CCAA denuncian que el Gobierno desvía a Telefónica fondos previstos para Sanidad y Educación

"Es una muestra más de las prioridades de este Gobierno: la amnistía y la intervención de una empresa estratégica, en lugar de la financiación de los servicios básicos de Sanidad y Educación". Así plantean desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la aportación patrimonial a la SEPI de 2.000 millones de euros que ya ha hecho Hacienda para que entre en Telefónica, de la que el Gobierno no les ha informado, y que se ha hecho a cargo de fondos consignados para la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, como ha avanzado Vozpópuli.

Se trata de una denuncia que comparte la mayoría de comunidades autónomas y un buen número de ayuntamientos, según ha podido constatar este periódico. Y que se ve agravada por el hecho de que muchos de ellos tienen tensiones de tesorería porque el Gobierno mantiene las entregas a cuenta prorrogadas, lo que en todo caso se actualizará en las enmiendas al Real Decreto-ley anticrisis, que se tramita como proyecto de ley.

Sin embargo, para financiar la entrada en Telefónica, el Ejecutivo ha descartado recurrir a una norma con rango de ley, lo que los expertos consultados por este periódico creen que es la vía ortodoxa, y ha recurrido a un enjuague presupuestario a cargo de fondos de CCAA y Ayuntamientos.

La consellera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha mostrado su preocupación por el hecho de que todavía no haya ninguna comunicación del Gobierno sobre la actualización de las entregas a cuenta porque la prórroga les "está suponiendo ingresar alrededor de 90 millones de euros menos todos los meses" desde enero.

"Si tanto le preocupa la financiación de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, lo que debe hacer Montero es garantizar cuanto antes los 1.793 millones que el Gobierno ha dejado en el aire con la prórroga de los Presupuestos que no estamos ingresando porque el Gobierno ya llega tarde", subraya.

Otra comunidad infrafinanciada, Murcia, ha expresado este viernes su indignación. El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, ha subrayado que la Región de Murcia es la comunidad peor financiada y que el Ministerio de Hacienda adeuda 71 millones de euros desde principios de año por la no actualización de las entregas a cuenta. En caso de no actualizarse, esto supondría que la Región de Murcia dejaría de recibir 284 millones de euros que le corresponden de 2024.

Marín exige al Gobierno de España que el fondo para financiar a las comunidades y ayuntamientos "no se toque" y lo que tiene que hacer "es actualizar de manera inmediata las entregas a cuenta, y dejar de castigar ya de una vez a los gobiernos autonómicos y locales".

Desde el Govern balear confían en que "el Gobierno central cumpla sus compromisos con las comunidades autónomas porque sería un escándalo que no lo hiciese".

Tensiones de tesorería

Las comunidades autónomas están sufriendo tensiones de tesorería por el retraso de Hacienda en la actualización de las entregas a cuenta, según ha podido constatar Vozpópuli.

Esta situación se produce cuando María Jesús Montero les ha comunicado que en 2024 recibirán los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, 134.658 millones de las entregas a cuenta, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

La prórroga de las entregas a cuenta implica que las comunidades tienen 31.000 millones menos, lo que está causando problemas de tesorería y puede impactar en el periodo de pago a proveedores, especialmente en las que tienen unas cuentas menos saneadas.

El pasado enero, la consellera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, contestó a una pregunta parlamentaria sobre si estaba retrasando su periodo de pago a proveedores y reconoció "algún caso puntual de no cumplimiento del PMP, principalmente de entidades que integran el sector público no administrativo". 

Ingeniería contable para asaltar Telefónica

A falta de nuevos Presupuestos y sin poder recurrir a la deuda, el Gobierno ha hecho ingeniería contable para financiar la Operación Telefónica. Hacienda tiene reservada ya una partida de 1.500 millones de euros que estaba presupuestada inicialmente para las comunidades autónomas. Esta se suma a los 500 millones adjudicados a las entidades locales que el Ejecutivo -como avanzó Vozpópuli- ha transferido a la SEPI.

El Gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, cuenta ya con los 2.000 millones de euros necesarios para acometer el desembarco total en Telefónica. El objetivo de Moncloa es hacerse con el 10% del capital, una operación que está valorada, precisamente, en esa cantidad. El siguiente paso es formar parte del consejo de administración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este mismo jueves que "por supuesto" pedirán oficialmente un sillón.

Las cifras de ejecución presupuestaria van desvelando el modus operandi del Ejecutivo para financiar el 'asalto'. 

En concreto, los 1.500 millones estaban asignados al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, como muestran los anexos de la ejecución presupuestaria de febrero. Éstas contaban con un crédito inicial de 15.000 millones de euros, del que resta un crédito definitivo de 13.500 millones al haberse consignado una obligación reconocida neta de 1.465 millones.

Como ha desvelado este periódico, esta operación se recoge en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 vigente, que sólo reseña 16.000 millones de euros en concepto de "Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales", esto es, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos (FLA y pago a proveedores). De estos 16.000 millones, el Fisco ha desviado ya 500 para la entrada del Estado en Telefónica.

Fuentes de Hacienda confirman que esta cantidad viene del Capítulo 8, en el que no hay ninguna partida de este tipo y la única que está consignada con cuantía suficiente son los citados 16.000 millones para entes territoriales.

En el Informe de Estado de Ejecución de la prórroga presupuestaria de febrero se recoge al final que el Ministerio de Hacienda ya ha hecho una aportación patrimonial a la SEPI de 2.000 millones de euros.