Catalangate: una decena de causas del espionaje depende de si Sánchez desclasifica los informes del CNI

La apertura de un procedimiento en los juzgados de Barcelona por el presunto espionaje con Pegasus a Pere Aragonés ha puesto en vilo al resto de causas del 'catalangate'. Hasta una decena de casos abiertos en los últimos tres años por estos hechos está pendiente de esta investigación y muy especialmente de la actuación del Ejecutivo acerca de la desclasificación de los informes del CNI.

Se trata de causas que se impulsaron a tenor de un informe del grupo de investigación Citizen Lab (a cuyo frente se sitúa un investigado en la causa de Tsunami Democrátic) y que apuntó a un espionaje masivo a más de 60 líderes independentistas. Como resultado, se presentaron querellas en juzgados de Madrid y Barcelona en nombre de dirigentes de la CUP o de altos cargos de ERC como Roger Torrent y Josep María Jové.

Ahora mismo, estas pesquisas miran con lupa a una causa que acaba de nacer en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Su titular, Santiago García, admitió a trámite el pasado 6 de octubre una querella de Pere Aragonés por delito de interceptación ilegal de comunicaciones y contra los derechos fundamentales.

La querella, que venía acompañada de un peritaje de parte que probaría el pinchazo de su teléfono, ha terminado en este juzgado después de que, como informó este medio, la Audiencia Nacional rechazara investigar el asunto en el marco del caso Pegasus por el hackeo a Pedro Sánchez.

Desclasificación en plena negociación

Tras admitirla a trámite, el juez ha acordado una batería de diligencias que se dirigen contra el propio CNI, el Tribunal Supremo y las empresas que comercializan con Pegasus. Además, ha citado para el 13 de diciembre al propio Aragonés en su condición de perjudicado y a Paz Esteban como querellada. Este capítulo propició la destitución en 2022 de la entonces directora del CNI por parte del Gobierno, si bien es la primera vez que afronta responsabilidades penales por estos hechos.

Así, el juez ordenó a la Fiscalía que emitiera informe antes de este miércoles 18 de octubre sobre si procede o no prorrogar la causa. Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que el Ministerio, que en un primer momento abogó por remitir este caso a la Audiencia Nacional, se ha pronunciado en contra de prorrogar la instrucción porque al haberse incoado ahora, quedan aún doce meses para investigar.

Con todo, este juez ha llegado más lejos de lo que ha hecho ningún instructor de las querellas por el 'catalangate' hasta el momento porque ha ordenado recabar una batería de documentos al CNI "previa solicitud de la pertinente desclasificación".

El juez pide información al Supremo, al CNI, al Gobierno y abre la puerta a una futura desclasificación de informes que tendría que autorizar el Consejo de Ministros

Entre la información que se reclama se encuentra la licencia de uso y autorización de Pegasus o el registro de incidencias sobre este programa. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez también se le reclama documentación sobre el espionaje, así como que identifique "las concretas personas" de los servicios de inteligencia que habrían participado en los hechos.

Aunque este caso se ciñe al espionaje del presidente catalán, los movimientos que se produzcan en el mismo tendrán repercusión directa en el resto de causas. Así pues, el foco se ciñe en el Gobierno y en concreto en si accede a desclasificar los documentos protegidos en un momento en que el PSOE negocia con sus socios independentistas la investidura de Pedro Sánchez.

El Supremo y el CNI, ante el 'catalangate'

Cabe recordar que Moncloa ya se pronunció sobre esta petición el pasado 25 de julio en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona por el espionaje a Josep María Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba. En este caso el Ejecutivo descartó que el CNI espiara a estos dos cargos de ERC aunque se negó a desclasificar los informes sobre esta materia.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio apuntan a la diferencia de marco político entre la respuesta de julio y la actualidad, máxime teniendo en cuenta que Moncloa negocia la ley de amnistía para conseguir el 'sí' de sus socios separatistas, amén de otras concesiones en el ámbito penal que se materializaron con la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación.

Además, el juzgado catalán se ha dirigido al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, por ser el que autoriza las actuaciones del CNI. En una petición insólita hasta el momento, le pide que certifique si autorizó el uso del software o cualquier otra forma de intervención de las comunicaciones de Pere Aragonés y, en caso afirmativo, que remita testimonio de las actuaciones judiciales.

Fuentes del alto tribunal consultadas por este medio guardan silencio sobre el asunto, aunque se prevé que el magistrado progresista responda al requerimiento judicial apelando a la protección que brinda la Ley de Secretos Oficiales. El magistrado, que es uno de los más valorados y respetados en la Sala Tercera del alto tribunal, ya habría denegado una petición similar formulada por Benet Salellas, abogado del entorno independentista que también ha interpuesto querellas por el 'catalangate'.

Las causas del espionaje catalán

Según las investigaciones realizadas por este medio, en la actualidad hay una decena de procedimientos abiertos por el 'catalangate'. Uno de los pioneros es el que se ha seguido desde 2020 en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona por la querella interpuesta por los republicanos Roger Torrent y Ernest Margan. La causa está archivada provisionalmente ante la falta de respuesta de Israel, país donde radica NSO Group, la firma que comercializa con Pegasus.

El autor del informe de Citizen Lab, Elíes Campo, es uno de los investigados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic.

Este mismo juzgado (a quien se le pidió sin éxito que aglutinara todas las causas sobre este asunto) impulsó también unas diligencias por el espionaje a los diputados de la CUP Albert Botran y Carles Riera.

Del mismo modo, en el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona se investiga la querella de Andreu Van den Eynde, quien fuera abogado de Oriol Junqueras y actual defensa de Aragonés. Actúa a título personal por espionaje a su propio terminal. Su causa arrancó en julio del año pasado y en el marco de la misma se planteó ya la declaración de Paz Esteban, aunque como testigo.

En el Juzgado de Instrucción número 20 se investiga la querella de Diana Riba y Josep María Jové. Este procedimiento es de los más avanzados. De hecho, fue en el marco de estas diligencias en las que el juzgado requirió desclasificar información al Gobierno, si bien se rechazó en el Consejo de Ministros del pasado 25 de julio. Finalmente, se instruye también otra causa en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por espionaje a Oriol Sagrera, el que fuera jefe de gabinete de Torrent.

El autor del informe y Tsunami Democràtic

A todas ellas hay que añadir la abierta en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid por el presunto hackeo al teléfono de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y también la que se terminó archivando relativa al espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y tres de sus ministros. En este caso la Audiencia Nacional terminó dando carpetazo al asunto ante la nula colaboración de Israel, país a quien se dirigió hasta en tres ocasiones.

En todos los procedimientos del 'catalangate' el común denominador ha sido el informe que desarrolló Citizen Lab, un grupo de trabajo dela Universidad de Toronto detrás del que se encuentra Elíes Campo. Se trata de un ingeniero de telecomunicaciones catalán que figura entre los imputados en la investigación secreta que sigue la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic.

La aparición de este documento propició la destitución en mayo de 2022 de la entonces directora de los servicios secretos. Días después de su salida, Paz Esteban compareció en la comisión de secretos del Congreso y confirmó el espionaje legal a 18 líderes independentistas. Su próximo pronunciamiento sobre estos hechos lo hará ante el juzgado catalán el próximo 13 de diciembre. En este caso irá acompañada de su defensa que, presumiblemente, ejercerá la Abogacía General del Estado.