La exdirectora del CNI evita la pena de banquillo y declarará por videoconferencia el 26 de enero

La exdirectora del CNI Paz Esteban comparecerá el 26 de enero en la causa abierta en un juzgado catalán por el espionaje a Pere Aragonés con Pegasus. La que fuera jefa de los servicios jurídicos declarará por videoconferencia en su condición de investigada con el foco puesto en la desclasificación de documentos oficiales que estudia ya el Gobierno de cara a su cita en los tribunales.

El magistrado que investiga esta arista del conocido como 'catalangate', Santiago García, citó a Esteban en un primer momento para el pasado 13 de diciembre, si bien la exdirectora del CNI pidió aplazar la cita por motivos de agenda de su representación legal, que ejerce la Abogacía General del Estado. Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la cita se fija para el 26 de enero y que su declaración no será presencial.

Por contra, quien sí compareció en su condición de perjudicado fue el presidente de la Generalitat, quien confirmó todos los extremos recogidos en su querella inicial. Aragonés llevó ante los tribunales el espionaje del CNI contra 18 líderes independentistas y lo acompañó con un informe elaborado por el grupo de trabajo Citizen Lab, el cual apuntó a un hackeo masivo a más de 60 líderes independentistas.

Desclasificación del caso Pegasus

A falta de que declare la exdirectora del CNI cabe destacar que Esteban ya compareció a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados donde apuntó a un espionaje legal y autorizado desde el CNI a un total de 18 independentistas en plena efervescencia tras la condena en el Tribunal Supremo de los líderes del procés y los disturbios y barricadas organizadas por Tsunami Democràtic.

Aunque el Ejecutivo se ha negado a desclasificar documentos en anteriores ocasiones para otras diligencias abiertas por el 'catalangate', en esta ocasión Moncloa se ha abierto a levantar el secreto que pesa sobre estas actuaciones reservadas del Centro Nacional de Inteligencia.

Se trata de una actuación exigida desde ERC en el marco del acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales de julio. La formación independentista reclamó como condición determinante el acceso a esta actuación que, a su juicio, derivó en un hackeo masivo y sin las garantías adecuadas a decenas de líderes independentistas catalanes.

Con este movimiento, la exdirectora del CNI puede dar cuenta del aval que recibió por parte del Tribunal Supremo para realizar esta actuación, aunque las fuentes jurídicas consultadas por este medio dudan que se pronuncie sobre el contenido de la actuación, la cual, es una materia reservada por ley.

El CNI y el catalangate

La querella de Aragonés integra la decena de actuaciones que se impulsaron en juzgados de Madrid y Barcelona tras salir a la luz el informe de Citizen Lab. El presidente catalán llevó el asunto ante los juzgados catalanes, si bien la querella estuvo meses en punto muerto ante la inhibición a la Audiencia Nacional, órgano que en el momento de los hechos investigaba la infección también con Pegasus al teléfono del presidente del Gobierno.

Sin embargo, el órgano desestimó la petición del juzgado catalán y rebatió el criterio de la Fiscalía al considerar que se daban los supuestos para asumir la competencia del asunto dado que Aragonés no sería "alto organismo" del gobierno de la nación. Por ello, la querella retornó a la jurisdicción ordinaria y recayó en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, el cual ha abierto diligencias ante la posible comisión de un delito de interceptación ilegal de comunicaciones y espionaje informático.

De hecho, el magistrado, además de citar a declarar a Aragonés y de imputar a la exjefa del CNI también acordó una batería de diligencias en aras a esclarecer los detalles del 'catalangate'. En concreto, remitió una orden europea de investigación (OEI) a la empresa Osy Technologies, vinculada con la israelí NSO Group que comercializa el spyware y también se dirigió al CNI, el Tribunal de Cuentas o el Congreso de los Diputados.

El requerimiento al Supremo

En concreto, al CNI le requirió todos los datos relativos a la adquisición de este programa de espionaje y las personas que intervinieron en la operación, mientras que al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado les demandó los detalles sobre la compra de este programa que adquieren los servicios de inteligencia de medio mundo.

Del mismo modo también libró exhorto al magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las actuaciones del CNI, Pablo Lucas, para que certificase si ha autorizado el uso de este programa, "monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones" de Pere Aragonés. "Caso afirmativo, que remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuáles se ha autorizado la injerencia", rezó el auto del juez.

Precisamente Lucas ha sido uno de los magistrados señalados en las comisiones de investigación impulsadas por los partidos independentistas en respaldo del PSOE por su papel como garante de las actuaciones del CNI. El reputado magistrado fue incluso requerido por el parlamento catalán para comparecer en la cámara, pero Lucas ha declinado acceder a tenor de la reserva que la ley otorga a sus actuaciones.

Con todo, la intención de Moncloa de abrirse a desclasificar el material reservado antes de que declare la exjefa del CNI abre las puertas a que el Parlament incluya a Esteban en su lista de autoridades para declarar por presunto 'lawfare'. Pero el cambio de criterio de Moncloa respecto a estos materiales protegidos por la Ley de Secretos Oficiales tampoco garantiza que la instrucción llegue hasta el final debido a la reserva a la que pueden acogerse los principales actores de este asuntos.