El CGPJ acusa a García Ortiz de actuar de forma espuria y de no amparar a los fiscales ante el 'lawfare'

El CGPJ sostiene en su informe por el cual no avala a Álvaro García como fiscal general que no parece que una persona que ha hecho "una utilización tan espuria" de sus potestades se pueda considerar idóneo para su nombramiento. El documento se ampara en la sentencia del Tribunal Supremo que le señaló por "desviación de poder" y al respecto cuestiona que pueda actuar bajo este prisma en otros nombramientos más allá del anulado.

El informe, que salió adelante con el respaldo de ocho vocales frente a siete que sí querían avalarle, apela al fallo por el cual el alto tribunal revocó el ascenso de Dolores Delgado, antecesora suya en la cúpula de la Fiscalía y persona de su máxima confianza. Al respecto, el escrito determina que esta desviación en cuestión la podría aplicar también en otras designaciones que acuerde.

"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo para su nombramiento; ello sin perjuicio de que si esa actuación se realiza en
importantes nombramientos de la Carrera Fiscal, cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante", reza el documento.

La actuación del fiscal general ante las acusaciones de lawfare ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas

El dictamen, que es inaudito por cuanto que es la primera vez que el CGPJ no avala la idoneidad de un candidato, determina que no puede merecer el aval tras haber demostrado "tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de los puestos de la Fiscalía".

Como ha avanzado Vozpópuli, en el dictamen de los vocales ha pesado especialmente el hecho de que García Ortiz ya haya ejercido como fiscal general. Al respecto, el Pleno del CGPJ determina que el informe no podía basarse únicamente en su currículum vitae -como así ocurrió con el aval del año pasado- sino que tenía que estudiar las decisiones que ha adoptado este tiempo para poder justificar su pronunciamiento.

Nombramientos a afines

Así pues, además de pronunciarse sobre el reciente fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, también han valorado la política de nombramientos que ha aplicado este año. Al respecto explican que la designación de fiscales para los cargos discrecionales ha adolecido de "falta de transparencia y coherencia".

El CGPJ expone que durante su mandato ha efectuado 33 nombramientos, de los cuáles 22 han sido para miembros de la Unión Progresista de Fiscales a la que se le vincula tanto a él como a su antecesora Dolores Delgado. El informe razona que esta asociación cuenta con 200 asociados del total de 2.700 fiscales que hay en la carrera, lo que se traduce en que, pese a representar el 7,4% de la carrera, se han nombrado más del 66% de cargos de esta asociación.

"Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado", expone el CGPJ.

La circular del 'sí es sí'

Del mismo modo el informe reprocha dos actuaciones más de Álvaro García que le harían merecer el rechazo a su aval. La primera de ellas se retrotrae a la Circular 1/2023, de 29 de marzo, que dictó para sentar las bases de la actuación de los fiscales ante la avalancha de rebajas de condenas a violadores que comenzaron a acordar los tribunales en aplicación directa de la ley del 'solo sí es sí'.

Sobre ello, el Consejo concluye que dictó un criterio favorable al Gobierno y totalmente contrario al que estaban defendiendo las distintas fiscalías, siendo además, que ha terminado por declararse imprudente por el Tribunal Supremo. "No parece que deba considerarse la idoneidad a quien impone un mandato en la forma en que deba interpretarse una norma que haya merecido tan importante corrección por los Tribunales y por el mismo Parlamento", indican.

A todos estos argumentos el CGPJ añade también el malestar que hay en la Fiscalía ante la ausencia de un pronunciamiento por parte del fiscal general que le están demandando los fiscales del procés por las acusaciones del 'lawfare' contra el independentismo catalán.

"Escarnio" contra la Fiscalía

En este punto el CGPJ es especialmente duro al advertir que en los últimos meses la Fiscalía se ha visto sometida "al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse" en relación a los "ataques mendaces" de imparcialidad en las causas del procés, sin que Álvaro García haya defendido a la carrera.

"Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del candidato propuesta ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas", apuntan.