Infraestructuras

El Gobierno se obliga a relicitar en un año las ocho concesiones de peaje en quiebra

A comienzos de 2018, el Ejecutivo asumirá el control de las concesiones y antes de que finalice el año tendrá que volver a dejarlas en manos privadas. Una urgencia relacionada con aspectos económicos y jurídicos que podría poner en ventaja a los aspirantes a hacerse con los activos.

Las autopistas de peaje en quiebra seguirán funcionando.
Las autopistas de peaje en quiebra seguirán funcionando.

A mediados del próximo mes de enero, siete de las ocho concesionarias de autopistas de peaje en situación de quiebra quedarán bajo el control del Estado con el fin de que el Gobierno vuelva a licitarlas. La restante, la AP-41 (Madrid-Toledo), lo hará en abril. En cualquier caso, el proceso será muy rápido. El convenio entre el Ministerio de Fomento y Seittsa, la sociedad pública que se hará cargo provisionalmente del control de las concesiones, contempla que en ningún caso éstas seguirán bajo el paraguas de la Administración Pública en 2019. Es decir, en menos de un año, el denominado “rescate de las autopistas en quiebra” (terminología rechazada por el ministro, Íñigo de la Serna) deberá estar concluido.

La urgencia no es el factor más conveniente para un proceso de este tipo, en el que el Gobierno debe tratar de obtener los mayores ingresos posibles de la relicitación de las concesiones. Ese dinero tendrá que compensar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), esto es, lo que el Estado debe pagar por aquellas inversiones que han sido realizadas en las diferentes concesiones y que está pendiente de amortización. Quién más, quién menos puede pensar que las prisas penalizarán al Ejecutivo en su intento de cerrar este episodio de la mejor forma posible. Y lo más probable es que así sea.

Sin embargo, el margen de maniobra era escaso. El asunto debe ser resuelto cuanto antes con el fin de que la operación repercuta lo menos posible en las cuentas públicas y, sobre todo, en el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% como exige la Comisión Europea.

Estado propietario

Además, también hay argumentos jurídicos que desaconsejan mantener durante mucho tiempo la interinidad del Estado como propietario y gestor de las concesiones. De prolongarse demasiado en el tiempo, los tenedores de la deuda de las concesionarias, en su mayoría fondos oportunistas que la han ido comprando a las entidades financiera a precios prácticamente de derribo, podrían demandar a Seittsa, entre cuyas competencias no se encuentra precisamente el papel que adquirirá a partir del próximo año.

Esta urgencia también exigirá al Gobierno diseñar con rapidez el modelo que adoptará para realizar la nueva licitación. El Ministerio de Fomento ha esgrimido la posibilidad de agrupar las concesiones en lotes para facilitar el proceso. En cualquier caso, hasta la Administración ya han llegado propuestas para llevar a cabo la relicitación.

Los cálculos del Gobierno, incluidos en un anexo del convenio, estiman que las concesiones revertidas generarán al Estado un beneficio de 34,3 millones de euros. La cifra supone un mínimo porcentaje de la que tendrá que asumir por la citada RPA. Una cuantía que aún está por concretar pero de la que difieren de forma notable el Gobierno, el Tribunal de Cuentas y las empresas de infraestructuras que aún componen el accionariado de las concesionarias.

En la actualización del Programa de Estabilidad, el Gobierno recoge un importe de 3.500 millones de euros para atender tanto la RPA como el coste de los procesos judiciales derivados de las quiebras en cadena de las concesionarias. No obstante, Fomento ha reiterado en numerosas ocasiones que la cifra no alcanzará ni mucho menos tal cuantía.

Un punto de vista diferente del defendido por el Tribunal de Cuentas, cuyas estimaciones se van por encima de los 3.700 millones de euros. Y, mientras, los accionistas de las concesionarias apuntan al entorno de los 5.000 millones, toda vez que a la RPA (que estiman en algo más de 4.000 millones) hay que añadir cuestiones como los préstamos participativos otorgados en su día (que el Gobierno cuantifica en unos 500 millones) y otros capítulos que vendrían a sumar unos 1.000 millones adicionales.

Todo apunta a que los tribunales dirimirán finalmente la cuantía porque el acuerdo se antoja quimérico. El objetivo del Gobierno, en cualquier caso, será ingresar lo máximo posible por el proceso, por lo que pudiera ocurrir. Eso sí, los interesados ya cuentan con la notable pista de que el Ejecutivo tiene prisa por cerrar la operación.


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