Una “cláusula penal” disuade a los aliados de Cebrián de apoyar a 'los rebeldes' en la Junta de Prisa

Prisa celebrará el próximo viernes la Junta General de Accionistas con más tensión de los últimos años. La cita llegará unos meses después de que el socio con un mayor peso en la compañía, el fondo buitre Amber Capital, iniciara una rebelión para tratar de arrebatar el bastón de mando a Juan Luis Cebrián, ante el convencimiento de que su gestión ha hundido al grupo. En el orden del día de la reunión, no hay ninguna mención a las ventas de la editorial Santillana o de Media Capital (Portugal), dos activos con los que la empresa pretende obtener la liquidez que necesita para afrontar el vencimiento de 956 millones de euros de deuda que tendrá que afrontar en 18 meses.

Cebrián es consciente del descontento que esta situación de incertidumbre genera entre sus enemigos internos, ahora bien, a su favor cuenta con el contrato que mantienen algunos de los principales accionistas del grupo, que, sobre el papel, obliga a votar en la Junta de Accionistas en el mismo sentido que su presidente, so pena de una fuerte sanción. 

Este pacto fue rubricado en 2014 y agrupa, principalmente, a la familia Polanco (Timón S.A., Promotora de Publicaciones S.L., Asgard Inversiones, Rucandio Inversiones Sicav S.L. y Otnas Inversiones S.L.) y a la empresa Consorcio Transportista Occher, propiedad del mexicano Roberto Alcántara Rojas, uno de los hombres de negocios más cercanos al presidente del país centroamericano, Enrique Peña Nieto.

El acuerdo, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también incuye a Libertas 7 S.A.,, a Inversiones Mendoza Solano S.L., a Eviend S.A., a Juan Luis Cebrián, a Andrés Varela Entrecanales, a Ediciones Monte Aneto S.L., a José Buenaventura Terceiro, a Manuel Varela y a José María Aranaz.

Su cláusula 14 deja claro que el 'delito' de alta traición se paga caro en Prisa: “En caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los miembros del sindicato (…), los demás podrán exigir al incumplidor el pago de una prestación que tendrá carácter de pena convencional, que no sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios”.

Y especifica: “Dicha pena consiste, a elección del sindicato, en: (I) el pago de una cantidad igual al 10% del precio medio ponderado de las acciones de la sociedad durante las últimas 20 sesiones bursátiles” anteriores a la fecha en que se produzca el incumplimiento o (II) la cantidad de 100.000 euros por cada incumplimiento.

Este periódico ha contactado con fuentes oficiales de la compañía para intentar determinar si la estructura de este sindicato de accionistas ha variado desde su conformación, en 2014. Sin embargo, pese a la insistencia, no ha obtenido respuesta. En cualquier caso, cabe incidir en que estos socios cuentan con más de una cuarta parte de las participaciones del grupo; y en que el acuerdo que firmaron tiene un carácter indefinido.

Tensa Junta

En la Junta de Accionistas del próximo viernes deberán votar acerca de algunos asuntos que han generado malestar en el 'bando rebelde' del Consejo de Administración de Prisa, como el informe anual de remuneraciones de 2016, que incluye una dotación variable de 692.000 euros para Cebrián pese a que la compañía perdió 68 millones de euros. También tendrán que aprobar las retribuciones de sus consejeros para los próximos años, otro asunto que resulta, cuanto menos, espinoso.

En una entrevista concedida hace unas semanas a la Agencia EFE, el presidente de Prisa afirmó que, pese a los movimientos subversivos de un grupo de accionistas, la mayoría del capital está de su parte. El grado de veracidad de esta afirmación podrá determinarse el viernes.