Hachazo municipal: Hacienda aprueba subidas de la plusvalía de hasta el 38% en 2024

El Real Decreto-ley de ayudas y ajustes por la prórroga presupuestaria incluye subidas de la plusvalía municipal de hasta el 38% desde enero. La norma recoge la actualización de los coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos a la hora de calcular el impuesto que debe hacerse en los Presupuestos.

Los inmuebles adquiridos entre 2015 y 2020 son los que experimentan una mayor subida en un periodo. Pero hay un caso en el que la subida es del 38% y es el de los inmuebles que se compraron en 2003-2004, cuyo coeficiente pasa de un 0,29% a un 0,40%.

Se trata de la segunda vez que se actualizan estos coeficientes, cuando el 26 de octubre se cumplieron dos años de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el impuesto y que Hacienda lo sustituyó a toda prisa por el vigente mediante un Real Decreto-ley que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021.

Esta norma establece que los coeficientes se actualizarán cada año, por ejemplo, en la ley de Presupuestos, y en sus dos primeras ediciones sorprende que en lugar de actualizar el año que acaba, casi cerrado, y poner al día de manera lineal el resto de ejercicios cuya situación inmobiliaria ya es inalterable y Hacienda calculó ya en los primeros coeficientes que contiene la norma, el Fisco incluya ahora cambios notables en algunos años, según su compraventa se realice en el año que acaba o en el anterior.

En el caso de que se trate de un mismo inmueble comprado en 2015-2016, con un periodo de generación de ocho años, si se transmite en 2024, como consecuencia de la revisión de los coeficientes, la cuota se incrementa un 6% respecto a 2023. Si se adquirió en 2016-2017, hace siete años, la subida es del 5%. Vuelve a ser del 6% si la compra fue en 2017-2018 y 2018-2019, con unos periodos de generación de seis y cinco años, respectivamente.

El incremento mayor en este periodo, del 7%, es para los inmuebles que se adquirieron en 2019-2020, hace cuatro años.

También hay dos bajadas, una del 11% para inmuebles adquiridos en 2002, a partir de 20 años de antigüedad, y otra del 7% para los comprados en 2021-2022. El periodo que va entre 2004 y 2015 se mantiene sin cambios, así como 2020-2021 y 2022-2023 y las compras en un lapso inferior a un año.

Estos coeficientes operan como máximos. Los ayuntamientos no están obligados a replicarlos salvo que quieran hacerlo. Las subidas pueden ser por lo tanto un guiño a los consistorios, que han reclamado un fondo de compensación por lo que han perdido con la anulación del impuesto y con su nueva configuración y una vez que la tramitación del Real Decreto-ley que crea la nueva plusvalía como proyecto de ley en el Congreso, que el Gobierno tenía paralizada, ha decaído definitivamente con las elecciones.

Llama la atención que haya cambios significativos para inmuebles cuya antigüedad no cambie respecto al año pasado, es decir, que el periodo de generación no haya saltado todavía de año. Así por ejemplo, un inmueble adquirido en 2015-2016 que mantenga una generación de ocho años si se vende en 2024 respecto a 2023, hay un incremento del 27%, su coeficiente pasa del 0,15% al 0,19%.

Subidas sin motivar

Manuel Esclapez, abogado especialista en Procesal Tributario en PwC Tax & Legal y miembro del Grupo de expertos en Haciendas locales y valoración catastral en la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), advierte de que es lógico que si se salta de año haya ciertos cambios y subidas, ya que el impuesto grava el incremento de valor del terreno urbano en el tiempo y se adecúa al mercado inmobiliario, como plantea el TC, pero no si no es así. "Hacienda debería motivar por qué lo hace", señala.

El nuevo impuesto tiene vocación de quedarse. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pasado marzo el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que regula la nueva plusvalía municipal que anuló el propio TC el 26 de octubre de 2021. El fallo salvó el impuesto de la primera gran embestida a la que se enfrentaba y que de haberse estimado, habría supuesto un importante roto a las arcas públicas, además de añadir más inseguridad jurídica a la que ya rodea a la plusvalía municipal.