Los maestros critican el deber de entregar copias de exámenes corregidos a los padres

El derecho de las familias a reclamar a los profesores una copia de los exámenes corregidos de sus hijos cada vez alcanza a más Comunidades Autónomas y los maestros españoles alertan sobre los "límites a la autoridad" del profesorado que supone. La última polémica se ha desatado en Valencia y, a partir de ahora, los centros de la Generalitat estarán obligados a entregar una copia de los exámenes corregidos a los padres y alumnos que lo soliciten.

"Como funcionarios estamos obligados a cumplir la normativa y lo que ordenan las consejerías de educación. Pero es clave incluir a las familias en el funcionamiento de los centros y, para ello, los docentes necesitamos comunicación directa", defienden desde el sindicato independiente de profesores ANPE. Por ello, abogan por tutorías en lugar de una normativa que les parece "desproporcionada y excesiva".

"No creemos que convertir un examen de un alumno en un procedimiento frío de copia de documentos ayude en su proceso de aprendizaje. Un centro educativo no funciona como Hacienda. Apostamos por la comunicación directa a través de tutorías entre la familia y los docentes para poder afrontar los problemas que el alumno puede tener en el proceso enseñanza aprendizaje", inciden.

No creemos que convertir un examen en un procedimiento frío de copia de documentos ayude al aprendizaje. Un centro educativo no funciona como Hacienda

Fuentes del Ministerio de Educación explican que en la normativa estatal no hay ninguna referencia concreta al derecho de los padres a ver los exámenes de sus hijos. "La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) establece algunos derechos que tienen que ver con ello, pero sin tanto detalle", señalan en referencia a los Artículos 4.1 y 6.3. 

En ellos se habla del derecho de los padres o tutores "a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos" y del derecho de los alumnos "a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad".

A partir de estas disposiciones, continúan, las comunidades autónomas regulan lo que consideran necesario. "Normalmente tienen una norma sobre derechos y deberes, o sobre derecho a la evaluación objetiva, o sobre convivencia, en la que detallan lo que estiman necesario", aclaran.

El rol del Defensor del Pueblo

Por lo general, estas normas regionales parten de aceptar las distintas peticiones del Defensor del Pueblo. "En 2016 iniciamos una actuación de oficio. Ese mismo año, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las administraciones educativas del Principado de Asturias y de las comunidades autónomas de las Illes Balears, Extremadura, Madrid, Comunitat Valenciana y País Vasco nos informaron de que tenían aprobadas ya normas en las que se reconocía expresamente el derecho de madres, padres y alumnos a obtener copias de los exámenes y pruebas de evaluación realizados", explican fuentes del Defensor del Pueblo.

Y añaden que el resto de administraciones les manifestaban su intención de dictar instrucciones favorables a su postura. Sin embargo, en algunos casos los profesores se han negado a entregar copias de exámenes a las familias y muchos padres ni siquiera saben que tienen derecho a reclamarlas. Por otro lado, en algunas comunidades aún no hay normativa al respecto.

Tras las reclamaciones de las familias, donde los padres no tenían acceso a los exámenes de sus hijos y la reclamación de los mismos generó el conflicto, el Defensor del Pueblo valenciano trasladó una petición el pasado noviembre a Educación y ya han enviado las instrucciones a los centros educativos no universitarios para que faciliten copias de los exámenes una vez estén corregidas.

División en la comunidad educativa

La alerta ha saltado en otras regiones que aún no disponen de regulación, como Galicia. La Consejería de Educación gallega no ve necesario regular la revisión de exámenes por parte de los padres y aboga por mantener la comunicación entre profesores y padres a través de tutorías.

"¿Son las familias especialistas para revisar los exámenes y cuestionar los criterios de evaluación? ¿Van a acudir con esa copia a algún especialista para que le des una opinión fuera del centro? ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si se cuestionan las pruebas de la selectividad? ¿Van a ser corregidas de nuevo?", cuestionaba el presidente del sindicato docente ANPE en la Comunitat Valenciana, Laureano Bárcena, cuando el Gobierno valenciano dio luz verde a la normativa.

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, defiende que no solo tienen derecho a conocer la nota, sino también los fallos. Por otro lado, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, cree que debe ser un derecho de los estudiantes y de los padres porque aporta "transparencia" al sistema educativo, aunque añade que el objetivo de esta medida "siempre tiene que ser la mejora".