La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de asociados de toda España, ha pedido este martes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita o sea cesado por haber "perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo", según consta en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Esta asociación hace esta reclamación poco después de que haya trascendido el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explica por escrito que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue destituido por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Esta nota pone en evidencia que el ministro no dijo la verdad al desvincular la destitución de las injerencias en la investigación judicializada sobre el 8-M;lo enmarcó en "un nuevo impulso" para la Guardia Civil. Eso a pesar de que se comunicó la destitución al afectado un domingo por la noche y todavía no se le conoce sustituto más de una semana después.

Represalias inaceptables

La Asociación Francisco de Vitoria considera por ello "inaceptable" que un Estado democrático permita a un ministro del Interior "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que para este colectivo de jueces "no es otra cosa que una sanción", en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta "pérdida de confianza”.

En el mismo sentido, esta asociación considera que la actuación de Grande-Marlaska "es todavía más reprochable por su condición de magistrado" y, por tanto, por conocer que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales: "Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así", apunta el comunicado respecto a que nadie mejor que Marlaska "era conocedor de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos.

Y finalmente, el comunicado de la Asociación Francisco Vitoria concluye que la destitución del coronel de la Guardia Civil supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar”.