Los policías locales también serán movilizados en el cierre de colegios del 1-O

Los policías locales que operan en Cataluña también serán movilizados en el operativo que, como informaba este viernes Vozpópuli, se encargará de la clausura de los colegios del 1-O. Según ha podido saber este diario de fuentes oficiales, la Fiscalía dará orden a la Policía Judicial de impedir la apertura de estas sedes una vez se conozcan los inmuebles designados para el referéndum ilegal de independencia. Esa tarea de Policía Judicial la desarrollarán, como es habitual, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, pero también los policías locales de Cataluña, revelan las fuentes consultadas.

Los cuerpos de policías locales en esta comunidad ascienden a 214, mientras que los municipios que ya han comunicado su disposición a ceder colegios superan los 700 (la Fiscalía va a interrogar a sus alcaldes). Sin embargo, esta diferencia no es inconveniente para el Estado, puesto que la actuación de impedir el referéndum se centrará, según las fuentes citadas, en las grandes ciudades de Cataluña, es decir, en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Tarragona o Sabadell.

Si bien en algunas de las urbes principales como Barcelona o L'Hospitalet sus ayuntamientos no han cedido a la Generalitat locales municipales para el referéndum, el Estado trabaja ya con lo ocurrido en la preparación del 9-N: será el Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont el que trate de habilitar sus propias sedes autonómicas en dichos núcleos. En cualquier caso, la Policía Judicial intervendrá a fin de que los directores de los centros, funcionarios de la Generalitat o voluntarios que custodien las llaves, no las utilicen para abrir estos recintos.

En este momento, las policías locales de Cataluña ya han adquirido la condición de policía judicial para impedir el referéndum en los que preparativos se refiere, es decir, para intervenir las urnas y cualquier otro material destinado al 1-O. Los Mossos d'Esquadra han trasladado a estas policías locales las órdenes recibidas de las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona con la instrucción de investigar las actuaciones encaminadas a organizar la consulta separatista, suspendida por el Tribunal Constitucional. Son las mismas órdenes del Ministerio Público que han recibido los propios Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este diario también ha informado que cómo están llegando a Cataluña unidades de antidisturbios (UIP) de la Policía Nacional y Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado procedentes de otras comunidades del territorio español.

La instrucción dictada por los fiscales provinciales exige a las policías locales que elaboren atestados sobre cualquier preparativo del referéndum en sus respectivos municipios y que adopten las medidas necesarias para intervenir los efectos destinados a preparar o celebrar el 1-O. Deberán elaborar atestados que incluya todos los datos necesarios sobre la ejecución y autoría de la acción ilegal, y luego lo remitirán de urgencia al fiscal jefe de cada provincia, con copia a la policía judicial de los Mossos.

Las guardias urbanas ya han comenzado a poner en práctica tales directrices. En los últimos días, acompañadas en algunas poblaciones por la Policía autonómica catalana, han identificado a miembros de ERC y la CUP portando material del referéndum. Ha ocurrido en municipios como Montcada, Cerdanyola, Ripollet, Masquefa, Figueres, Llagostera, Premià de Mar o Alcanar

La respuesta de la AMI

Sin embargo, el bando independentista no se ha quedado de brazos cruzados. Una de las estructuras civiles soberanistas al servicio de la Generalitat y el procés, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), ha elaborado un informe en el que considera una anomalía que se quiera "forzar a las policías locales" a detener los preparativos del referéndum del 1-O requisando urnas, papeletas y propaganda electoral, informó Efe.

Según el informe de la AMI, las órdenes de la Fiscalía que los Mossos han remitido a las policías locales entran en "contradicción flagrante" con el acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial en una reunión celebrada el 15 de julio de 2015. En esa reunión, precisa el documento citado por Efe, "se consideró por unanimidad que las policías locales son policía judicial en sentido genérico y no constituyen la policía judicial en sentido estricto", que sí está integrada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.

La AMI ya ha hecho llegar ese dossier a los ayuntamientos catalanes, emplazando a los alcaldes a tomar partido frente a lo que la asociación secesionista entiende como una "irregularidad". Así, insta a los regidores a que dirijan un escrito a Fiscalía para que "en el plazo de tiempo más corto posible deje sin efectos" su orden a las policías locales, de modo que éstas no ejerzan "funciones que no les corresponden".