Cuando RTVE se salta la ley: multas, excesos y desidia en la televisión pública

Encontrar la lógica a lo que acontece dentro de Radiotelevisión Española resulta, muchas veces, harto complicado. La corporación se mueve entre el realismo mágico y la comedia de enredo; y está sometida a una serie de fuerzas internas y externas que tienden a situarla cada cierto tiempo muy cerca del abismo. No hace mucho, una periodista que acababa de recibir un ascenso encontró sobre su mesa una soga de ahorcado. Una parte de Torrespaña concluyó que aquello era un intento de amedrentarla, dado que se le considera alguien cercano al PP. Otra parte de la redacción, pensó que era un montaje. Nadie fue sancionado por estos hechos ni trascendieron los resultados de la investigación que se inició al respecto.

Los más viejos del lugar recuerdan múltiples episodios de este tipo. Decisiones nefastas para la corporación que fueron tomadas de forma unilateral por directivos que ni tan siquiera recibieron una amonestación. Campañas orquestadas por una parte de su redacción contra un determinado periodista al que se considera simpatizante de un partido político. O contratos firmados en sus más altos despachos -en varias épocas- sin la más mínima lógica, sometiendo a la corporación a las condiciones leoninas impuestas por las productoras audiovisuales. De todo ha habido en RTVE durante los últimos años.

En la época en la que Alfredo Urdaci ejercía como jefe de informativos, la Audiencia Nacional sancionó al ente público por la cobertura que realizó de la huelga general del 20 de junio de 2002. Pese a recibir este varapalo judicial, este periodista siguió en su puesto. Hace unos meses, un veterano directivo –que no es precisamente de la cuerda del actual presidente- denunció la manipulación sin su permiso de los archivos de su ordenador y de sus correos electrónicos. No se han vuelto a producir noticias al respecto. Y esta semana trascendía que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto un castigo de 203.508 euros a RTVE por superar el límite que fija la ley para la emisión de autopromociones. La multa se abonará con dinero público. Pero no está previsto que nadie pague las consecuencias de esta acción.

La infracción podría atribuirse a un despiste o a un mal día, pero la realidad es que no constituye un hecho aislado. Es más, en las últimas semanas la CNMC ha multado en otras dos ocasiones a RTVE. Ambas por ofrecer publicidad encubierta en La Mañana de La 1. La primera vez, de las operaciones que realiza una clínica oftalmológica para corregir la miopía. La segunda, de una conocida cadena de gimnasios.

Por ley, la televisión pública sólo puede incluir anuncios en los programas deportivos o culturales, bajo la fórmula del patrocinio. Pero el espectador que sintonizara La 1 el 18 de febrero y el 29 de marzo de 2015 pudo observar mensajes publicitarios en uno de sus canales. Para más inri, camuflados como información.

RTVE ha recibido recientemente dos multas por emitir publicidad de forma encubierta en 'La Mañana' de La 1.

Próximamente, los consejeros de la CNMC deberán resolver el expediente que este organismo abrió el pasado julio a RTVE por promocionar, también de tapadillo, los productos de una conocida bodega. La supuesta infracción se cometió dentro de un programa de Masterchef que se grabó en las instalaciones de esta empresa. El regulador considera que existen indicios de que la corporación se excedió a la hora de hablar de las bondades de sus vinos. En otras palabras, sospecha que también incurrió en una falta por publicidad encubierta.

Decenas de millones para las productoras

Queda claro, pues, que RTVE se ha saltado en varias ocasiones la normativa vigente en lo relativo a la emisión de anuncios. Pero no queda ahí la cosa. La corporación se rige por un Mandato Marco que se renueva cada 9 años y que estipula los objetivos que tiene que cumplir como servicio público. Esa ley deja claro que el ente público debe producir dentro de sus dependencias el 55% de los espacios de entretenimiento y de variedades que se emitan en sus canales. Un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incide en que actualmente ese porcentaje es mucho menor, del 31,85%. Esto no ha sido óbice para que su Consejo de Administración haya firmado nuevos contratos con productoras durante sus últimas reuniones. En varias ocasiones, por un importe de varios millones de euros.

Algunos de esos acuerdos, aunque no son ilegales, están rodeados de polémica, como el que rubricó con Ganga Producciones hace unos meses para renovar la serie Cuéntame cómo pasó. Lo hizo en un momento en el que los jueces investigaban a sus protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, por la presunta comisión de delitos de evasión fiscal y de blanqueo de capitales. Cada uno de los 38 capítulos de las dos nuevas temporadas le costará a RTVE un total de 644.000 euros. Más que hasta ahora.

La última polémica, en este sentido, surgió a finales de noviembre, cuando se presentó la serie Reinas, en cuya producción ha participado José Luis Moreno. Como RTVE no podía contratar a este polémico empresario por estar incluido en la lista de morosos de Hacienda (su deuda es de 3,4 millones de euros), le ha reclutado de forma indirecta a través de una de sus sociedades. De hecho, en los títulos de crédito de este drama histórico aparece la empresa Crystal Forest S.L., de su propiedad.

Vulneración de la ley

Dentro de una corporación que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado (son su principal fuente de ingresos) y que está sometida a un marco normativo que fija en qué debe invertir sus recursos y, sobre todo, lo que no debe hacer, este tipo de episodios resultan, cuanto menos, difíciles de justificar.

Su presidente y sus consejeros podrían ser cesados si 2/3 partes de los diputados  apoyan su salida (tras demostrarse que no están en condiciones de ejercer su cargo) o si RTVE se desvía más de un 10% de las previsiones presupuestarias dentro de un determinado ejercicio. “El problema es que la norma no es nada clara cuando toman otro tipo de decisiones que son perjudiciales para la empresa en materias como contenidos”, destacan fuentes internas.

En la memoria de los consejeros de RTVE todavía se encuentra la dimisión, en 2011, de su presidente, Alberto Oliart, después de que trascendiera que una empresa dirigida por su hijo había sido contratada por la televisión pública durante su mandato.

Desde entonces, se han producido varias situaciones –como las descritas en este artículo- en las que la labor de sus directivos ha sido más que cuestionable. Pero en esa casa, no es habitual que sus responsables dimitan. Ni siquiera que entonen el mea culpa.