El Parlamento Europeo pregunta desde 2021 a la Audiencia si Puigdemont está imputado

El Parlamento Europeo ha preguntado a la Audiencia Nacional si Carles Puigdemont está imputado en este órgano. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha formulado esta solicitud hasta en dos ocasiones desde marzo de 2021 con el objetivo de esclarecer si hay alguna causa penal abierta contra el expresidente catalán y, de ser cierto, si se le ha intervenido el teléfono.

Se trata de un trámite que se llevó a cabo en marzo de 2021 y que se ha repetido en marzo de este año en aras a esclarecer una serie de dudas sobre la situación jurídica de Puigdemont en España. La misiva se dirige al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, y la misma trae causa de una petición del líder de Junts per Catalunya para que se defendiera su inmunidad parlamentaria.

En concreto el expresidente catalán reclamó al Parlamento que actuara ante una posible investigación penal en el juzgado que dirige causas como la de los CDR o Tsunami Democràtic. Puigdemont movió ficha en septiembre de 2020 a tenor de un artículo del diario El Mundo de agosto de ese año. La información apuntaba a investigaciones abiertas contra sectores independentistas catalanes por el presunto plan que barajaría Puigdemont desde Bélgica para volver a impulsar la independencia en Cataluña.

Investigación en la Audiencia

El artículo defendía que las Fuerzas de Seguridad habían acumulado en aquel momento hasta una quincena de solicitudes de escuchas telefónicas pendientes de aprobación, entre ellas la de Josep María Matamala. Se trata del empresario que acompañó a Puigdemont en su huida a Bélgica y que también estuvo bajo el foco de la Justicia por estos hechos.

Así pues, tras la publicación de este artículo, el expresidente de la Generalitat de Cataluña solicitó inmunidad parlamentaria a la institución europea. En respuesta, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, remitió una misiva a la Audiencia Nacional en marzo de 2021 y otra reiterando la petición el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con esta última, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se solicita información de la "existencia o inexistencia de un procedimiento judicial en curso ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que el señor Carles Puigdemont figure como investigado". En caso de que existiera, se reclama información sobre la fase procesal en la que se encuentra y también que se confirme si se acordó o no la intervención telefónica de su teléfono móvil.

En la misiva, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos explica que remiten esta segunda carta en tanto no tuvieron respuesta en una primera solicitud. El presidente de esta Comisión solicita que remita respuesta a la mayor brevedad posible, fijando como fecha límite el 4 de abril. Fuentes jurídicas consultadas por este medio precisan que la Audiencia Nacional ya ha respondido a dicha solicitud.

La cuestión de la inmunidad

El Parlamento Europeo tramita esta solicitud mientras está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva sobre su inmunidad. Este asunto es determinante para Puigdemont ya que su futuro procesal en España depende de lo que resuelva la Justicia europea. El líder independentista tiene pendiente sentarse en el banquillo por su implicación en la deriva soberanista de Cataluña y la organización del 1-O.

Sin embargo, lo hará por delitos diferentes a los que fue procesado en marzo de 2021 tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno. La derogación de la sedición y la rebaja de la malversación llevó al instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, a acusarle por desobediencia y malversación de caudales públicos. Los cambios legales implicaron también que el Tribunal Supremo dejara en suspenso las euroórdenes dictadas contra él y otros fugados de la Justicia, pero ordenó su búsqueda y captura por los nuevos delitos.

Ante este panorama, el pronunciamiento de la Justicia europea se antoja crucial. La decisión del TGUE (que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE) dará respuesta a la vista celebrada en noviembre en la que la defensa de Carles Puigdemont solicitó que se le devolviera la inmunidad plena. Su abogado sostiene que el Tribunal Supremo no respeta esta garantía y que tendría que poder regresar a casa sin el riesgo de ser detenido, mientras que el Parlamento Europeo y la Abogacía General del Estado se oponen a reconocerle esta condición.

El entorno de Puigdemont

A falta de que resuelva el TGUE, el otro gran asunto que afrontaba Puigdemont se cerró a favor del Tribunal Supremo. En enero la Justicia europea dio la razón al magistrado Pablo Llarena en relación a las euroórdenes. El TJUE afeó a Bélgica que no hubiera entregado a Lluis Puig aclarando que un estado de la UE tiene muy limitados los motivos por los que puede denegar una extradición.

Con todo, al margen del procedimiento troncal, la Audiencia Nacional ha puesto el foco en el entorno de Carles Puigdemont en diversas causas que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6. De hecho, se da la circunstancia de que fue la Audiencia la que comenzó investigando el procés bajo la dirección de la magistrada Carmen Lamela hasta que la causa se derivó al Tribunal Supremo. Su juzgado citó a declarar a Puigdemont pero la diligencia no pudo cumplirse ya que éste se fugó a Bélgica en las horas previas a su interrogatorio.

Dos años después, en septiembre de 2019, se impulsó la Operación Judas. La Guardia Civil detuvo a siete integrantes del Comité de Defensa de la República (CDR) por formar parte de una facción radical del movimiento en favor de la independencia de Cataluña. En el sumario, al que ha tenido acceso este medio, aparece en reiteradas ocasiones el nombre del expresidente catalán y el de su sucesor en la Generalitat, Quim Torra.

En uno de los últimos informes la Policía Judicial situó a su escolta, el mosso Lluis Escolà, en la cúspide de una facción del CNI Catalán. Al margen de este procedimiento, que ya enfila su camino al banquillo, el mismo juzgado abrió causa también por las actuaciones de Tsunami Democràtic. Estas diligencias permanecen bajo secreto de sumario.