En plena polémica y tensión en el seno del Gobierno por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, abogados laboralistas cargan contra el planteamiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la presentación del informe 'Las necesidades organizativas y productivas de las empresas y las respuestas del ordenamiento jurídico' encargado por CEOE y su think tank, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), los autores denunciaron este lunes que Díaz pretende modificar la jornada efectiva, no la máxima, y ese es un "terreno vedado a la negociación colectiva".
La guerra que en los últimos días han protagonizado la ministra de Trabajo y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, se agudizó el pasado 3 de enero cuando Díaz le tildó de "casi mala persona" por "decir no a reducir la jornada media hora al día". Esto es, pasar de las 40 horas semanales máximas a las 37,5 horas. La patronal rechazó en noviembre la propuesta al considerarla una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución".
Ahora los expertos coinciden en que "si empezamos a bajar de 40 horas no se habla de jornada máxima, sino de jornada efectiva". Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, abogado en Garrigues y director del informe, aseguró que "el planteamiento actual del Gobierno es inconstitucional", porque "en su artículo 37 la Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva, y ese derecho se puede ver condicionado con la fijación de la jornada máxima, pero no de la jornada efectiva".
"La ministra ha dicho que quiere que se trabaje media hora menos al día, pero es no lo puede hacer un legislador. El ordenamiento español garantiza el derecho a la negociación colectiva y eso impide la fijación de la jornada efectiva de trabajo por parte del legislador", añadió. En su opinión, esto "debe ser un terreno exclusivo de la negociación colectiva, y los poderes públicos pueden incentivar o establecer estímulos para los negociadores, pero no deben incidir en la regulación de la jornada efectiva de trabajo, que es lo que las declaraciones ponen de manifiesto que se quiere tocar".
En la misma línea, Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, of counsel en Pérez-Llorca y coordinadora del informe, comentó que "la reducción de jornada se está convirtiendo en un debate muy simplista por parte de las autoridades ministeriales", pues conecta con todos los demás recursos jurídicolaborales del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se puede hacer de forma fragmentada. "Debe hacerse en el marco de la negociación colectiva", pero "el Gobierno entró como un elefante en una cacharrería, prácticamente no dejó oportunidad", dijo.
El 'mantra' de la productividad
El informe también lo firman Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en ESADE Law School y presidente de honor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos; Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y consultor jurídico en Abdón Pedrajas Littler; Jesús R. Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y counsel en Uría y Menéndez; e Iñigo Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria y presidente de Sagardoy Abogados.
En el documento se apunta que "la propuesta política de reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales de media en cómputo anual —1.712 horas— frente a las 40 horas vigentes (1.826 horas) sin reducción salarial puede ser transmitida con argumentos atractivos, pero parte de tres premisas muy cuestionables". Los académicos y abogados cuestionan "la verdadera necesidad" de una ley para reducir la jornada laboral cuando "España tiene una jornada legal máxima dentro de las medias europeas y, sobre todo, cuando la negociación colectiva tiene plena capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad". Mencionan que gran parte de los convenios tienen ya reducciones de la jornada legal más o menos intensas.
También cuestionan la premisa del Ministerio de Trabajo de que reducir la jornada laboral por ley incrementa la productividad: "Los análisis empíricos muestran que sucede lo contrario, siendo los incrementos de productividad los que permiten reducir las jornadas laborales y subir salarios". Esta es la tesis que mantiene CEOE, quien aseguró el pasado domingo que para que España logre tener una productividad similar a la media europea, su jornada efectiva debería situarse en el entorno de las 41,2 horas semanales.
Este lunes, Yolanda Díaz acusó a la patronal de "no entender lo que es la productividad" que "en España está creciendo un 2,5%". En su opinión, CEOE "debería reconocerlo y dejar de ir contra el bienestar de la gente trabajadora". Sin embargo, el propio ministro de Economía habló la pasada semana de la productividad en el sentido en el que apuntan los empresarios. "Tenemos que conseguir que las empresas sigan ganando productividad para atraer mayores salarios y avanzar en la reducción de la jornada", dijo.
Salarios y otras consecuencias "colaterales"
Por último, en el citado informe, los expertos dudan que la reducción legal de la jornada laboral máxima a 37,5 horas por ley no disminuya los salarios, como asegura el Ministerio de Trabajo. "Puede ser cierto en un primer impacto", pero "los convenios colectivos se renegocian y esta imposición legal puede conllevar una posterior distribución de costes y riesgos en determinados sectores, con moderación salarial en el medio y largo plazo hasta compensar la reducción legal inmediata", advierten.
Finalmente, mencionan otras "consecuencias colaterales no deseadas", como el aumento de horas extraordinarias, la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales, la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos, el aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas de prestación, o la puesta en riesgo de la desconexión digital si se mantienen exigencias de rendimiento.
En este contexto, concluyen que "los fundamentos de la medida resultan débiles y sus consecuencias excesivamente arriesgadas" y "la reducción de la jornada debe ser canalizada a través de la negociación colectiva, con flexibilidad, y no desde la ley. Además, en su opinión, "tampoco parece que tenga mucho sentido" la propuesta de compensar, mediante bonificaciones o subvenciones, el impacto que la reducción de jornada pueda tener para las pymes. Estas ayudas, que estaban sobre la mesa, fueron retiradas en el acuerdo entre Díaz y los sindicatos tras el rechazo definitivo de CEOE a la propuesta.
Sin embargo, en las últimas semanas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tendido puentes de nuevo con los empresarios, así como con PNV y Junts, cuyo apoyo a la norma en el Congreso se prevé decisivo. Los académicos y abogados laboralistas consideran que "este planteamiento presupone aceptar que la reducción de jornada tiene un efecto negativo para las empresas, afectando a la productividad del trabajo y a los resultados empresariales, que es lo que, precisamente, debe tratar de evitarse".
Díaz acusó la pasada semana a Cuerpo de "bloquear" la aprobación urgente de la iniciativa en el Consejo de Ministros, algo que Cuerpo desmintió. Desde Economía mantienen que la reducción de jornada es "una prioridad", pero consideran que debe examinarse con todos los ministerios económicos y apoyando a las empresas. Díaz y Cuerpo se reunieron en la tarde del lunes para intentar acercar posturas en relación a la reducción de jornada, una iniciativa que desde ambos lados se considera "un compromiso del Gobierno".
Pese a los esfuerzos realizados, Díaz y Cuerpo no lograron limar las diferencias que les separan respecto a la reducción de la jornada laboral y la reunión se cerró sin acuerdo. "Las cosas no han ido bien", explicaron fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Una versión que contrasta con la que trasladan desde el entorno del ministro de Economía, que hablan de "ánimo cordial y constructivo" entre los dos compañeros de Consejo de Ministros, y aseguran que se han "emplazado a seguir negociando".
trasdexaneiro
14/01/2025 03:31
Los abogados laboralistas, se dediquen a lo ''suyo'', informar y asesorar a los trabajadores. No a confundir y fomentar la desconfianza en el seno de los sectores productivos del País.
salvador68.srg
14/01/2025 06:10
Menudo problema para el Régimen. Entonces Cándido para que está si no es para constitucionalizar o no, lo que interese al Golpe.
lahonorable
14/01/2025 06:25
todo el mundo quiere trabajar menos pero nadie da duros a pesetas
farmyardcheek
El PSOE es el cámcer de España desde 1934
esnalar
14/01/2025 13:20
Si solo fuera inconstitucional, sería una cuestión, se podría decir, barata para la sociedad. Pero que es que va a ser una desgracia para el IPC y el futuro del PIB español. Con el €uro, el café pasó a costar 160ptas. Con este asunto de la Yoli, habrá que dejar de tomar café y sustituirlo por achicoria.
susamy
15/01/2025 00:49
¿Y de la jornada de 35 horas de los funcionarios si es viable? 🤔. Si ya de por sí no eran productivos, pues con 35 😬. ¿No somos iguales ante la Ley?. También queremos no sólo una jornada 37,5, si no 35 horas cómo los funcionarios 😎
susamy
15/01/2025 01:01
¿Y la jornada de 35 horas de los funcionarios?, ¿Y por qué ellos si pueden reducirse su jornada y el resto no? 🤔