercera, encargada de resolver los recursos de esta causa, le dio la razón sobre este asunto concreto en diciembre de 2018. Los magistrados revocaron la decisión del juez de no devolverle la documentación incautada en el registro de su domicilio. Apelaron entonces al "derecho incólume" de todas las defensas a acceder a la integridad de las actuaciones que forman parte del sumario y a disponer de ellas sin restricción (a no ser que estén declaradas secretas).

Sus quejas se suman a las de otros acusados que han denunciado en reiteradas ocasiones las dilaciones en la investigación de una causa que llegó a desgajarse en una decena de piezas. El magistrado Serrano-Arnal abrió varias líneas separadas a medida que avanzaba la instrucción. En este tiempo ha investigado la presunta evasión fiscal del político con su fortuna en el extranjero, la facturación por sus servicios de conferencias a grandes empresas, el presunto blanqueo de capitales o la contratación de las campañas de publicidad con motivo de la salida a Bolsa de Bankia.

Patrimonio oculto

Pese a la intención de juzgar las piezas por separado, el magistrado tuvo que unificar las actuaciones después de que la Audiencia de Madrid le obligara a juzgar todos los hechos en una misma causa. El motivo es que hay delitos, como el blanqueo de capitales, que guardan relación directa con varias partes de las actuaciones. Ello implicó un retraso añadido a las diligencias ya que había que aunar todo el procedimiento. Finalmente, en marzo de 2021 el juez procesó a los acusados. En diciembre de ese año se les abrió juicio oral.

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 70 años de prisión para el exdirector gerente del FMI. Le acusa de ocultar su patrimonio a la Hacienda Pública desde 1999 apoyándose en un entramado societario con cuentas abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Mónaco o Reino Unido. De hecho, ha actuado también contra su excuñado Santiago Alarcó y contra el que fuera su asesor fiscalm Domingo Plazas, por su implicación en los hechos.

Aunque Rato niega las acusaciones, la Fiscalía insiste en que se han detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo con este capital oculto en el extranjero. Asegura que introdujo de vuelta el dinero en España mediante líneas de financiación, ampliaciones de capital millonarias en sus sociedades o incluso a través de las declaraciones a Hacienda. Incluso, en uno de sus últimos escritos, Anticorrupción apuntó que Rato ocultó 77 millones en una sociedad 'offshore' en Luxemburgo, tal y como desveló este diario.

Por ese motivo le acusó, entre otros, de 11 delitos contra la Hacienda Pública. El magistrado, sin embargo, denegó su pretensión de ampliar la investigación a los años 2014 y 2015 y también declinó atribuirle insolvencia punible y falsedad. No obstante, en lo que respecta a las presuntas comisiones repartidas con los contratos de publicidad de Bankia, el instructor respalda la tesis de los investigadores y considera indiciariamente acreditado que Bankia se embolsó una comisión de dos millones de euros con este acuerdo. De ellos, 835.000 euros habrían ido a parar a Rato, que los gestionó a través de su sociedad Kradonara.