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Rodrigo Martín

Opinión

Directivos públicos: al rescate de la meritocracia

Los autores reclaman que se regule la figura de la dirección profesional en empresas y fundaciones públicas -autonómicas y municipales- a partir del mérito y la capacidad de sus máximos responsables

Interior de Mercamadrid.
Interior de Mercamadrid. Efe.

Tras la constitución de la gran parte de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Consells, y de nuestros ayuntamientos, llega la hora de elegir -confirmar, seleccionar…- desde las presidencias o personas con la delegación y autoridad oportunas,  a las personas que dirigirán buena parte del sector público - empresarial, fundacional…- de nuestro país.

Como hemos señalado en otras ocasiones, nuestro entorno institucional internacional hace tiempo que viene apostando por una dirección pública profesional en el sector público empresarial y fundacional, ya que es evidente que este sector será clave en el proceso de fuertes transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo en esos ámbitos, y que se incrementarán con la presencia masiva de la robotización en los años próximos.

En nuestro país se han producido avances en ese sentido, como lo contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que apostaba con claridad por esa figura de dirección pública que estaba llamada  “a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización”, previendo que las autoridades competentes -el Gobierno y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas- pudieran establecer un régimen jurídico específico, así como los criterios para determinar su condición.

Pero también se han producido retrocesos, como la derogación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que proponía un régimen del personal directivo mediante la posibilidad de selección por órganos especializados, garantizando la transparencia y la objetividad en los procesos de nombramiento, que debían efectuarse.

Los nombramientos de los directivos públicos deben hacerse por tiempo diferente, preferentemente superior, al del ciclo político

Si queremos salir de una situación que no se corresponde con nuestra posición económica y el peso internacional al que aspiramos, situación que reflejan bien los estudios de los organismos internacionales y que generan ineficiencias e ineficacias, por ejemplo en la lucha contra la corrupción y el fraude -que sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudadanía cuando contestan las encuestas del CIS-, tenemos que dotarnos de directivos y directivas que sean seleccionados adecuadamente, que se relacionen con la esfera política en base al mérito y la capacidad, retribuidos de un modo estimulante, en un marco de responsabilidad y rendición de cuentas en relación con la obtención de resultados, con un sistema de desvinculación -cese-  relacionado con el cumplimiento de un contrato programa o un acuerdo de gestión, que se encuadre en objetivos reales, factibles y objetivamente medibles, con un tiempo de vinculación diferente -preferentemente superior- al ciclo político, etcétera.

Por eso, la Asociación de Dirección Pública Profesional -directivos y directivas públicos de empresas y fundaciones públicas, y de los diferentes niveles territoriales de  distintas instituciones-, proponemos a los diferentes gobiernos, en sus correspondientes ámbitos de competencias, que impulsen la dirección pública profesional:

  1. Regulando -desarrollando la normativa existente o impulsando otras en su caso- la figura de la dirección pública profesional, especialmente para las personas que ocupen los puestos de mayor responsabilidad en las empresas y fundaciones públicas de los diferentes niveles territoriales.
  2. Dando garantías mediante procesos públicos, abiertos y transparentes, basados en el mérito y la capacidad, conocimiento y experiencia, y a criterios de idoneidad, desarrollados o auditados por terceros independientes.
  3. Priorizando a personas que acrediten, de manera fehaciente, entre otras competencias directivas, las relativas a: conducta ética, gobernanza y estrategia, liderazgo e innovación, creación y gestión de equipos, orientación a resultados, comunicación y transparencia, y gestión de recursos públicos.
  4. Estableciendo nombramientos por tiempo diferente -preferentemente superior- al del ciclo político y desvinculaciones relacionadas con el cumplimiento de contratos programa y la correspondiente evaluación del desempeño.
  5. Proponiendo retribuciones estimulantes que tengan en cuenta el ámbito privado y hacia variables por cumplimiento de objetivos. 

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