La gran quimera de la agenda social

La gran excusa gubernamental frente a la barbaridad de la amnistía, que como papagayos -que hablan por no callar- repiten sin cesar sus corifeos, es la agenda social, lo que difunden con el eslogan: España avanza; dos ridículas quimeras que solo pueden creer quienes viven ajenos a la realidad infectados por el virus de una ideología históricamente fracasada.

  Es bien sabido -con datos reales, no propaganda- que el socialismo del siglo XXI está haciendo regresar -no avanzar- a España en todos los frentes que determinan la prosperidad de la naciones: crecimiento de la renta per cápita, convergencia con Europa, productividad, empleo, deuda pública, etc. Esta evidente debacle está asociada a un avasallante crecimiento de “lo público” frente a “lo privado”, de lo que tanto gusta presumir a este gobierno.

   El crecimiento acumulado de la dimensión del Estado tiene dos frentes: el económico y el institucional. El primero se expresa claramente por la recaudación fiscal más la deuda pública. El segundo, por la proliferación legislativa amén de la ocupación política de las instituciones y los espacios de libertad de acción de los ciudadanos, cada vez más confinados en ámbitos más limitados y oprimidos.

   No hace falta saber de economía para comprender que el dinero que el Estado recauda de los ciudadanos -que hay quien dice, ridículamente, que no es de nadie– no puede ser utilizado por estos ni para gastar ni para invertir. Nadie ha conseguido demostrar todavía que tales recursos en manos del Estado tengan un uso más eficiente que en manos privadas. Y por si hubiera alguna posibilidad de que tal cosa sucediera ya se encarga la política de reclutar  sujetos afines cada vez más incompetentes, que como es natural administran mal y cada vez peor el gasto público. El artículo 103 de la Constitución establece que la función pública debe regirse “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”, criterios cada vez más alejados de nuestra realidad política.

   Entre los países despilfarradores del reciente pasado, Suecia se está consolidando como alternativa paradigmática de éxito, merced a dos políticas convergentes en la buena dirección:

• Reducción de los impuestos y de la deuda pública, liberando así recursos que en el ámbito privado propician la creación de riqueza y el crecimiento económico que las políticas socialistas habían estrangulado.
• Privatización de la prestación de servicios públicos, fundamentalmente sanidad y educación, para así mejorar considerablemente la eficiencia del gasto público; y fomento de las pensiones asociadas al ahorro privado voluntario.

   Las consecuencias de estas política están resultando  tan ejemplares como completamente ignoradas por el Gobierno. Siendo las pésimas circunstancias actuales de la economía española -divergencia con Europa, desempleo y sobre-endeudamiento público– equivalentes a las sufridas por Suecia hace un cuarto de siglo, ¿habrá alguien en el gobierno tratando de aprender de las buenas prácticas de los demás?. La respuesta, como diría Bob Dylan, está en el viento; sin posibilidad alguna de que vaya a aterrizar.

   En el ámbito institucional, los tres asuntos que debieran ser del mayor interés y exigencia ciudadana son:

• La defensa a ultranza del Estado de Derecho así como de la vigencia de la Constitución.
• Libertad de ejercicio de la función empresarial, crecientemente perseguida y constreñida por regulaciones adversas a su natural desarrollo.
• Desocupación de todas las instituciones públicas -y también algunas privadas- apropiadas indebidamente por los políticos, para dejarlas en manos profesionales competentes e independientes.

   Como corolario de todo lo dicho, el lema unánime de la sociedad civil debiera ser: la igualdad de derechos y obligaciones entre los ciudadanos y la función pública del Estado. Es esta igualdad fundamental, y no las gratuitas y forzadas que los progresistas inventan sin cesar y los conservadores conservan, la que una sociedad civil responsable y madura debe reivindicar sin descanso.

   Predicar con el ejemplo siempre ha sido una obligada referencia moral, que sin embargo no opera en la política. El filósofo Michael Huemer en su obra The Problem of Political Authority (2013) sostiene que “el Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas”. En un Estado de Derecho, ninguna  autoridad política debería imponer obligaciones que no esté dispuesta a cumplir también. La ejemplaridad debe ser una condición necesaria para gobernar y su ausencia una condición suficiente para dimitir.

   Además de esta obvia exigencia moral y política, la sociedad civil debe defender el principio de subsidiaridad –baluarte de  la sociedad civil– según el cual: el Estado debe hacer solo aquello que los ciudadanos no puedan hacer.

    Según ha contabilizado el Banco de España, en el periodo 1979-2022 la producción normativa alcanzó una asombrosa cifra: 414.272. Mientras que el ciudadano y sus empresas se encuentran cada vez más avasallados por ellas, el Estado en sus diversas manifestaciones es cada vez más incumplidor de las que le conciernen.

Los verdaderos problemas de España

   Además de reconstruir el maltrecho Estado de Derecho, sanear las finanzas públicas, volver a propiciar el crecimiento económico y del empleo, recuperar la buena educación, y abordar seriamente otras grandes tareas de gobierno, es crucial la regeneración nuestra convivencia política mediante medidas como:

• Eliminación de subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y todo tipo de asociaciones.
• Incentivos fiscales generosos para el mecenazgo y las cuotas a las asociaciones registradas de carácter civil, incluidos sindicatos y organizaciones empresariales.
• Financiación pública limitada y transparente a los partidos para, y solo,  las campañas electorales.
• Los cargos de confianza de libre designación en las administraciones públicas deben estar severamente limitados.
• Los políticos y los funcionarios públicos tendrán, al menos, las mismas responsabilidades –incluidas las patrimoniales- que cualquier ciudadano.
• Los plazos administrativos deben ser simétricos con el ciudadano y el silencio administrativo lo favorecerá.
• Las instituciones públicas reguladoras de los mercados y de control de las administraciones públicas se convertirán en agencias independientes adscritas al Parlamento.
• Todas las administraciones públicas llevarán a cabo presupuestos base cero de obligado cumplimiento, al menos cada cuatro años, comenzando de inmediato con uno aplicado a todas las subvenciones vigentes.

  Es de esperar que el dramático descarrilamiento protagonizado por un gobierno manejado con un mando a distancia por un prófugo de la justicia desde el extranjero, dure lo mínimo posible

Todo lo dicho responde a los verdaderos problemas de España y sin embargo no forma parte de “la agenda social” del gobierno,  protagonizada ahora por un “despiadado ataque” a la Constitución por quienes se “autoamnistían” de gravísimos delitos -según Felipe González- con la necesaria complicidad de un PSOE que trata de justificar tales disparates en nombre de un supuesto “progreso” –¿el de los “koldos”?·– que opera justo en las antípodas de lo que habría que hacer para avanzar de verdad. 

    Es de esperar que el dramático descarrilamiento protagonizado por un gobierno manejado con un mando a distancia por un prófugo de la justicia desde el extranjero, dure lo mínimo posible y regrese la sensatez a la política española, para con ella ocuparse de los verdaderos intereses de los españoles, antes enunciados.