Economía

El rescate de Plus Ultra llega a la CNMC pero solo Bruselas puede tumbarlo

La CNMC tiene competencias para emitir un informe no vinculante sobre el rescate de Plus Ultra, pero solo la Comisión Europea puede obligar a España a recuperar la ayuda

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

La pelota de Plus Ultra ya está en el tejado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, y la portavoz de Asuntos Económicos en el Congreso de los Diputados, María Muñoz, han remitido a la presidenta del regulador, Cani Fernández, una carta en la que instan al organismo a que se pronuncie sobre el polémico rescate a la aerolínea.

La Ley de Defensa de la Competencia permite a la CNMC emitir un informe no vinculante en el que analice los términos del rescate de 53 millones a la compañía vinculada con Venezuela. Se trata de un documento en el que el organismo estudiaría el impacto en el mercado del rescate a una empresa que, como ha desvelado este medio, solo opera el 0,03% del total de vuelos en España. Cabe señalar que la CNMC no necesita que ni el Gobierno ni nadie les pida intervenir en este asunto, ya que la ley le permite hacerlo de oficio.

No obstante, este informe en ningún caso sería vinculante y el regulador tampoco puede hacer mucho más, ya que las competencias en ayudas estatales las tiene la Comisión Europea, que también puede hacer su propio estudio de las condiciones del rescate y exigir a España que recupere la ayuda de 53 millones acordada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que gestiona el fondo de rescate a compañías afectadas por la pandemia.

Cabe recordar que Garicano ya remitió recientemente otra carta a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para pedirle que la Comisión Europea abriese una investigación formal sobre el rescate. Según expone el eurodiputado, Plus Ultra no reúne los requisitos estipulados para acceder al fondo de rescate.

La presidenta tiene previsto acudir este jueves al Congreso de los Diputados para exponer en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital las líneas de actuación de la CNMC y los planes y prioridades para el futuro, si bien también podría aprovechar su intervención para pronunciarse sobre el rescate de marras.

Un rescate bajo sospecha

El rescate a Plus Ultra está en el ojo del huracán. Por un lado, por el hecho de que al menos el 47% de la compañía es propiedad de empresarios venezolanos cercanos al chavismo y que, además, uno de los fundadores de nacionalidad española fue condenado en 2020 a un año de cárcel por fraude fiscal.

Pero, sobre todo, se ha cuestionado el carácter estratégico de la aerolínea para España y el tejido productivo nacional o regional. El Gobierno ha justificado la concesión de esta ayuda asegurando que la aerolínea "tiene rutas establecidas con algunos países de América Latina que son fundamentales para la conectividad del país". En concreto, la aerolínea conecta España con Venezuela, Perú y Ecuador.

Sin embargo, hay que recordar que hay otras aerolíneas españolas como Air Europa o Iberia que también conectan España con una lista cada vez más amplia de países latinoamericanos. De hecho, la también rescatada Air Europa operó 165.838 vuelos en 2019 en los aeropuertos españoles, acaparando el 6,9% de la cuota de mercado.

Por contra, el peso de Plus Ultra en la conectividad aérea de España es ínfimo. En 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total. En consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking por tráfico en España.

Con el coronavirus, su situación empeoró. En enero de 2021 la aerolínea sólo operó dos vuelos en los aeropuertos españoles. En febrero, un mes antes de ser rescatada, no operó ni un solo vuelo, según las estadísticas de Aena. De hecho, este periódico también ha revelado que Plus Ultra sólo tenía un avión cuando recibió la ayuda del Gobierno.

Además, Plus Ultra acumulaba pérdidas desde su creación en 2011, tal y como avanzó este periódico. En el ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2020, justo antes del coronavirus, registró unos números rojos de 2,78 millones. De hecho, antes de acudir a la SEPI, solicitó un préstamo avalado por el ICO (por el Estado) y la banca se negó a concedérselo por el riesgo que suponía la operación, tal y como ha avanzado Vozpópuli.

Finalmente, este periódico ha desvelado que la sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. evitó la disolución antes de la covid con un préstamo participativo de una entidad panameña por valor de 6,3 millones de euros. De no ser por este préstamo participativo, Plus Ultra Líneas Aéreas se tendría que haber declarado en causa de disolución, puesto que el patrimonio neto estaba por debajo de la mitad del capital social de la empresa.

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