La Guardia Civil estrecha el cerco en las comisiones que se habrían desviado desde FCC Construcción de Centroamérica S.A para adjudicaciones en Panamá. Tras analizar la última documental remitida a la Audiencia Nacional por la constructora, concluye que se identifican pagos por un importe total de 9,31 millones de dólares que salieron de una cuenta a nombre de la multinacional para Global Quality Steel, una de las firmas intermediarias en este proceso que canalizó sobornos multimillonarios entre los años 2010 y 2014.

Así lo plasma la UCO en un oficio del pasado 3 de junio y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el marco de la causa que sigue viva en este órgano judicial contra la constructora y altos directivos de la misma salpicados por el caso Odebrecht. La Policía Judicial pone el foco en una cuenta abierta en el BAC San José de Costa Rica a nombre de la filial de FCC y analiza todos los movimientos detectados en esos años, aunque abronca a la multinacional ante la ausencia de documental clave en relación a estos hechos.

La compañía, que denunció estas prácticas ante la Fiscalía Anticorrupción en las vísperas de su imputación como persona jurídica, remitió dos escritos en relación a los movimientos de esta cuenta abierta en el país centroamericano. En el primero, aportado en febrero, identifican dos pagos a empresas del entramado por un total de 11,5 millones de dólares. El segundo, fechado el 7 de abril, desglosa cuatro transferencias por 5,3 millones de euros a la firma Martínez Acha&Asociados también implicada en esta macrocausa de corrupción que sacudió a una decena de países de América Latina.

2,5 millones para el testaferro de Martinelli

La información analizada por la Policía Judicial viene a acreditar las mordidas que se pagaron para adjudicarse principalmente dos megaproyectos: la construcción de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Luz de Panamá. La causa, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se apoyó en información clave aportada por Suiza en relación al acuerdo al que llegó FCC con el conglomerado brasileño Odebrecht para lograr estas licitaciones, así como el desvío de dádivas que se canalizaron a través de sociedades pantalla como Sces Steel LLC y Convergence Capital Partner BV.

En lo que respecta a las obras del metro, el plan ideado consistió en inflar los precios de la compra de acero a Global Quality Steel e incluso falsear el total de material adquirido por 9,3 millones con cargo al erario público panameño. La última documental aportada acredita que, efectivamente, entre mayo y septiembre de 2011 se giraron desde FCC a esta firma tres transferencias de 6,3 millones de dólares; 2 millones y 1, respectivamente. De ese monto total retornaron 4 millones de dólares en transferencia de la compañía investigada cuyos tres administradores están imputados en este procedimiento por blanqueo y corrupción en las transacciones internacionales.

A partir de ahí impulsaron una serie de operaciones a través de firmas superpuestas con cuentas en Suiza y en Holanda que funcionaban como una "caja B" de la multinacional Odebrecht. Con todo, la UCO incluye en esta primera etapa pagos a otra sociedad vinculada al presunto testaferro del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Se trata de Arados de Plata S.A. Esta firma se convirtió en el vehículo que utilizó Mauricio Cort para canalizar la parte que le respondía del entramado. Lo hizo mediante transferencia de FCC Construcción de Centroamérica el 18 de noviembre de 2011. En concreto, la documentación bancaria refleja un pago de 2,5 millones de dólares que se giró con el concepto de "suministro barra de acero", aunque no es el único, ya que también detectan otros ingresos desde Costa Rica a Cort Abogados.

El origen de los fondos

Los agentes estrechan el cerco en las comisiones pagadas por estos proyectos pero advierten a la firma que la información que ha aportado a requerimiento de la Audiencia Nacional está "incompleta". De hecho, destacan que la falta de documentación sobre la cuenta de origen les hace "imposible determinar unas conclusiones" en relación al origen de los 9,3 millones que acabaron en manos de los intermediarios imputados. Esto es así porque no han entregado la información requerida por Anticorrupción en relación a los movimientos que registró la cuenta en 2010, es decir, antes de que se efectuaran las transferencias bajo sospecha.

"En el caso del origen de estos fondos, tal como se ha detectado en este informe, se ha observado que de los 9,3 millones de dólares abonados en favor de GQS, durante el periodo analizado, se ha podido establecer una correlación temporal con un total de 8,3 millones recibidos desde, lo que parece ser, otra cuenta bancaria de FCC, desconociendo el número de dicha cuenta, entidad y país donde se encuentra radicada, titulares y personas autorizadas... por lo que resulta imposible conocer con detalle el origen de los fondos", concluye la UCO.