Sánchez Galán corrige al juez y dice que "jamás" ocupó cargos en Iberdrola Renovables

Ignacio Sánchez Galán contraataca en el caso Villarejo. El presidente de Iberdrola ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que precisa que "jamás" ha formado parte del consejo de Iberdrola Renovables. La matriz de la compañía acaba de ser imputada en el procedimiento por los espionajes del comisario jubilado ya que fue la que costeó el último encargo efectuado al policía en el año 2011. Al respecto, Sánchez Galán ha replicado al magistrado instructor que él no fue presidente de la firma.

Así lo explica en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que recalca que "no es correcto" lo que afirma el instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón, en su auto del pasado 9 de julio por el cual imputaba a la mercantil como persona jurídica. Según recalca, ni presidió ni formó parte de los órganos de administración de esta empresa que tendrá que rendir cuentas en esta pieza decimoséptima de la causa por el contrato firmado por el Grupo Cenyt en 2011 en el marco del proyecto Wind.

El mismo se desarrolló en dos tiempos diferentes ya que se continuó en 2016. Así, en un primer momento se centró en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap y, cinco años después, en la localización de su patrimonio. El objetivo era esclarecer si podía hacer frente al pago de una deuda millonaria tras haber perdido un laudo por un proyecto fallido en Rumanía. Al respecto, el magistrado entendió que había que tomar declaración como persona jurídica a la empresa para que su representante legal explique las condiciones de este contrato.

Cabe destacar que, aunque la relación mercantil de Iberdrola con Cenyt comenzó en el año 2004, la matriz no está implicada en la macrocausa puesto que la reforma legal que permitió la imputación de personas jurídicas data de 2010. Por ese motivo solo se actúa contra Iberdrola Renovables ya que, siguiendo la línea cronológica, fue la que costeó el siguiente y último encargo al entramado del policía.

Al respecto Sánchez Galán responde al juez que él no ha sido nunca presidente de la firma que nació el 17 de mayo de 2011 y, por ello, acompaña con su escrito un certificado emitido por el secretario del Consejo de Administración de Iberdrola Renovables en aras a acreditar lo manifestado. Igualmente también apunta que la contratación no se hizo al comisario jubilado sino al Grupo Cenyt, conglomerado que aunaba empresas del espía.

Contratos con Cenyt, no con Villarejo

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sostienen que los implicados en estos contratos que costaron 1,1 millones de euros a la eléctrica habrían cometido indiciariamente delito de cohecho al contratar los servicios de un policía que estaba en activo en el momento de los hechos. Se trata de un argumento que se mantiene en el conjunto de piezas que integran la macrocausa (relativa a los encargos de espionaje que Villarejo también gestionó con firmas como BBVA, Repsol o Iberdrola) y que sus protagonistas rechazan apuntando que pensaban que estaba en situación de excedencia.

Tanto en su auto de imputación a Iberdrola, como en el relativo a Repsol y Caixa (por el proyecto Wine), el instructor insiste en que hay indicios que apuntan que los controles de supervisión de los grandes entes fallaron con estas contrataciones. Añade además que todos los entonces jefes de seguridad de estas firmas son policías (aunque estuvieran retirados o en condición de segunda actividad) y que ello les dota de más responsabilidad puesto que tenían mecanismos para averiguar que Villarejo estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa en aquel momento hasta su jubilación a mediados de 2016.

Precisamente Antonio Asenjo, el que fuera máximo responsable de la seguridad de Iberdrola bajo la presidencia de Galán, remitió un escrito la pasada semana a la Audiencia Nacional en el que solicitó que se incorporara a la causa el famoso informe de compatibilidades elaborado por el Ministerio del Interior en 2005 en relación a Villarejo, recalcando de esta forma la inexistencia de delito de cohecho y el conocimiento que tendría el Gobierno de que el comisario tenía sus negocios privados.

Y no es el único que apunta al Estado en estos hechos. Tras su imputación el pasado jueves, Repsol respondió que tomaría las medidas necesarias para pedir responsabilidad pública por los negocios del comisario y a Luis del Rivero, el objetivo de este trabajo de espionaje acometido en 2011. Los clientes VIP del espía se amparan también en las declaraciones prestadas por otros mandos policiales, como el exDAO Eugenio Pino, que sostuvieron que en la cúpula se sabía que Villarejo tenía sus empresas privadas.

Del Olmo, de nuevo en el foco

Sánchez Galán también se refiere en su escrito a José Antonio del Olmo. El antiguo directivo de Funciones Corporativas, imputado en el procedimiento por su condición de controller de las facturas, se convirtió un testigo de referencia para los investigadores tras salir a la luz la existencia de un informe que él mismo habría elaborado en el año 2014 y en el que se denunciaba un sistema de facturas falsas para pagar el primer servicio del comisario jubilado.

Entonces Del Olmo redactó el informe y lo llevó ante el notario Luis Ramallo junto con el antecesor de Asenjo en el departamento de Seguridad, Marcos Peña. Galán (que ha pedido que los tres vuelvan a declarar como testigos), recuerda en su escrito que Del Olmo no puede ser entendido como "uno de los testigos clave para sostener la acusación" ya que figura como un imputado más de esta línea de investigación del caso Tándem.

Sin embargo, tanto el magistrado como los fiscales se han apoyado en su informe en el que denunció un sistema de actividades "anómalas" para pagar a Villarejo los servicios del proyecto Arrow. Además, en el mismo auto que el instructor imputaba a Iberdrola Renovables, también archivaba la querella interpuesta por la matriz contra Del Olmo, a quien acusa de inventarse el documento y de sustraer material de la compañía, ya que el exempleado de la vasca adjuntó en los documentos llevados ante notario las facturas que vendrían a sostener operaciones triangulares para pagar al policía.