Fondos europeos: trenes, carreteras y administraciones se comen uno de cada tres euros

Las infraestructuras y las administraciones públicas han absorbido uno de cada tres euros de los fondos europeos Next Generation EU ejecutados hasta ahora. De los 32.000 millones que calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que se han adjudicado a 31 de marzo de 2024, un 37% ha ido a parar a inversiones en movilidad urbana y ferroviaria, rehabilitación de edificios públicos, y modernización de las AAPP, casi 12.000 millones.

En particular, se han concedido 5.956 millones de euros en movilidad sostenible de larga distancia, fundamentalmente inversión ferroviaria en AVE con ADIF como principal ente convocante de los fondos europeos. De hecho, son el componente y el órgano convocante, respectivamente, en el que más dinero se ha gastado hasta el momento.

Otros 3.937 millones de euros han ido a parar a la movilidad sostenible urbana, de los que sólo 637 millones se enmarcan en el plan MOVES y el resto, a actuaciones en líneas de metro, carriles bici, zonas de bajas emisiones, mejoras de carretera en entornos urbanos, e infraestructura ferroviaria de Cercanías.

A la modernización de las AAPP se han dedicado 2.292 millones (transformación digital de la Administración General del Estado con planes específicos para Justicia, Salud, Empleo o Seguridad Social, así como la transición energética de la AGE y la propia transformación que exige la gestión de los fondos europeos), y a la rehabilitación de edificios públicos, otros 309.000 millones.

Este nivel de detalle es exclusivo de la plataforma de la AIReF, puesta a disposición del público el pasado miércoles. La del Gobierno, ELISA, se queda en el nivel de palanca, mientras que la autoridad independiente desciende hasta la línea de inversión. "Para hacer determinados análisis más de evaluación o de potencial transformador es fundamental llegar a la línea de inversión", remarcó la presidenta, Cristina Herrero.

El Banco de España (BdE) ya avanzó en febrero del año pasado que uno de cada tres euros de los fondos europeos Next Generation EU irían a inversión pública, una previsión basada en el Plan firmado entre el Gobierno y Bruselas en 2021 que ahora confirma la AIReF. La dedicación de fondos a obras en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos son prácticas conocidas, especialmente en periodos electorales.

La marcha de los fondos europeos

España ha recibido hasta ahora 38.000 millones de los fondos europeos Next Generation EU, de los que ha resuelto 32.000 millones pero, en realidad, han llegado a la economía 18.900 millones, según los cálculos de la AIReF. Esto es, en términos de Contabilidad Nacional, un dato que el Gobierno oculta desde septiembre de 2021, prácticamente desde la puesta en marcha de este mecanismo.

De esta forma, la ejecución real de los fondos se reduce al 50% de lo que ha recibido hasta ahora y al 12% de todo lo que puede recibir hasta 2026 (136.000 millones) entre subvenciones y préstamos. España acumula un retraso importante con el cuarto pago, por 10.000 millones de euros, que se debería haber solicitado el año pasado por estas fechas y finalmente se pidió en diciembre.

Al retraso en la petición del cuarto pago se sumó después el error de cálculo del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos. Para recibir un pago de estos fondos Next Generation, el país debe demostrar que ha cumplido una serie de hitos y objetivos, en forma de reformas e inversiones, que se acordaron con la Comisión Europea en 2021. Y una vez lo pide, el reloj empieza a correr para dicha evaluación, arriesgándose al embargo de fondos si no cumple alguno de ellos.

En el cuarto pago hay reformas clave como la de las pensiones y la del subsidio por desempleo. La primera ha sido cuestionada por los técnicos de Bruselas recientemente al no garantizar la sostenibilidad del sistema, y la última ni siquiera se ha logrado sacar adelante en el Congreso. Esto ha provocado que ambas partes hayan pospuesto la evaluación de la Comisión previa al desembolso hasta el 20 de mayo. En ese momento España podría afrontar su primer pago parcial.