Rato, a un paso del banquillo por delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en los negocios

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales. De este este modo, el que fuera considerado artífice del milagro económico durante el Gobierno de José María Aznar se ve abocado de nuevo al banquillo de los acusados.

Rato se encuentra desde hace días en libertad condicional tal y como adelantó este periódico. Previamente había accedido al tercer grado. Para alcanzar esta situación de semilibertad fue clave su absolución en el llamado caso Bankia, en el que ninguno de los acusados resultó condenado. Previamente, el exvicepresidente y director del Fondo Monetario Internacional (FMI), había sido condenado a cuatro años de cárcel por el caso de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid. Empezó a salir de prisión de forma regular antes de haber cumplido la mitad de su condena.

A Rato le quedaba pendiente esta otra causa sobre el origen de su patrimonio por la que ahora ha sido procesado. El juez Antonio Serrano-Arnal ha acordado transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de 20 días presenten escrito de acusación. La decisión del juzgado madrileño no es firme, ya que las partes podrán presentar recursos de reforma o de apelación en los próximos cinco días.

Entramado societario

Esta causa sobre el origen de su patrimonio arrancó en el año 2015. Tiene que ver con la operativa que diseñó Rato junto a otros investigados a los que el juez también ha procesado para cobrar comisiones a partir de la contratación de varias empresas para diseñar campañas de publicidad de Bankia. También con la creación de una estructura societaria para canalizar fondos procedentes del extranjero, de ahí la acusación por blanqueo de capitales.

El juez destaca además que a lo largo de sus pesquisas ha tenido conocimiento de más de una quincena de informes de la Unidad de Auxilio de Judicial de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) que han acreditado "las cantidades supuestamente defraudadas por el investigado Rodrigo Rato que en tanto no prescritas y superando la cuantía de 120.000 euros son indiciariamente poseedoras de relevancia penal".

La actividad supuestamente desplegada por Rato consistía por una parte en "maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda española". Por otro lado, declaraba servicios que prestaba de forma personal "a través de sociedades meramente instrumentales" a fin de tributar mediante el Impuesto de Sociedades y no respecto del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) por el que tendría que haber aportado cantidades superiores. Lo hacía además, a "través de sociedades bajo su control". "De esta forma ingresó un total de 1.655.849, 82 euros", dice el auto, que llama la atención sobre la ausencia de contratos.

En cuanto al retorno a España de parte del patrimonio del investigado, el capital externo se "camuflaba" en las cuentas de una sociedad llamada Kradonara como préstamos participativos "que tampoco
figuran documentados ni devueltos, de manera que su efecto tributario ha sido nulo". De esta manera, desde el año 1999, Rato mantenía el control tres sociedades en el extranjero con sede en Panamá que eran depositarias de elevadas sumas de dinero y activos financieros. La circulación de capital con destino el territorio español por esta estructura comienza el día 7 de julio de 2006, con la transferencia de 345.000 euros. Esta operativa continua en el tiempo hasta el año 2014. En todo ese periodo se detectaron movimientos por un total de 4,7 millones de euros, según las cifras de la ONIF.

Por estos hechos, el juez ha decidido procesar también a otras once personas y dos mercantiles (Publicis Comunicación España SLU y Zenith Media SLU). En la lista se encuentra la exsecretaria de Presidencia de Caja de Madrid María Teresa Arellano, el administrador de varias empresas de Rato, Miguel Ángel Montero o el responsable de un despacho de abogados Domingo Plazas, investigado por asesorar al exvicepresidente Domingo Plazas, entre otros.