Si se acude a la hemeroteca y a la videoteca de las semanas previas al verano del año pasado, es fácil encontrar multitud de declaraciones altisonantes de la peculiar ministra de Hacienda que, al ser preguntada por sus previsiones respecto a los Presupuestos de 2025 respondía de modo reiterativo y con mucha solemnidad: Serán presentados en el Congreso en tiempo y forma. Bueno pues, contrariamente a lo reiterado por la peculiar MJ Montero, ni tiempo ni en forma. En efecto, transcurrido holgadamente el fin del plazo establecido constitucionalmente, el Gobierno ha incumplido -otra vez- el mandato incluido en el artículo 134 de la Constitución por el que “deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Como la fecha límite para cumplir con el deber constitucional era el 30 de septiembre, el retraso acumulado por el Gobierno se acerca ya a los cuatro meses y ¡lo que te rondaré morena! Así entiende nuestra peculiar ministra de Hacienda lo que es hacer las cosas “en tiempo y forma”, qué le vamos a hacer.

Aún puede ser peor porque de no alcanzar un acuerdo parlamentario para la posterior aprobación de la Ley -acuerdo que parece muy improbable- resulta factible que a fin de evitar su enésima derrota en una votación en el Congreso, Sánchez podría optar por no enviar siquiera el proyecto de Ley a la Cámara Baja. Ya incumplió así la Constitución en 2023 al no presentar los Presupuestos de 2024 pero en esta ocasión la gravedad sería mayor pues no existiría el posible atenuante que existió en el precedente citado por haberse constituido el nuevo Gobierno resultante de la última investidura de Sánchez cuando ya estaba muy avanzado 2023.

El escándalo del hermano del presidente

Lo que sucede es que el tiempo y la forma son dos cualidades que MJ Montero entiende solo a su manera. Se vio claramente cuando procedió a cesar fulminantemente -en cuestión de horas- a los dos directivos de la Agencia Tributaria que tramitaron la remisión al Juzgado del informe elaborado por un inspector de Hacienda destinado en Aragón. Comprobando una devolución de IVA solicitada por la mercantil Soluciones de Gestión, el funcionario destapó el escandaloso fraude de las mascarillas que implica a varios ministros de Sánchez y varias Comunidades Autónomas entonces gobernadas por el PSOE y la tramitación de su informe culminó con dos de sus compañeros cesados del cargo que ocupaban. Se ha visto con claridad cuando la ministra ha puesto en tiempo y forma -tal y como ella lo entiende- a la Agencia Tributaria al servicio del hermano de Pedro Sánchez. Primero consintiendo con una escandalosa omisión inspectora su fraudulenta expatriación fiscal y después, intentando camuflarla con el tardío envío a la jueza que investiga los cinco posibles delitos cometidos por el hermanísmo de un informe innegablemente irregular. Es el modo en el que muy peculiar MJ Montero entiende el tiempo y la forma.

Es obligado traer también a colación el tiempo y la forma con los que la ministra de Hacienda está gestionando las sospechas que recaen sobre el trato de favor concedido por la Agencia Tributaria a la sociedad Pilot Real State, mercantil ligada al empresario Aldama y las sospechas relativas al presunto cohecho con el que ha sido pagado. Aldama ha declarado que debiendo la empresa citada un significativo importe a la Agencia Tributaria -en torno a un millón y medio de euros- y encontrándose ya la deuda en periodo ejecutivo en el que procede el embargo de sus bienes y derechos, él se aproximó a Carlos Moreno, jefe del Gabinete de MJ Montero. Según Aldama, fruto de la aproximación se logró que la AEAT concediera un aplazamiento para el pago de la deuda sin que la sociedad deudora aportara garantía alguna, cuestión inédita en la práctica de Agencia Tributaria que constituye un evidente trato de favor a un contribuyente, en este caso, la empresa ligada a Aldama. Pero, además, van conociéndose determinadas circunstancias relacionados con la irregular concesión del aplazamiento que obligan a que la ministra de Hacienda abra una investigación interna en tiempo y forma sobre lo ocurrido. No se conoce que lo haya hecho.

Analizada la información que obra en el Registro de la Propiedad, el aumento del patrimonio inmobiliario del jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda no resulta explicado por sus ingresos

Recordemos que Aldama ha declarado que a petición de Koldo tuvo un detalle con Carlos Moreno por los servicios prestados entregándole 25.000 euros en efectivo. No existe prueba directa de dicha entrega, pero sí concurren hechos y datos que impiden considerarla inverosímil. Primero, que el aplazamiento fue concedido y, salvo que se niegue por Hacienda, en las irregulares condiciones antes señaladas. Segundo, lo relatado por Mercedes Serraller desde las páginas de Vozpópuli relativo al patrimonio del reseñado Carlos Moreno de lo que merecen resaltarse dos cuestiones. Una, que ha presentado incorrectamente la declaración de bienes obligada para los altos cargos al omitir en ella inmuebles de su propiedad. Dos, que analizada la información que obra en el Registro de la Propiedad, el aumento del patrimonio inmobiliario del jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda no resulta explicado por sus ingresos.

Tercero que, según ha publicado en El Español, tras la intercesión de Carlos Moreno y a fin de obtener el irregular aplazamiento que obtuvieron, representantes de Pilot Real State se reunieron con una directiva de la Delegación de Madrid de la Agencia Tributaria. Poco después y ya concedido irregularmente el citado aplazamiento, esa directiva ha sido ascendida al nombrársela directora del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT, puesto con rango equivalente al de director general de un Ministerio. Y cuarto, que en su reciente comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Carlos Moreno se negó a responder a las preguntas que se le formularon alegando que sus respuestas podrían perjudicar su derecho a la defensa legal, se supone que en un posible -al parecer, probable según él- procedimiento judicial.

Necesaria investigación

Estos cuatro indicios compatibles, si no coincidentes, con la declarada entrega de 25.000 euros al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda tienen la suficiente gravedad como para que MJ Montero retire en tiempo y forma la mano que puso en el fuego defendiendo la inocencia de su colaborador. Al menos, hasta que culminase la obligada investigación interna que la titular de Hacienda debe abrir en tiempo y forma para esclarecer los hechos. No consta que haya ordenado su realización.

Con indicios mucho más débiles, miles de contribuyentes españoles sufren duras inspecciones tributarias de la AEAT. Con indicios mucho más débiles, muchos funcionarios del Ministerio de Hacienda sufren investigaciones de la Inspección de Servicios del Departamento. Y con indicios mucho más débiles, muchos funcionarios de la Agencia Tributaria sufren investigaciones de su Servicio de Auditoría Interna.

Solo cabe esperar que el tiempo y la acción de la Justicia desvelen la verdad sobre lo que la ministra de Hacienda niega pero no quiere investigar. Veremos entonces si su larga mano, esa que nos mete a diario en nuestro bolsillo, resulta o no quemada. De momento, parece que el calor de las llamas la está enrojeciendo un poco más de lo ya roja que es.

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