Publicado: 05/12/2023 04:45
Tres vocales de la Comisión Permanente del CGPJ han pedido al presidente del órgano en funciones, Vicente Guilarte, que incluya en el orden del día la deliberación sobre las primeras comisiones parlamentarias impulsadas en Cataluña para fiscalizar la actuación de los jueces. El objetivo es que el órgano de gobierno de jueces emita un pronunciamiento de rechazo a estas comisiones impulsadas en plena acusación de lawfare contra la carrera judicial y fiscal.
Fuentes del Consejo confirman a Vozpópuli que se ha pedido al presidente interino del CGPJ que lo incluya en la reunión de este martes. La Comisión Permanente que componen seis vocales más el presidente en funciones, estudia la petición de estos tres vocales que buscan un pronunciamiento sobre las acusaciones contra jueces y fiscales en el marco de su actuación principalmente en causas contra el independentismo catalán.
La reunión se produce además en plena crisis dentro del CGPJ dado que este mismo lunes el órgano cumplió diez años operativo, cinco de ellos en funciones. Se trata de una anomalía que se produce ante la imposibilidad de acuerdo entre PP y PSOE y cuya consecuencia directa se traduce en la imposibilidad de renovar la cúpula de la carrera judicial, toda vez que los actuales vocales tienen impedida esta potestad tras una reforma legal impulsada por el PSOE.
El 17-A y la operación Cataluña
Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió este lunes a este asunto asegurando que el PP tiene secuestrado el Poder Judicial y que este era un claro caso de ‘lawfare’. La expresión en cuestión comenzó a cobrar fuerza tras incluirla el PSOE y Junts en el acuerdo de investidura en el que, además, se abrían a impulsar comisiones de investigación en el Parlamento para fiscalizar las actuaciones de los jueces que instruyan causas ligadas al independentismo catalán.
La inclusión de este término en el pacto y las acusaciones veladas de judicialización de la política provocó una reacción sin precedentes de jueces, fiscales, abogados, notarios, y otros operadores de la carrera judicial. El mismo día en que se conoció este acuerdo, el pasado 9 de noviembre, se reunió de urgencia la Comisión Permanente del CGPJ para mostrar su “frontal rechazo” ante las alusiones al ‘lawfare’.
Sin embargo, ahora dan un paso más y solicitan un pronunciamiento expreso de rechazo del CGPJ de las primeras comisiones parlamentarias creadas tras el acuerdo del PSOE y Junts. El pasado 17 de noviembre la Mesa del Congreso dio el plácet a la petición del partido que lidera Carles Puigdemont y del PNV de registrar una comisión parlamentaria sobre el atentado yihadista de Las Ramblas de 2017 y otra sobre la conocida como operación Cataluña.
Los vocales quieren que el CGPJ se pronuncie contra estas comisiones en tanto, aunque la Constitución reconoce su creación como fiscalizadores de la labor del Gobierno, bajo ningún concepto pueden servir para cuestionar las sentencias y resoluciones de los jueces que han intervenido en estos procedimientos. Por ello el propio Guilarte llamó el pasado viernes a los jueces a rebelarse contra estas comisiones en caso de que de ellas se derivaran citaciones de jueces y magistrados a declarar.
Rechazo al 'lawfare'
En paralelo, este lunes la Asociación Profesional de la Magistratura emitió una declaración institucional en la que rechazó "sin paliativos" el desarrollo de estas comisiones parlamentarias enfocadas a fiscalizar la labor de los jueces y tribunales. La asociación, mayoritaria en la carrera, avisa de que estas iniciativas "carecen de sustento en un régimen democrático" ya que suponen atacar a los pilares del Estado de Derecho.
Además de los jueces, las acusaciones de 'lawfare' se han dirigido contra los fiscales implicados en la causa del procés. Las mismas han abierto también otro frente en la Fiscalía ante el silencio del fiscal general del Estado, Álvaro García, en relación a este asunto.
La polémica estalló cuando los fiscales del procés le pidieron un respaldo público a su actuación a tenor de todas las acusaciones de imparcialidad. García Ortiz –a quien el órgano acaba de declarar no idóneo para el cargo- respondió que no podía pronunciarse sobre la amnistía hasta que no se aprobara en el BOE y apeló a la división de poderes.
Su posicionamiento provocó una enérgica reacción en la carrera que le recordó que no se pedía un pronunciamiento expreso de la futura ley, sino una defensa de su actuación. Por ello casi la totalidad de fiscales de Sala delo Penal del Supremo le enviaron una misiva al fiscal general en la que hablaban de “decepción” con su actuación y le acusaban de “ignorar deliberadamente” el reclamo concreto de los cuatro fiscales que han integrado la causa del procés. A esta postura se han ido adhiriendo fiscales de toda España.
Crisis en el CGPJ
A la crisis abierta por las acusaciones de guerra judicial contra el independentismo se añade la que atraviesa el propio CGPJ ante la ausencia de su renovación. El órgano cumplió este lunes más de 10 años en activo, la mitad de los cuáles ejerce en funciones. La falta de acuerdo entre PP y PSOE ha provocado una crisis sin precedentes que ha provocado que el Consejo haya tenido tres presidentes en el último año y que opere con cinco bajas.
De los 21 vocales (incluido el presidente) que integraban el órgano, en la actualidad lo componen 16, los cuáles además han acusado la grieta política y el coste de operar con sus funciones limitadas. El resultado es una cada vez mayor polarización entre el sector conservador, mayoritario en el CGPJ, y el progresista, que discrepan de los principales pronunciamientos.
Así, por ejemplo, el último de ellos se produjo el jueves pasado cuando el Pleno, por primera vez en democracia, declaró no idóneo a un candidato a fiscal general. Los vocales conservadores rechazaron su aval a Álvaro García al considerar que no cumple el requisito de ser considerado jurista de reconocido prestigio. Los progresistas han respondido en un duro voto particular rebatiendo el criterio mayoritario y apelando a su idoneidad como fiscal general.
En este contexto Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidieron este lunes a todos los vocales del CGPJ que dimitan en bloque para forzar la renovación. Sin embargo, las voces consultadas por este medio descartan ese trámite y avisan que, de hacerlo, podrían incurrir además en delito de abandono de sus funciones.
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Pregunta
¿ Era la Republica en 1936 una dictadura de izquierdas? Se promulgó en Junio la Ley para juzgar a Jueces y Fiscales y ahora SE anda con lo mismo. La guerra civil estallo UN mes despues ¿ Nos va a coger algo gordo en pe.lotas como antaño o es un mál sueño?
Que es eso de lawfare?Por qué no se utilizan palabras del español/castellano como: guerra.
No será para despistar a los despistados?
Se utilizarán en inglés palabras del español/castellano? Creo que no.