Cinco Comunidades y el Senado avalan la derogación autonómica de la Ley de Memoria Democrática

La actual Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022, hace más de un año, tras la definitiva aprobación del Senado. Esta norma supuso una victoria para el Gobierno de coalición y el entonces ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

El texto legal se fundamenta "en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos, y condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista".

Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática no terminó de convencer a una gran parte de los ciudadanos y formaciones políticas, que no veían en ella más que una norma partidista y con aires de revancha. Con solo unos pocos meses de vida, las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo supusieron un vuelco inesperado a la celebrada ley.

El Partido Popular arrasó en los comicios, lo que le colocó en la presidencia de 11 de las 17 Comunidades Autónomas del país, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Aunque en muchas de ellas gobierna en solitario, hay otros feudos como Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia donde necesitó el apoyo de Vox.

Pues bien, han sido precisamente las autonomías gobernadas en coalición, además de Cantabria, donde preside María José Sáenz de Buruaga, las que han dicho basta a la Ley de Memoria Democrática y han comenzado los trámites legales necesarios para su derogación a nivel autonómico.

Contra la Ley de Memoria Democrática

La primera Comunidad Autónoma en decir basta a la Ley de Memoria Democrática fue Castilla y León. PP y Vox se pusieron de acuerdo para empezar a desarrollar, el pasado junio, la llamada Ley de Concordia, una que, en palabras del presidente Alonso Fernández Mañueco, sirviese "como elemento de reconciliación y evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles". Actualmente, su desarrollo se ha ralentizado, pero se prevé que sea complementaria a la Ley de Memoria Democrática nacional.

La Comunidad Valenciana fue la siguiente en poner encima de la mesa la derogación del texto legal. Entre las cincuenta medidas establecidas en los acuerdos de Gobierno alcanzados en junio de 2023, días después de las elecciones, PP y Vox se comprometieron a derogar la Ley de Memoria Democrática para "reivindicar la historia de España y de la Comunitat Valenciana, garantizando la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos".

El lunes 25 de septiembre, el Gobierno de Cantabria aprobó con los votos de PP y Vox la derogación a nivel autonómico de la Ley de Memoria Democrática, comprometiéndose a redactar una nueva norma que sustituya a la actual. Habrá que ver si en otras CCAA como Madrid, Galicia y Murcia, de fuerzas conservadoras y que carecen de legislación propia, también se proponen sacar adelante una ley nueva.

Por último, Extremadura y Aragón perfilan sus próximos plenos para terminar también con esta norma. En el caso de los aragoneses, se pone como fecha límite febrero de 2024 como límite para llevar a cabo esta maniobra. En el caso de los extremeños, PP y Vox aprobaron en la Asamblea del pasado 10 de noviembre la derogación y posterior articulación de un nuevo texto legal que promueva "la concordia, el respeto, la memoria y la dignidad de todas las víctimas".

El PSOE trata de frenarlo en el Senado

Ante la sucesión de autonomías que han trazado líneas rojas con respecto al Gobierno, el principal partido del Ejecutivo, el PSOE, trató de llevar a cabo una moción en el Senado el pasado martes. Esta instaba a los gobiernos autonómicos a no derogar las leyes regionales de Memoria Democrática.

El Senado, bajo la mayoría absoluta del PP, rechazó con 145 votos en contra y 114 a favor la moción socialista. Luis Javier Santamaría, senador popular, afeó al PSOE que "crean ustedes que tienen derecho a patrimonializar las víctimas y el dolor".

Con esta iniciativa, los socialistas buscaban que todas las administraciones promuevan los principios de "verdad, justicia y reparación" para censurar a los gobiernos regionales de Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, los cuales, como ya hemos relatado, continúan implacables en su decisión de derogar la Ley de Memoria Democrática en dichos lugares.