Hay algo en común entre la entrada de la SEPI en Telefónica y el desembarco de Mariano Bacigalupo en la CNMV: la ansiedad del Gobierno por controlar los centros de poder. En ambos casos, la jugada se ha realizado rozando los límites de la legalidad, bajo la premisa del todo -o casi todo- vale.
Uno y otro movimiento están en el foco de la actualidad por distintos motivos. El primero y más importante es el desembarco de la SEPI en Telefónica. El pasado 25 de marzo, la SEPI comunicó que ya posee un 3% de la compañía, valorado en unos 700 millones de euros.
Las intenciones del Gobierno ya eran conocidas (alcanzar el 10% del capital). Lo que se desconocía, sin embargo, es la manera en que Moncloa ejecutaría una operación de semejante envergadura, sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado. Financiar una compra valorada en más de 2.000 millones exige, en teoría, desbloquear una partida presupuestaria 'ad hoc'.
El Ejecutivo, lejos de aportar luz, ha actuado con nocturnidad, acaparando acciones de Telefónica a través de la SEPI. Algunos brokers lo veían venir, a la vista de los movimientos accionariales que se habían producido en torno a la compañía en las últimas semanas. El comunicado de la SEPI del 25 de marzo no hace mención alguna a la fuente de la financiación. El Ministerio de Hacienda tampoco ha dado ninguna explicación.
La información que desvela Mercedes Serraller en Vozpópuli permite entender por qué: el Gobierno ha usado partidas que estaban presupuestadas para ayuntamientos y comunidades autónomas. Habilitar un 'cheque' de 500 millones para pagar las acciones habría exigido un real decreto ley; una vía difícilmente materializable en un momento como el actual, sin cuentas anuales y con una debilidad parlamentaria que dificulta aprobar la operación vía real decreto.
¿Un 'decretazo' para Telefónica?
El Gobierno 'rebaña' partidas presupuestarias porque tiene a su alcance pocas alternativas más. Y porque necesita demostrar que su propósito de entrar en Telefónica va en serio. Lo contrario sería hacer el ridículo ante los mercados. Cosa distinta es que Moncloa pueda alcanzar este año el 10% deseado, difícil de materializar sin un 'decretazo' de por medio, que sólo saldría adelante a cambio de cesiones -más todavía- a los partidos que sostienen a Pedro Sánchez.
El nombramiento de Bacigalupo como consejero de la CNMV es un caso particular y, evidentemente, menos imporante que el asalto a Teléfonica. Pero también simboliza el empeño del líder socialista por lograr sus fines a costa casi de cualquier medio. Ha sido una fundación (Hay Derecho) la encargada de endosarle un dolor de cabeza imprevisto al matrimonio Ribera-Bacigalupo. Según publicó este lunes 'Cinco Días', el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda contra la polémica designación del marido de la vicepresidenta tercera.
El Supremo debe determinar si esta fundación está capacitada para intentar impugnar un nombramiento de este calado. No entrará, pora hora, en el fondo de la cuestión (el fichaje en sí mismo). Pero la mera admisión a trámite remueve una polémica que Bacigalupo y Ribera consideraban zanjada. La Fundación Hay Derecho apunta, exactamente, a donde más les puede doler: la idoneidad de Bacigalupo para desempeñar un trabajo por el que cobra más de 140.000 euros anuales.
No está en duda la profesionalidad del abogado. Es uno de los mayores expertos en regulación energética de España, pero carece de experiencia en bolsas y mercados. Ese es su punto débil objetivo para estar en la cúpula de la CNMV. Subjetivamente, es más que cuestionable que un Gobierno coloque al marido de una actual vicepresidente en un organismo independiente, que maneja información financiera y empresarial muy sensible. El traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos es un buen ejemplo.
Las críticas no frenaron a Sánchez con el nombramiento. Y la falta de Presupuestos tampoco le ha impedido el aterrizaje en Telefónica. No tardará en nombrar un consejero en el operador. En el Ibex se da por hecho que la elección tampoco estará exenta de polémica.
En el horizonte, además, hay otros nombramientos importantes pendientes. Como el del gobernador y la subgobernadora del Banco de España. O los del consejo de la Comisión Nacional de la Energía, un organismo de nueva creación que nace auspiciado, a las claras, por Teresa Ribera; y en la sombra, por Mariano Bacigalupo. Ambos son íntimos amigos de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez. El futuro las instituciones del Estado se decide en un salón familiar del Palacio de la Moncloa.
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La degeneración de la política a niveles que recuerdan al felipismo. Si hubiese alguna justicia en España algún día estos pájaros debieran de refugiarse en el bunker atómico de la Moncloa donde intervino Palomino, el cuñado de Felipe González (devenido en añorada referencia por los bien pensantes actuales).