Asuntos Internos investiga si Iberdrola conocía los métodos de espionaje de Villarejo

El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha encargado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investigue si la cúpula de Iberdrola conocía los métodos de espionaje del comisario jubilado. El instructor del caso Tándem formula este requerimiento tras imputar en la causa al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y a Iberdrola Renovables, por los contratos con Cenyt y a la espera de citarles a declarar por estos hechos.

En una providencia del pasado 13 de septiembre y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez efectúa tres reclamos concretos a la Policía Judicial que investiga los encargos de espionaje del comisario. Al respecto insta a la Policía, "en aras a una mayor concreción", que detalle el conocimiento concreto que tiene la cúpula de la vasca sobre la naturaleza de los servicios prestados por la firma de Villarejo, a la que le encargaron trabajos de inteligencia de manera interrumpida entre 2004 y 2017 por importe total de 1,1 millones de euros.

En segundo lugar, el magistrado también pide que se esclarezcan "las concretas injerencias" en el derecho al secreto de las comunicaciones de sus víctimas. Los investigadores sostienen que los espionajes que se indagan en esta macrocausa se cometieron vulnerando los derechos fundamentales de los objetivos del policía, teniendo en cuenta que habría controlado tráficos de llamada y efectuado seguimientos al margen de la legalidad.

En tercer lugar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 reclama a la Policía Judicial que precise el conocimiento que tenía la cúpula de la multinacional sobre la condición policial de Villarejo. Cabe recordar que los grandes clientes del Ibex 35 han reiterado que las contrataciones se delegaron a los departamentos de seguridad de los entes y que desconocían que detrás de Cenyt se encontraba un comisario en activo. Villarejo, por su parte, sostiene que la Policía conocía de sus trabajos privados y que incluso se valió de su entramado para sus pesquisas.

El impulso del instructor a esta pieza decimoséptima del caso Tándem se produce en pleno cerco a la cúpula de la multinacional, la cual sigue a la espera de ser citada para responder en sede judicial por estos contratos. El magistrado les convocó para principios de julio, pero suspendió las citaciones para resolver acerca de la condición de la eléctrica, que insistió ante el magistrado que debía figurar como perjudicada en el procedimiento por su querella contra José Antonio del Olmo.

El exresponsable de Funciones Corporativas, también investigado en el procedimiento, se convirtió en el principal enemigo de la multinacional tras la aparición de un informe suyo firmado a finales de 2004 en el que se denunciaba un sistema falso de facturas para costear el primer encargo de Iberdrola a Villarejo (proyecto Arrow). Del Olmo implicó al propio presidente y dijo que intentó denunciar sin éxito los hechos. La compañía rebatió su versión y pidió al juez figurar como perjudicada, pero los investigadores acabaron imputando a Iberdrola Renovables por ser la que costeó los servicios del último proyecto.

Fiscalía quiere oír a Galán

Del mismo modo imputó a Sánchez Galán razonando que figuraba en el organigrama de Renovables como presidente de la misma. La defensa del empresario recurrió esta decisión y dijo que jamás ostentó este cargo ni ningún otro dentro de la sociedad dependiente de la matriz. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a tumbar este pretexto reiterando que tanto Sánchez Galán como la firma que costeó el proyecto Wind deben ser interrogadas en sede judicial.

Ningún error fáctico cabe atribuir al auto que se pretende recurrir por el investigado Ignacio Sánchez Galán

Así lo plasma en un escrito al que ha tenido acceso este diario y en el que precisa al presidente de la multinacional vasca que "carece de legitimación" para recurrir la imputación de Iberdrola Renovables en tanto está actuando en defensa de "intereses ajenos". Los fiscales de la causa respaldan la decisión del magistrado y razonan que no se le puede atribuir error alguno a su auto del pasado 9 de julio por el que imputaba a Iberdrola Renovables.

Al hilo refutan los argumentos del presidente de la eléctrica acerca de que él jamás ostentó ningún cargo en la filial (ni como presidente ni en el Consejo). Anticorrupción responde al respecto que en el organigrama entregado a la Audiencia Nacional figuraba como máximo representante de la misma "por lo menos a partir de septiembre de 2010". Lo mismo ocurre en el organigrama vigente en marzo de 2012 en que se abonó a Villarejo la factura por el proyecto Wind.

Presidente de la filial

También rebate las explicaciones del presidente acerca de que Iberdrola Renovables existe desde el 17 de mayo de 2011. Esta explicación "viene contradicha directamente " por la documental entregada, según la cual la sociedad fue constituida mediante escritura pública el 26 de marzo de 1996. "En consecuencia, ningún error fáctico cabe atribuir al auto que se pretende recurrir. Y, en todo caso, cualquier relación de hechos recogida no tiene carácter definitivo", sentencia Anticorrupción, que insiste que hay que aguardar a las diligencias pendientes como es la declaración de la filial y de Galán.

En relación a la condición de Del Olmo, el Ministerio Público matiza que sigue figurando como imputado en el procedimiento porque, aunque alertó de operaciones triangulares para ocultar los pagos al comisario, también visó las facturas que ahora están bajo sospecha. El apunte del magistrado acerca de que se le podía considerar como un testigo clave para sostener la acusación, provocó la rápida reacción de los implicados, los cuáles recordaron que su condición era la de investigado.

La pieza, que arrancó en octubre de 2019, suma ya cerca de una decena de altos cargos de la multinacional imputados por los encargos a Villarejo. El primero en ostentar esta condición fue el exdirector de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, si bien luego García Castellón imputó al que exnúmero dos, José Luis San Pedro, además de Pablo Insunza y Pedro Rebollo por el control de las facturas de los pagos. Tras ellos citó a Del Olmo y, ya en junio, se acordó la última tanda de imputaciones a Sánchez Galán, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo.