La Fiscalía se opone a suspender el procés en el Tribunal de Cuentas por la ley de amnistía

La Fiscalía se opone a suspender la causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés. El Ministerio Público ha respondido a Oriol Junqueras que no procede dejar en punto muerto el procedimiento por la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados ya que su entrada en vigor "es un hecho futuro y relativamente incierto".

El fiscal de la causa que se dirige contra más de una treintena de exaltos cargos de la Generalitat da respuesta a la solicitud del líder de ERC, que desveló Vozpópuli, en la que pidió que se suspendiera todo el procedimiento a tenor de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de la amnistía.

La consejera al frente de este procedimiento, Elena Hernáez, dio traslado a las partes de la petición de Junqueras, a la que se sumaron otros ocho demandados, entre los que se encuentran la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y el exconsejero Raül Romeva. Al respecto dio un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la también demandante Sociedad Civil Catalana (SCC) se pronunciaran en relación a la solicitud de Junqueras.

El procés en el Tribunal de Cuentas

En un escrito al que ha tenido acceso este medio, el fiscal Manuel Martín-Granizo se pronuncia en idénticos términos a como lo hizo el pasado 17 de noviembre, día del juicio, en el que dijo que la amnistía era un hecho futuro que no podía aplicarse al proceso. "De la misma manera que no se acordó la suspensión del juicio, no procede acordar la suspensión del procedimiento", sostiene ahora.

La proposición de ley se halla al comienzo de su tramitación y por tanto no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto al no conocer actualmente su exacto contenido

Al hilo, el fiscal explica que la proposición de ley que también absolverá a los demandados en el Tribunal de Cuentas se halla al comienzo de su tramitación y, por tanto, "no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto, al no poder conocer actualmente su exacto contenido".

De esta forma responde al exvicepresidente de la Generalitat que pidió al Tribunal de Cuentas que suspendiera todo el procedimiento contable del procés. Junqueras basó su solicitud en el "hecho nuevo" de que se había iniciado la tramitación de la proposición de ley de la amnistía tras la decisión de la Mesa del Congreso de admitirla a trámite.

Del mismo modo apeló también al informe del letrado de la cámara baja que avalaba la admisión a trámite del texto. A diferencia de lo plasmado en 2021, cuando se respondió a una petición de ERC que la amnistía era claramente inconstitucional, en este caso el letrado aceptó tramitarla alegando que carecía de "defectos formales" que impidieran su recorrido en el Congreso de los Diputados.

"Los hechos nuevos que se amplían resultan relevantes a los efectos de adoptar la resolución que corresponda respecto de nuestra petición de suspensión del procedimiento, puesto que acreditan y confirman la tramitación y la legalidad (la ausencia de una manifiesta inconstitucionalidad prima facie a los efectos de admisión a trámite) de la proposición de ley, lo que reafirma la conveniencia, oportunidad y carácter ajustado a derecho de la suspensión del presente procedimiento", dijo Junqueras.

Demanda de 3,4 millones de euros

De hecho, los demandados (entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Artur Mas) ya plantearon suspender la vista del pasado 17 de noviembre, pero la consejera se negó a ello, en sintonía con la Fiscalía. Con todo, dijo que se estudiaría si dejar en punto muerto todo el procedimiento y que daría una respuesta lo antes posible en el tiempo.

La Fiscalía reclama un total de 3,4 millones de euros (de los cerca de nueve millones que solicitó inicialmente) por los gastos entre 2011 y 2017 del procés en el extranjero. En concreto, por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como para sufragar los gastos de la deriva soberanista en el exterior. En total, actúa contra 35 personas.

En su demanda, el fiscal expuso que el trabajo realizado había sido "minucioso" y que la causa en el Tribunal de Cuentas arrancaba a tenor de procedimientos que se han seguido por el procés en Cataluña y en otros órganos, como la Audiencia Nacional. Entre ellos destaca la causa que se abrió contra Francesc Homs en 2021 a tenor de un informe del Tribunal de Cuentas por la promoción en el extranjero o las que se iniciaron en 2016 por un presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana reclama poco más de 5 millones de euros. La plataforma incluyó en su demanda todos los gastos de soportes públicos, de difusión, los relativos a Unipost (la sociedad que contrató la Generalitat para repartir el material del 1-O) y también del alquiler de locales. Solo sobre este último punto, la plataforma cívica les atribuye un desfalco de 900.906 euros.