La memoria en España es corta, pero también selectiva. Hoy parece haber un acuerdo institucional para no investigar los crímenes cometidos por ETA al tiempo que sí se investigan los del franquismo. El 44% de los atentados mortales cometidos por la banda terrorista se encuentran impunes. Un total de 379 guardias civiles, políticos, empresarios, policías, militares o ciudadanos engrosan esta sangrienta y vergonzosa lista que tanto refleja de la fiscalía, la clase política y la justicia españolas.
Hace dos años, en abril de 2022, el Parlamento Europeo hizo a las instituciones de nuestro país una serie de indicaciones para acabar con este bochornoso porcentaje. Desde entonces, sin embargo, la Fiscalía y la justicia tan solo han logrado resolver uno de esos 379 asesinatos. En la práctica, la cifra muestra el caso omiso que hace España a las indicaciones comunitarias.
Una de esas indicaciones era hacer todo lo posible por que se ejecute el delito de enaltecimiento del terrorismo, que campa cada vez más a sus anchas. Lejos de seguir esta recomendación, en este tiempo la Audiencia Nacional ha optado por culpar al propio Parlamento Europeo y no aplicar el tipo delictivo hasta que la Eurocámara no modifique la Directiva 2017/541. Entre unos y otros, la casa sin barrer, vamos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su parte, se niega a aplicar la Ley 29/2011 de Víctimas que
recoge este extremo; y partidos como Sumar pretenden incluso despenalizar el delito.
Los mismos actores, sin embargo, no ponen ninguna pega en aplicar el enaltecimiento en otro contexto, el del régimen franquista, pues en este caso así lo determina la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno. Me encantaría que los promotores de esta norma fueran tan generosos con las víctimas de ETA como con las del franquismo. Me encantaría que ambas leyes fueran equiparables. Y no solo en el tema del enaltecimiento.
También en lo relativo a los 379 casos impunes, pues muchos de ellos pueden resolverse a través de la aplicación de los delitos de lesa humanidad. La Ley de Memoria Democrática considera que los crímenes del franquismo no prescriben al tener la consideración de lesa humanidad, pero los de ETA sí tienen fecha de caducidad porque no se enmarcan en el mismo saco. Yo solo quiero la misma vara de medir. Y es posible, porque ya un auto de la Audiencia Nacional dice que esto se puede equiparar a través de una modificación legislativa. ¿Por qué el ministro del Interior no reclama ese cambio legal? ¿Será acaso el primer ministro del Interior de la democracia española que no defiende a las víctimas del terrorismo?
La única causa contra jefes de ETA por lesa humanidad que abrió la Audiencia Nacional a instancias de Dignidad y Justicia antes de estas recomendaciones y de la Ley de Memoria Democrática hace ocho años se encuentra paralizada.
Otra de las recomendaciones del Parlamento Europeo para acabar con la impunidad de los crímenes de ETA es que el ministerio fiscal investigue al margen de si las causas pueden estar prescritas o no. Los fiscales españoles, sin embargo, se están posicionando por órdenes políticas en relación a la prescripción incluso antes de que lo haga el juez, con lo que no solo se arrogan una competencia que no tienen, sino que incumplen esta
recomendación de la Eurocámara y de nuevo toman distancia en relación a lo que ocurre en la Ley de Memoria Democrática, que sí declara imprescriptibles los crímenes del franquismo.
La recomendación octava del Parlamento Europeo reclamó que España considerara los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, como hace la Ley de Memoria con los del franquismo. Sin embargo, la única causa contra jefes de ETA por lesa humanidad que abrió la Audiencia Nacional a instancias de Dignidad y Justicia antes de estas recomendaciones y de la Ley de Memoria Democrática hace ocho años se encuentra
paralizada. El Parlamento Europeo pidió información a la Audiencia Nacional sobre los motivos, pero el tribunal no respondió. El procedimiento está sobreseído provisionalmente porque la sala no pide a Francia que autorice a enviar a España a los procesados.
La recomendación 7 reclama a España que ponga todos los medios para investigar a los desaparecidos, como hace la Ley de Memoria Democrática. Las fuerzas de seguridad tienen todos los datos relacionados con algunas desapariciones, como la de los tres gallegos asesinados en 1973 cuyos cuerpos siguen sin ser localizados (Humberto Fouz, Jorge García y Fernando Quiroga), pero la Fiscalía no es capaz siquiera de llamar a declarar a los sospechosos, que en este asunto son Iñaki Mujika Arregi ‘Ezkerra’, Ignacio Pérez Beotegi ‘Wilson’ (fallecido), José Manuel Pagoaga Gallastegi ‘Peixoto’, José Luis Ansola Larrañaga ‘Peio el viejo’, Jesús María Zabarte ‘Carnicero de Mondragón’ y Mikel Lagua Gorostiola.
Brazo político del Gobierno
Evidentemente, existe un freno político que impide hacer justicia a las víctimas del terrorismo de ETA a pesar de que el Parlamento Europeo lo está exigiendo. Algunas instituciones del Pstado, como la Policía o la Guardia Civil, están dispuestas a reducir la vergonzante lista de asesinatos sin resolver, pero otras más politizadas ejercen como muro de contención. El deterioro institucional de la Fiscalía, en este caso, está degradando la imagen de España ante Europa y ante los propios ciudadanos, que ya no ven al ministerio público como garante de la legalidad, sino más bien como brazo político del Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita frenar a los encargados de hacer justicia para proteger a sus socios.
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