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España

La Audiencia pide al juez de Tsunami los informes del Parlamento Europeo sobre Puigdemont

Recaba las peticiones de información del Parlamento Europeo sobre investigaciones abiertas en España contra Puigdemont, a quien el alto tribunal acaba de abrir diligencias por presunto delito de terrorismo

El retraso de la ley implica ue la amnistía se aprobará con la Eurocámara cerrada y la Comisión en funciones
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. EFE

La Audiencia Nacional ha solicitado al magistrado del caso 'Tsunami Democràtic' los informes que disponga del Parlamento Europeo sobre Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal recaba toda esta documental a tenor de la información que se intercambió con la Eurocámara sobre el proceso de inmunidad del expresidente catalán.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados solicitan al instructor del caso Tsunami, Manuel García Castellón, que remita la solicitud de información del Parlamento Europeo en relación al procedimiento de inmunidad que se sigue ante la Justicia Europea sobre Carles Puigdemont en su condición de aforado.

Como informó este medio, el órgano estuvo remitiendo desde el año 2021 solicitudes de información a la Audiencia Nacional en relación a si existía alguna investigación penal en este órgano contra el líder de Junts. Por ello, ahora la Sala de lo Penal le reclama tanto las peticiones de la Eurocámara como las respuestas que propiciara la misma sobre la inexistencia de investigación penal contra Puigdemont en este juzgado.

El "rol de liderazgo" en Tsunami

Conviene recordar que cuando este órgano respondió al Parlamento Europeo, el magistrado todavía no había solicitado la citación como investigado de Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo. Este movimiento se produjo el pasado mes de noviembre, tras incorporar a la causa un informe clave de la Guardia Civil sobre las actuaciones de Tsunami Democràtic.

De las conclusiones remitidas por la Policía Judicial el instructor entendió que había indicios para actuar contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de personas por delito de terrorismo. Tras ello solicitó al Tribunal Supremo que asumiera las pesquisas en lo que se refiere al líder de Junts y también al diputado de ERC Rubén Wagensberg ya que ambos están aforados.

La Guardia Civil cifró en más de 8.000 las personas movilizadas por Tsunami Democràtic al aeropuerto de El Prat
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El Supremo respondió hace apenas unas semanas admitiendo la exposición razonada del magistrado y abriendo causa contra Puigdemont por su "rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic desde su mismo nacimiento. La decisión, que se acordó por unanimidad de la Sala de lo Penal, supuso un varapalo para la 'número dos' de la Fiscalía quien, en su informe, desoyó el criterio mayoritario de los fiscales de la Junta de Sala y pidió que no se investigase a Puigdemont por falta de indicios.

La inmunidad de Puigdemont

Con todo, durante la instrucción del caso Tsunami, el Parlamento Europeo se dirigió en varias ocasiones a la Audiencia Nacional para preguntarle si Carles Puigdemont estaba investigado en este órgano. En concreto, la Comisión de Asuntos Jurídicos formuló esta solicitud hasta en dos ocasiones, desde marzo de 2021 con el objetivo de esclarecer si había alguna causa penal abierta contra el líder de Junts y si se le había intervenido el teléfono.

La misiva, firmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, se dirigió al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. En la misma se preguntaba acerca de "la existencia o inexistencia de un procedimiento judicial" en curso en este juzgado en el que Puigdemont figurase como investigado.

En caso de que existiera, se reclamaba información sobre la fase procesal en la que se encontrara y también que se confirmase si se había o no acordado la intervención telefónica de su teléfono móvil. La solicitud se produjo después de que el líder de Junts se dirigiera al Parlamento Europeo para que se defendiera su inmunidad parlamentaria.

Puigdemont solicitó a la Eurocámara que actuara ante una posible investigación penal a tenor de un artículo del diario El Mundo de agosto de ese año. La información apuntaba a investigaciones abiertas contra sectores independentistas catalanes por el presunto plan que barajaría Puigdemont desde Bélgica para volver a impulsar la independencia en Cataluña.

Pendiente del TJUE

Al respecto, el juzgado que instruye el caso Tsunami informó descartando la existencia de cualquier investigación penal contra el expresidente catalán. Sin embargo, tras su implicación en los hechos, el líder secesionista ha exigido a la Audiencia Nacional que dé explicaciones de por qué negó que se le estaba investigando.

Por ese motivo, la Sala de lo Penal está recabando ahora toda la documental que tenga en su poder de la institución europea, así como también el recurso de la Fiscalía al auto del magistrado del pasado 21 de noviembre. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal se ha opuesto tanto a la imputación de Puigdemont como a la investigación por delito de terrorismo. Al respecto considera que los hechos serían perseguibles por presunto delito de desórdenes públicos graves.

Para Carles Puigdemont la inmunidad que goza por su condición de europarlamentario es clave. De hecho, el líder de Junts ha denunciado ante la Audiencia Nacional que se ocultara la investigación que se seguía en este órgano al Parlamento Europeo pese a las reiteradas peticiones que éste cursó al órgano judicial.

Con todo, las mismas se produjeron más de un año antes de que el magistrado le situara en reuniones clave de Tsunami en Ginebra. Del mismo modo también afloraron mensajes intercambiados con el empresario Josep Campmajó en los que el expresidente catalán le trasladó su preocupación por las acciones de Tsunami y le dijo que si había algún muerto en los disturbios perderían su batalla.

Cabe recordar que el pasado mes de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó los recursos de Puigdemont y de sus exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín confirmando de esta manera la retirada de su inmunidad como europarlamentario. El pronunciamiento está recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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