Tras la guerra abierta en el Gobierno de coalición por la reducción de la jornada laboral, las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, afrontan un nuevo choque por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opone a la idea de su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero, de no acompañar la subida del SMI de 2025 con una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los beneficiados que evite que buena parte se quede en las arcas públicas.
El Ministerio de Trabajo pretende aplicar la subida del SMI más elevada de la horquilla recomendada por el comité de expertos, un 4,4% (que se traduce en unos 50 euros más al mes). Así lo trasladó a los agentes sociales en la primera reunión celebrada este miércoles, tras la recepción oficial del informe por parte de los expertos. Sin embargo, dicho documento, en el que han participado representantes de Economía, Trabajo y Hacienda, ya contempla que el mínimo exento del IRPF no se actualiza, frente a lo que ocurría en años anteriores.
El límite exento del IRPF actualmente está en los 15.876 euros, que es el actual salario mínimo. El debate ahora está en si ese tope se actualiza en un 4,4% como el salario mínimo, hasta los 16.576 euros, o se mantiene en los 15.876 euros, como plantea Hacienda y ya se refleja en el informe de los expertos. Si el tope de IRPF no se actualiza con el SMI para que las dos cifras coincidan, el salario mínimo actualizado de 2025 superará el umbral de declaración y los trabajadores tendrán que pagar hasta un 43% de la subida prevista.
En Hacienda estudian este cambio a la vista del fuerte incremento que viene experimentando el SMI, del 54% desde 2018, afectando cada vez a más asalariados y con un impacto cada vez más importante en la recaudación. Y todo esto en un contexto de regreso de las reglas fiscales este año. Desde el Ministerio de Trabajo se oponen a esta medida, aunque reconocen que es competencia de Hacienda. "Es una competencia exclusiva de Hacienda, pero la versión de Trabajo es nítida: el mínimo exento de IRPF tiene que ajustarse a la nueva subida del SMI como en los últimos años por una cuestión de justicia social", dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, este miércoles tras la reunión con los agentes sociales.
De esta forma, Díaz pasa la 'patata caliente' a Hacienda, responsabilizando al Ministerio socialista si llegado el momento los trabajadores con SMI tienen que soportar más carga fiscal, y advierte de que será Montero quien deberá planteárselo a los sindicatos. Ya ocurrió algo similar a finales del año pasado, cuando se obligó por primera vez a los parados a presentar declaración, con un impacto de hasta 178 euros. En aquel momento Hacienda responsabilizó a Trabajo por incluirse en el Real Decreto-ley 2/2024 de 21 de mayo de medidas urgentes para la simplificación y mejoras del nivel asistencial de la protección por desempleo. Trabajo afirmó que se había introducido "a petición de Hacienda".
Presión de los sindicatos
Pese al intento de Díaz de desvincularse de la medida, la decisión sobre la tributación del SMI afectará al resultado de la mesa de diálogo social que aborda el aumento del SMI y que preside la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. UGT ya ha advertido que rechazará automáticamente un acuerdo para subir el Salario Mínimo si no queda exento de IRPF. Tampoco los empresarios están por la labor de alcanzar un acuerdo si Díaz no rebaja la subida de los 50 euros mensuales, algo que en el Ministerio de Trabajo descartan.
En cualquier caso, será el Gobierno quien tenga la última palabra. El año pasado ya subió el SMI un 5%, en un acuerdo bilateral con los sindicatos. CEOE y Cepyme se descolgaron del acuerdo alegando que no se habían atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Tanto el Ministerio como los sindicatos estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si la patronal se sumaba a un pacto tripartito, pero advirtieron de que sería más ambiciosa si no lo hacía.
Las organizaciones sindicales han reclamado que el salario mínimo suba por encima del 4,4%, entre un 5% y un 6%, hasta alcanzar en torno a los 1.200 euros. Según Trabajo, la patronal no planteó ninguna cifra y evaluará su posición el 22 de enero, en la próxima reunión de la Mesa. Desde CCOO presionan con una subida mayor si no se ajusta el IRPF: "Consideramos que el 4,4% no garantiza que alcance el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea si realmente va a haber una carga fiscal sobre los salarios mínimos".
El informe de los expertos refleja que si el SMI se incrementa un 4,4% y se incrementa el mínimo exento de IRPF hasta el mismo nivel, los beneficiarios ya cobrarían más que el 60% del salario medio neto en España. En cuanto a UGT, que también reclama una subida más ambiciosa, se muestra tajante y pide saber la decisión de Hacienda antes de cerrar un acuerdo con Trabajo: "Es vital que la subida del SMI esté exenta de tributación y cuando lleguemos al acuerdo, si llegamos, tenemos que tener encima de la mesa todos los elementos que influyen en el SMI, y este es uno de ellos".
La reducción de la jornada laboral
El otro escollo en el seno del Ejecutivo, y el más grande en estos momentos, es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Díaz acusó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de "casi mala persona" y de "bloquear" la aprobación urgente de la iniciativa en el Consejo de Ministros, algo que Cuerpo desmintió. Desde Economía mantienen que la reducción de jornada es "una prioridad", pero consideran que debe examinarse con todos los ministerios económicos y apoyando a las empresas.
Díaz, sin embargo, exige hacerlo por la vía de urgencia y que no se modifique ni una coma del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre, que plantea la reducción en 2025 sin reducción de salarios y sin ayudas a empresas. Los ministros se reunieron el lunes, por primera vez desde el inicio del conflicto y a petición de Díaz, pero no lograron limar las diferencias y el encuentro se cerró sin acuerdo. Este miércoles, en esta ocasión a petición de Cuerpo, se volvieron a ver y firmaron una tregua al acordar llevarlo a la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el 27 de enero.
Esta negociación en el seno del Gobierno de coalición ha coincidido con la votación de la Mesa del Congreso sobre la petición de cuestión de confianza de Junts. En una jornada agónica e intensa, Sumar pospuso hasta el último momento su decisión definitiva sobre si rechaza junto al PSOE la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, en función del resultado de la reunión con Cuerpo sobre la reducción de jornada.
