Las CCAA sufren ya problemas de tesorería al retrasar Montero las nuevas entregas a cuenta

Las comunidades autónomas están sufriendo problemas de tesorería por el retraso de Hacienda en la actualización de las entregas a cuenta, según ha podido constatar Vozpópuli.

Esta situación se produce cuando María Jesús Montero les ha comunicado que en 2024 recibirán los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, 134.658 millones de las entregas a cuenta, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

La prórroga de las entregas a cuenta implica que las comunidades tienen 31.000 millones menos, lo que está causando problemas de tesorería y puede impactar en el periodo de pago a proveedores, especialmente en las que tienen unas cuentas menos saneadas.

La actualización de estos pagos se produce generalmente en los Presupuestos, pero no tiene por qué ir en las Cuentas, basta que se apruebe en una ley o un Real Decreto-ley. Así lo hizo la propia Montero el 11 de octubre de 2019.

Pedro Sánchez disolvió las Cortes en marzo de 2019 porque el Congreso tumbó sus Presupuestos y el Gobierno entró en funciones tras las elecciones del 28 de abril. En un periodo incierto, las comunidades plantearon qué se les comunicara qué iba a pasar con las entregas a cuenta de 2020. La ministra de Hacienda aseguraba en el verano que no podían actualizar por Real Decreto-ley y que un informe de la Abogacía del Estado así lo argumentaba.

Pues bien, en octubre aseguró que la Abogacía del Estado le planteaba que sí podía hacerse.

Las comunidades cuentan con 31.000 millones menos mientras no se actualicen las entregas a cuenta y no se produzca la liquidación de 2022, que se prevé para el verano.

Este problema de la falta de actualización ha quedado en un segundo plano tras el anuncio de la cuantía de las entregas a cuenta previstas que hizo Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 11 de diciembre y, sobre todo, por el enfrentamiento que vive con las comunidades en las que gobierna el Partido Popular por el veto de la mayoría popular en el Senado a su senda de estabilidad, el pistoletazo de salida de la tramitación de los Presupuestos.

El foco está puesto en el veto del Senado y para sortearlo Montero amenaza con un ajuste duro si la Cámara Alta no valida sus objetivos, para lo que asegura que cuenta, de nuevo, con la cobertura de un informe de la Abogacía del Estado.

En caso de que en dos ocasiones no se aprueben por las dos Cámaras los objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, en el Programa de Estabilidad, un objetivo del cero para las comunidades en lugar del déficit del 0,1% que ahora plantea. Es decir, la amenaza es que si el PP no avala los objetivos, a las CCAA se les impondrán unos más exigentes

Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli no valoran positivamente esta estrategia, que además de abocar a un nuevo choque institucional, prepara ya un incumplimiento del déficit.

No habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes. El Estado no podría exigir a las comunidades que cumplan. El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas. 

La amenaza de este ajuste duro no preocupa a las CCAA. A diferencia del retraso de la actualización de las entregas a cuenta, que sí genera tensiones.

"Las entregas a cuenta de 2024 serán las mayores de la historia y está garantizado que las comunidades autónomas las recibirán. Estas se actualizarán con o sin presupuestos, tal y como dijimos que se podía hacer.", trasladan fuentes de Hacienda.

Tensiones en Cataluña

El pasado enero, la consellera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña contestó a una pregunta parlamentaria sobre si estaba retrasando su periodo de pago a proveedores que "la voluntad del Gobierno es, evidentemente, cumplir la normativa sobre el control de la deuda comercial y la lucha contra la morosidad, aspectos introducidos por la Ley orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el sector público y que el conjunto del sector público de la Generalidad en términos APSEC cumpla cada año con los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, siguiendo la metodología de cálculo que fija el Real Decreto 1040/2017".

"Para conseguir este objetivo el Gobierno aprobó el 24 de noviembre de 2020 una serie de medidas para mejorar el período medio de pago de las facturas de proveedores en el conjunto de las distintas entidades clasificadas en el sector administraciones públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y de la Administración de la Generalidad de Cataluña", añade.

Y asegura que las medidas llevadas a cabo han permitido una reducción del período medio de pago mensual (PMP) pasando de los 39,54 días al cierre de 2019 a los 22,95 días al cierre de 2022.

Eso sí, reconoce "algún caso puntual de no cumplimiento del PMP, principalmente de entidades que integran el sector público no administrativo".

Desde la Conselleria de Economía trasladan que es falso que que haya problemas para pagar y que en enero se hizo con normalidad. Explican que al no haber Presupuestos del Estado, el dinero de las entregas a cuenta no se han actualizado y están recibiendo menos del que les correspondería. En este punto admiten que esto provoca algún desajuste, pero advierten de que han pedido al Estado que pague ese dinero y creen que lo hará, como en otras ocasiones.

Fuentes de Pimec niegan retrasos en el pago a proveedores. En diciembre cerraron con promedios de pago a 24 días, lo que extienden a enero. Ven un problema en las entregas a cuenta por la demora en la aprobación de los Presupuestos, pero creen que de momento no hay riesgo en los pagos.