Tras las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez decidió que la única forma de retener el poder era comprarle a Carles Puigdemont el apoyo de sus siete diputados. A cualquier precio. El fugado no se fiaba, e impuso sus condiciones: la compra sería a plazos. Ayer Sánchez pagó el primero. Vendrán más, y el siguiente muy pronto (¿cuánto le va a costar a la democracia española la aprobación de los Presupuestos?). Pero la trascendencia de este inicial desembolso radica en la confirmación, no por anticipada menos grave, del grado de consciente debilitamiento del Estado que Sánchez está dispuesto a conceder para permanecer en el poder.
Con la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso de ese engendro jurídico llamado ley de amnistía, no se cierra ninguna etapa, ni se hace tabla rasa de nada, como se han apresurado a pregonar los voceros del independentismo. Lo que se perpetra es una decisión política que consolida la impunidad de los responsables del golpe y pretende reducir la legítima y obligada respuesta de otros poderes del Estado, al tiempo que ofrece una nueva oportunidad, esta con mayores opciones de éxito, a quienes por activa y por pasiva vienen anunciando que lo volverán a hacer.
Se ha perpetrado una decisión política que consolida la impunidad de los responsables del golpe y pretende reducir la legítima y obligada respuesta de otros poderes del Estado
Desde un plano estrictamente jurídico, conviene apuntar algunas reflexiones. La primera es que la enmienda transaccional pactada por PSOE, Junts, ERC, PNV, Sumar y Bildu refuerza la convicción de que estamos ante una norma hecha a la medida de los delincuentes, tanto por la ampliación de los plazos cubiertos por el manto del olvido (que abarca a la Cataluña del 3% de los Pujol) como de los supuestos delictivos que serán borrados de la hoja de "servicios". La segunda es que la forma y el fondo del texto no oculta que uno de los objetivos preferentes es la neutralización de los jueces y tribunales naturales, llegando al extremo de cancelar en determinados supuestos la vigencia del Código Penal.
Por muchas alusiones interesadas al derecho europeo, Naciones Unidas y Comisión de Venecia que sus promotores hayan incluido en el texto de la ley, difícilmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que sin ningún género de duda recurrirán los tribunales españoles, dejará sin enmendar una norma que atenta gravemente contra la división de poderes y establece un tratamiento penal diferenciado en función del origen y las razones esgrimidas por los presuntos delincuentes. Las sentencias del TJUE compelen a todos los países miembros, por lo que no parece probable que el alto tribunal convalide una legislación que, por la vía de los hechos, deroga principios esenciales de la Constitución, técnicamente es insostenible y no cuenta con el consenso político y social que sería obligado en un asunto de esta trascendencia.
Sánchez es ya un gobernante que carece de toda legitimidad para seguir llevando el timón del país y cuya única salida digna sería la dimisión
Tras su paso por la Comisión de Justicia del Congreso, la ley inicia ahora un camino que pasa por el Senado para después regresar al Congreso. Su aprobación definitiva será allá por mayo o junio, después de las elecciones autonómicas en el País Vasco y en los aledaños de las europeas del 9 de junio. Lo que le espera a Sánchez no es precisamente un camino de rosas. La debacle gallega y el estallido del 'caso Koldo' aconsejarían mayor prudencia. Pero no estamos ante un gobernante al uso. Estamos ante un aventurero capaz de permitir el infame acoso a que el independentismo somete a los jueces y de arrodillarse ante los enemigos del Estado con tal de permanecer en el poder.
Un gobernante debilitado por una raquítica representación parlamentaria, el menguante respaldo a su partido en las urnas y por un caso de corrupción masiva. Un gobernante que en estas circunstancias carece ya de toda legitimidad para seguir llevando el timón del país y cuya única salida digna sería la dimisión.