Corrupción política y desaliento social

William J. Baumol (1922-2017), uno de las más grandes economistas del último siglo, preclaro merecedor de un premio Nobel que no llegó a recibir, publicó en 1990 un novedoso y atractivo artículo titulado Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive” (1991), publicado en España como libro Mercados perfectos, virtud natural (1993); que es de utilidad  días para analizar la lógica de la función empresarial.

Un exhaustivo y riguroso estudio antropológico de alcance histórico y planetario llevó al autor a sostener las siguientes dos tesis. La primera plantea que dentro de cada contexto cultural (incluida la religión) el número de emprendedores, u oferta total de empresarios, es una constante histórica. La segunda pone de manifiesto que, para una cantidad dada de empresarios, éstos se dividen en tres categorías: productivos, improductivos y destructivos; cuya distribución varía en todas las culturas con el tiempo y las reglas de juego que rodean a la empresa.

Si definimos a los empresarios como “aquellas personas con ingenio y creatividad para encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza”, el empresario productivo “baumoliano” es aquel que inicia nuevas actividades invirtiendo recursos económicos, crea empleo y, por tanto, riqueza dentro de un estricto marco legal y moral; en última instancia, el prototipo ideal sería el empresario innovador “shumpeteriano” arquetípico del capitalismo moderno.

La figura del empresario improductivo, o también especulativo, es aquella que, “merced a las llamadas ingenierías contables, financieras y fiscales, las segregaciones y las fusiones, las absorciones y las compras de empresas, opera con el trabajo creativo de los más genuinos emprendedores para propiciar aumentos de los beneficios y del valor de las empresas en las bolsas, no necesariamente basados en la realidad”.

Por último, los empresarios destructivos “operan al margen de las leyes e incluyen desde los traficantes de armas y drogas hasta los depredadores de la naturaleza”.

La especulación a través de pleitos, evasión de impuestos y las fortunas amasadas por los “arbitrajistas” son las más típicas funciones empresariales improductivas y destructivas, según Baumol. En los últimos años, en todos los países y sus respectivas culturas, se ha producido un notable crecimiento de las dos últimas categorías de empresarios, en lógico perjuicio, según la tesis de Baumol, de la primera categoría.

“El éxito de la fórmula de la economía especulativa es el resultado de la conjunción de tres factores: la creciente complejidad de la legislación mercantil y fiscal, un exceso de liquidez financiera en los mercados y el trabajo creativo de sofisticados consultores que han inventado las fórmulas de creación de valor –que no de verdadera riqueza– tan en boga”.

Para quienes sostienen que “el dinero público no es de nadie”, el enriquecimiento ilícito de estos empresarios es de suponer que no sea condenable pues al fin al cabo se benefician sin perjudicar a “nadie”

¿A qué categoría asignaría el maestro Baumol, los comisionistas “clandestinos” de las “mascarillas del Covid” tan de moda estos días? Sin duda que a la tercera, ya que actúan desde el comienzo con el firme propósito de ocultar sus actos, generando beneficios inconfesables, ganancias opacas a la Hacienda Pública, , aprovechando  redes de relaciones personales afines al poder, que sortean las obligaciones administrativas de los responsables de la función pública para beneficio de unos granujas que disfrazados de empresarios -solo a efectos de emitir facturas y cobrarlas- “hacen caja” a repartir entre los amiguetes. Para quienes sostienen que “el dinero público no es de nadie”, el enriquecimiento ilícito de estos empresarios es de suponer que no sea condenable pues al fin al cabo se benefician sin perjudicar a “nadie”.

Pero la realidad es otra: el dinero que lograron delictivamente estos empresarios destructivos, dejó de aplicarse a los ineludibles usos públicos a los que estaban destinados, en una época de grandes penurias y tristísimo recuerdo.

Dando por sentado que, más lentamente de lo deseable, los sujetos corruptos -tanto los que se beneficiaron como sus necesarios cómplices políticos- pagarán por sus delitos, la gran cuestión de fondo que habría que afrontar sin demora es como evitar que se puedan repetir los hechos acontecidos.

He aquí un sucinto repaso a las cuestiones más evidentes:

• Severa limitación de los asesores de libre designación, en todos los niveles de las administraciones públicas; y escrutinio transparente sobre la idoneidad profesional de los mismos.
• Transparencia publica permanente y en tiempo real a través de Internet, de todas las decisiones administrativas.
• Exclusión de familiares y allegados a los altos cargos, incluido el presidente del gobierno, a estas posiciones.
• Defensa numantina de las funciones de control del legislativo sobre el poder ejecutivo.

Con las citadas medidas:

• La inmensa mayoría de los "Koldos” de estos tiempos, simplemente no existirían; tampoco sus delitos.
• Las informaciones -obtenidas de los procesos judiciales- que están revelando ahora los medios de comunicación, habrían sido de libre acceso desde el principio.
• La esposa del presidente de gobierno no habría podido “evaluar posibles negocios” y por tanto ser sospechosa de ningún tipo de influencia institucional, por estarle vedado tal oficio.
• El parlamento, al no haber visto suspendida ilegal e ilegítimamente su crucial función de control del poder ejecutivo, pudo, si no evitar los desmanes acontecidos,  sí sacarlos a la luz y por tanto al conocimiento público en su momento.

Para que tan simples y obvias medidas de saneamiento del ejercicio de la función pública, puedan siquiera plantearse es preceptivo que el poder político no sea ejercido por gobernantes  democráticamente totalitarios, caracterizados por operar al margen de la ley con la excusa de una “volonté générale” rousseauniana que no encuentra límites en su camino, como en Venezuela, Rusia, etc.

Se impone una revisión crítica de nuestra democracia y una defensa decidida de las instituciones que impiden su degeneración en un sistema populista al estilo de lo que tristemente observamos

El progresismo contemporáneo ya no se plantea, como en el pasado, la desaparición de las empresas; se conforman con obstaculizar, desacreditar y amenazar con ahínco -e incluso insultos- las “productivas”, con intervenir –a su oscura manera- en la vida de las “improductivas” y además crear un creciente número de “destructivas” para hacer directamente caja con sus muchísimos allegados.

Por todo lo dicho, se impone una revisión crítica de nuestra democracia y una defensa decidida de las instituciones que impiden su degeneración en un sistema populista al estilo de lo que tristemente observamos en tantos países de la América hispana y el resto del mundo.

La corrupción política es una vez más motivo de escándalo y amenaza con conducirnos al más absoluto desaliento como sociedad. La ejemplaridad de las personas que ejercen el poder es una pieza fundamental de cualquier democracia. Sin ella resulta cada vez más difícil confiar en la política, y sin esa confianza solo queda el recurso del autoritarismo y la conversión de la ciudadanía en súbditos sin voz. Aunque puedan seguir votando de forma testimonial.

La pretensión de tanto asesor iletrado por convertirse en empresario “triunfador” solo puede ser atajada mediante el juego limpio de las instituciones y la voluntad política de quienes tienen las responsabilidades del poder para apartar de su “corte” a conseguidores y pícaros.

Y si no están dispuestos a hacerlo, elecciones por favor.