El magistrado Manuel García Castellón ha imputado en el caso Villarejo a Iberdrola Renovables. Siguiendo la estela de Repsol y Caixa (citadas como investigadas en otra línea de investigación de la macrocausa), el instructor ha imputado por delito de cohecho a esta firma de la matriz por delito de cohecho. Igualmente ha dado carpetazo a la querella interpuesta Iberdrola contra su exdirectivo José Antonio Del Olmo y que había asumido la Audiencia Nacional.

De este modo, el magistrado al frente del caso Tándem resuelve las dudas planteadas por la eléctrica que se presentó como perjudicada por su antiguo jefe de Funciones Corporativas. Iberdrola expuso que Del Olmo había sustraído información de la empresa para elaborar a finales de 2004 el famoso documento en el que denunció un sistema de factura falsas dentro de la compañía para costear el primer servicio de espionaje encargado ese mismo año al Grupo Cenyt.

El instructor actúa, no obstante, contra Iberdrola Renovables por ser la que costeó el último trabajo que la empresa encargó al espía. Se trató de un proyecto que se gestó en 2011 y que se retomó en 2016. La finalidad del mismo era esclarecer la situación patrimonial del accionista mayoritario de Eólica Dobrogea. La firma perdió un laudo frente a la vasca que declinó pagar apuntando a una insolvencia. Villarejo, en este cometido, acreditó el patrimonio y propiedades de Christopher Kaap.

Los investigadores no actúan contra Iberdrola, que sí costeó trabajos previos, porque hasta 2010 no cabía la posibilidad de imputar a las personas jurídicas por su responsabilidad penal. Al respecto, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 explica que el encargo del comisario ya jubilado no se realizó de manera individual por los directivos de la compañía (en concreto por el que fuera director del departamento de Seguridad, Antonio Asenjo) sino que se hizo "en nombre y beneficio" de la propia compañía.

Cerco a las empresas del Ibex

De este modo, Iberdrola se suma al listado de empresas y firmas que, siguiendo el mismo modus operandi, contrataron con los servicios de inteligencia del Grupo Cenyt. Los clientes van desde despachos de abogados como Herrero y Asociados hasta grandes del Ibex como BBVA, Repsol o CaixaBank. Aunque cada línea de investigación tiene un contenido diferenciado, el nexo reside en el delito de cohecho que Anticorrupción y magistrado les imputa por haber contratado los servicios de un policía que entonces estaba en activo. Además, insisten en que se benefició de sus vínculos en la Policía para acceder a bases de datos confidenciales que le sirvieron para estos trabajos privados.

Como ya argumentara en su auto de este jueves en relación al encargo de Repsol, el magistrado vuelve a poner en duda las explicaciones del que fuera jefe de seguridad acerca de que contrataron con los servicios de Villarejo porque desconocían que estaba todavía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Al respecto recuerda que Asenjo era policía también y podría haber verificado el carácter de funcionario del espía. La empresa razonó en la documentación aportada a esta pieza decimoséptima que estaba convencida de que el comisario estaba en excedencia (situación que gozó entre 1983 y 1993).

El sistema de compliance

Alude también el magistrado a las facturas que obran en la causa relativas a este proyecto Wind que Villarejo presupuestó inicialmente en 275.000 euros y que las mismas se abonaron por la matriz de la multinacional vasca. "Se pone de manifiesto, pues, que el encargo fue realizado por los investigados, en su condición de administradores de Iberdrola Renovables Energía S.A, en nombre y por cuenta de la compañía", reza el auto en el cual recalca que aquí no se trata solo de investigar si la empresa contaba con un compliance efectivo sino también qué medidas podrían haber evitado la presunta comisión del cohecho.

De este modo, el magistrado resuelve las dudas existentes que le llevaron a dejar en standby el interrogatorio de Ignacio Sánchez Galán. El instructor imputó al presidente el pasado 23 de junio por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Junto con él citó también en la misma condición al director general de negocios de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

Pendientes de la declaración de Galán

Todos ellos estaban llamados para este martes y miércoles. Sin embargo, y como avanzó este diario, el magistrado suspendió las citaciones la semana pasada en aras a resolver la condición en la causa de Iberdrola. La compañía remitió previamente un escrito en el que recordaba que tenía que tener acceso a la documentación del sumario porque también figuraba dentro del mismo la querella que interpuso en un juzgado de Bilbao contra Del Olmo por su famoso informe que llevó ante notario.

Ello propició que el magistrado se dirigiera a Anticorrupción para preguntarle por el futuro procesal de Iberdrola y por si cabía archivar esta querella contra Del Olmo, el cual también figura como imputado por haber dado luz verde a estas facturas que luego denunció como irregulares. Anticorrupción se posicionó a favor de la imputación de la eléctrica y del sobreseimiento para Del Olmo, a quien el juez considera "testigo clave" de estas supuestas "anomalías".

Por ello adopta el criterio de los fiscales y resuelve en favor del que fuera máximo responsable de Funciones Corporativas. Del Olmo expuso en 2004 que Iberdrola realizó operaciones triangulares para pagar a Villarejo. Según expuso, se empleó a Casesa -entonces proveedora de seguridad de la eléctrica- para que costeara el primer trabajo, bautizado como proyecto Arrow. Según dejó por escrito, de este asunto estaban al tanto, entre otros, Asenjo, Becker y el propio Sánchez Galán.