Los cuatro ministros que salen 'tocados' por la última ola de corrupción

"Gracias Nacho, ojalá se cierren pronto los líos". El SMS enviado por el titular de Justicia a Ignacio González se sumaba al largo rosario de escándalos que han sacudido estos últimos días el PP. Desde el ministerio se explicó que esos 'líos' se referían a los problemas de España y que por entonces González no estaba imputado ni había emergido la 'operación Lezo'. La oposición no admite tales excusas y pide la cabeza del ministro. No por ese desliz telefónico en particular sino, muy especialmente, por haber nombrado a Maza y Moix al frente de las fiscalías más importantes de nuestro edificio judicial. 

Rafael Catalá es correoso y duro. Aguanta estos días el chorreo de críticas que le lanza la oposición. No le gustan al PSOE, ni menos aún a Podemos, los nuevos fiscales. Les acusan de obstrucción a la Justicia en asuntos como el de Murcia o el propio escándalo del Canal de Isabel II. Moix ya ha explicado que no se opuso al registro en las dependencias de la empresa pública madrileña. Tan sólo sugirió su aplazamiento. Sus subordinados en Anticorrupción se le echaron encima. Moix cedió. Catalá le avala, se prodiga en declaraciones no siempre prudentes y aguanta el chorreo. Es sin duda el miembro del Gobierno más castigado por los últimos episodios de corrupción. 

La marea de los escándalos había arrancado el pasado martes cuando la sala que atiende el 'caso Gürtel' decidió convocar a Mariano Rajoy en condición de testigo. Una decisión de dos magistrados contra uno. Los argumentos expuestos por los jueces Prada y Diego han desconcertado en medios jurídicos. Rajoy tiene que testimoniar porque no lo hizo su partido en el momento procesal oportuno. El PP está conmocionado y no lo disimula. Moncloa mantiene una actitud más prudente, dentro del enojo. Rajoy está indignado pero transmite permanentemente tranquilidad. 

Juan Ignacio Zoido es otro ministro zarandeado por el vendaval del 'caso Lezo'. Su número dos en Interior, José Antonio Nieto, se reunió en su despacho con Pablo González, hermano de Ignacio González amén de presidente de Mercasa, empresa pública salpicada por la sospecha. Fue un encuentro celebrado 24 horas después de se conociera la apertura de una investigación sobre los episodios del Canal. Trascendieron también Whatsapp comprometedores entre los hermanos. Todo ello reflejado en el auto del juez Velasco. 

En su comparecencia en el Senado, Zoido explicó con su verbo dificultoso este encuentro. Fue una reunión protocolaria, vino a decir. Razones muy vagas que reforzaron aún más las demandas de dimisión desde las filas opositoras. Un debate parlamentario absurdo. El ministro quizás tenía razón pero no logró transmitirlo. Un episodio inquietante que habría merecido mayor clarificación para aventar todo margen a la sospecha. En Interior ocurrían episodios oscuros en la etapa de Fernández Díaz. Tocaba ahora atajar ese mal. De momento no se ha conseguido. "¿Cual de los dos ministros va a dimitir, el de Interior o el de Justicia?", clamaba un senador del grupo Mixto en su intervención. 

Otro hermano bajo sospecha

Cristóbal Montoro no tiene relación alguna con los episodios del canal ni tiene su trayectoria política vínculo alguno con las corrupciones. Este martes salió a la luz en 'ABC' que la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra los integrantes Estudio Económico, una consultora creada por el propio ministro y de la que salió en 2008, cuando Rajoy le puso al frente de la cartera de Hacienda.

Su hermano Ricardo se quedó entonces al frente de la firma y con él, buena parte de quienes fueron sus colaboradores en tiempos del Gobierno de Aznar. Adjudicación irregular de un contrato de las Cámaras de Comercio, reza la querella. Montoro, impoluto, perseguidor implacable de comportamientos inadecuados con los dineros públicos (y privados) quedaba inopinadamente señalado. "Oiga, que yo lo fundé pero allá quien esté en el cargo ahora", dijo el ministro. "Por mí como si se refundan o se inventan", insistió, abiertamente contrariado.

Montoro, impoluto, perseguidor implacable de comportamientos inadecuados con los dineros públicos, quedaba inopinadamente señalado

Soraya Sáenz de Santamaría cierra la serie. La vicepresidenta siempre ha aparecido muy alejada de las desventuras de su partido en este pringoso terreno. Desde Moncloa se divisan las convulsiones de Génova con cierta frialdad y distancia. A veces se agitan las aguas (caso exministro Soria) y en las más se observa la jugada con gélida displicencia.

La imputación del presidente y el director de 'La Razón', tras aparecer en unas grabaciones en torno al 'caso Lezo', raudamente archivada por el magistrado, tocó muy de cerca a la 'número dos' del Gobierno. Santamaría mantiene excelentes relaciones con el alto directivo del diario, como es bien sabido en los medios políticos. El episodio, sin trascendencia judicial, circuló con intensidad en el PP, y dejó huella en algunos despachos de la Moncloa.

La tormenta de estos últimos días ha sacudido con intensidad al Ejecutivo. Cuatro aparecen por ahora en la lista de los damnificados. Nadie va a dimitir ni Rajoy los piensa cambiar. El presidente del Gobierno confía, como siempre, en que el tiempo lo arregle todo y lo que ahora es convulsión deje pronto de serlo. Mientras tanto, estos apellidos señalados por la polémica van a seguir ocupando mucho espacio y tiempo en los medios. El ruido no cesa.