Junts juega la baza del decreto ómnibus en la Comisión de Justicia para amarrar la amnistía de Puigdemont

Junts ha dejado los deberes hechos antes del parón de Semana Santa. El objetivo de los de Puigdemont es acelerar lo máximo la maquinaria parlamentaria para blindar el pacto de amnistía firmado con el PSOE más allá del texto aprobado ya por el Congreso. Ahora, el objetivo es aprovechar la tramitación del Real Decreto Ley 6/2023, más conocido como decreto ómnibus, para incluir nuevas enmiendas que blinden el regreso del expresidente catalán a España y asegurar su candidatura a las elecciones catalanes.

Mientras el dirigente independentista se presenta de nuevo al escrutinio de las urnas bajo la marca 'Junts+ Puigdemont per Catalunya', los suyos luchan por aprobar en la Comisión de Justicia dos enmiendas que buscan anular los efectos penales de los líderes independentistas relacionados con el 'procés'. Según fuentes parlamentarias, el PSOE tiene trabajo de cara a la próxima semana, ya que los independentistas esperan que se cierre cuanto antes una fecha para que sus modificaciones al texto sean votadas por la ponencia de la Comisión de Justicia.

Los de Puigdemont necesitan una vez el aval de Sánchez y los votos de los socialistas en la Comisión. De esta forma, la segunda semana de abril sería la fecha límite manejada por estas fuentes para que los independentistas puedan exhibir los galones en la comisión presidida por el socialista, Francisco Lucas Ayala.

La cuestión prejudicial al TJUE y su efecto sobre la amnistía

Entre los remates finales que Junts pretende incluir en el texto, se encuentra la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referente al efecto suspensivo de la cuestión prejudicial europeo. Los independentistas entienden que aprobación podría suponer un obstáculo para la aplicación de la amnistía, lo que hizo que su eliminación se convirtiera en un punto innegociable del sí de Junts a los presupuestos de Sánchez.

No obstante, expertos juristas apuntan a que la eliminación del efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no afectaría a su aplicación final, ya que dicho efecto está recogido en los tratados europeos. Y es que la suspensión de los procedimientos afectados por una cuestión prejudicial no deriva del Derecho doméstico, sino que viene regulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Junts batalla por limitar la supresión de funciones o cargo público

Junts pide, además, la supresión del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual hace alusión a la "supresión de función o cargo público por imputación de pertenencia a banda armada, terrorista o de rebeldes". El partido de Puigdemont recoge en la justificación de enmienda un dictamen aprobado en julio de 2022 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual entiende que la supresión en funciones oficiales por presuntos delitos, "precluye un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida".

También hacen alusión a un informe de la Comisión de Venecia de marzo de 2017 en el que se anunció que la suspensión de cargos electos afecta a un derecho civil, requiriendo "una mayor cautela en la implementación de cualquier acción tendiente a suspender un cargo electo". De esta forma, Junts defiende que el nacimiento del artículo 384 bis atiende a otro momento histórico y que ahora ha sido "torticeramente utilizada para impedir el legítimo ejercicio de los derechos políticos de quienes simplemente profesan determinadas ideologías".

Por ello, pide su derogación para "evitar que se comentan violaciones en el futuro del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". Entiende que su eliminación es necesaria para "preservar" el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

La eliminación de este artículo responde a una maniobra para evitar que el cargo de Carles Puigdemont quede a criterio del Tribunal Supremo, que sigue la causa contra el expresidente catalán en el caso de Tsunami. Sería una forma de blindar la respuesta del TJUE al Alto Tribunal que puede dictaminar, en meses, que los delitos terrorismo no están cubiertos por la amnistía.