La tarifa del detective contactado por el PP, según Villarejo: “9.000 euros al día”

En febrero de 2009 José Manuel Villarejo anotó en su agenda privada información sobre el Grupo Mira, la agencia de detectives a la que habría contactado el Partido Popular para espiar, presuntamente, a Isabel Díaz Ayuso. “Cobran 9.000 euros al día. Si es varios, 7.500”, escribió el comisario jubilado en sus cuadernos. El manuscrito data del 23 de febrero de 2009, dos años después del espionaje a Ignacio González en Colombia (que también se atribuye a esta agencia), y en plena crisis dentro del PP madrileño por el conocido como caso espías.

"Aparentemente no están mal. Estuvieron en Colombia en 2007", reza el manuscrito que el agente encubierto anotó en sus cuadernos personales y al que ha tenido acceso Vozpópuli. El comisario se refirió al seguimiento del entonces presidente del Canal de Isabel II en su periplo por Sudamérica ante la sospecha de que acudió acompañado de otros exaltos cargos de la empresa municipal de aguas para desviar presuntas comisiones irregulares. El trabajo en cuestión vendría encomendado desde el entorno de Francisco Granados -principal enemigo de González en el momento de los hechos- y se habría encargado a Julio Gutiez, el dueño del Grupo Mira.

Aunque han pasado 15 años años de aquellos hechos, el detective volvió a salir a la palestra la pasada semana tras desvelarse que 'fontaneros' del Partido Popular le habrían contactado para pedirle que investigase a Isabel Díaz Ayuso. El empresario, a quien el estallido de este asunto le pilló recién aterrizado en Colombia, negó en un audio de Whatsapp compartido con otros detectives que hubiera accedido al encargo formulado desde Génova. Gutiez no desveló la identidad de los que recurrieron a él para este trabajo, pero sí dejó claro que lo rechazó de plano por ser ilegal.

"No hice presupuesto"

El cometido consistía en revisar información confidencial bancaria del hermano de la presidenta madrileña por haber cobrado de un contrato de la Comunidad de Madrid para el suministro de mascarillas en abril de 2020. Gutiez aseguró en dicho grupo que no accedió a esta solicitud, un extremo que confirmó en conversación con este periódico. "Yo rechacé un tema ilegal. No llegué a presupuestarles absolutamente nada. Ni oferté ni hice un presupuesto ni me ofrecieron cantidad para tal. Cuando se propuso el asunto lo rechacé directamente", matizó.

Sin embargo, la filtración en prensa de este presunto espionaje puso contra las cuerdas al entorno del ya exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, y el todavía presidente, Pablo Casado. Aunque ambos negaron por activa y por pasiva que encargaran este trabajo sobre la figura de Tomás Díaz Ayuso, el estallido del conocido como Ayusogate supuso el principio del fin de la hasta entonces dirección del partido que mira al futuro ya bajo la guía del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Esta crisis inevitablemente volvió a sacar a la palestra anteriores episodios de espionaje dentro del PP madrileño que también implican a Villarejo y que tuvieron su punto álgido con el conocido como caso espías.

En el mismo se vio involucrado también Julio Gutiez por sus pesquisas sobre la figura de Ignacio González en plena guerra interna con Francisco Granados, considerado el otro delfín de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Precisamente Villarejo también anotó importantes referencias sobre la 'gestapillo madrileña' en los cuadernos personales que se le incautaron en el marco de la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional por sus encargos de espionaje privados. El agente encubierto plasmó desde 2009 en sus cuadernos continuas alusiones al viaje de Ignacio González a Colombia. El objetivo era obtener información de este episodio para impulsar una campaña contra el político madrileño que, años más tarde, acabó imputado en el caso Lezo.

Las agendas de Villarejo

Tanto es así que la defensa de González solicitó al Juzgado de Instrucción número 6 que incorporase algunas de estas referencias en las que Villarejo incluso hizo alusión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que apodaba 'El asturiano'. "Según Asturiano (Mariano Rajoy) hay que dar caña a IG. Quedo en esperar el OK del Ministro", escribió en junio de 2013. "Oferta para entregarle info este finde lo de IG. Se mantiene en dar caña a tope” o "Luz verde para ir a muerte contra IG", son otros de los apuntes que demuestran que Villarejo también estuvo implicado en estas tramas de espionaje dentro de la formación popular.

Tanto es así que tuvo información privilegiada del pago de una presunta mordida por parte de OHL para adjudicarse el tren de Navalcarnero medio año antes de que arrancasen las pesquisas en Anticorrupción. Pese al criterio del magistrado de no incluir estos manuscritos en la causa sobre el Canal de Isabel II, la Audiencia Nacional ha terminado por darle la razón al exdirigente popular y ha ordenado que se adhieran parte de los mismos ya que guardan relación directa con el nacimiento de esta causa de corrupción en 2017 y afectan a su derecho de defensa.

Investigación en Anticorrupción

Con todo, este nuevo capítulo de espionaje que acecha al Partido Popular también tiene su derivada judicial después de que los grupos parlamentarios de la oposición en Madrid llevaran ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato bajo sospecha de una empresa vinculada con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Aunque la mandataria regional niega que tuviera conocimiento de este asunto, el Ministerio Público ha decidido abrir diligencias para esclarecer si tuvo un papel activo en la adjudicación, en abril de 2020, de un contrato de 1,5 millones de euros para el suministro de mascarillas a la empresa Priviet Sportive, de la que su hermano habría percibido 280.000 euros.

La Comunidad de Madrid defiende que Tomás Díaz Ayuso únicamente cobró una factura de 55.850 euros por su gestión de intermediario en la compra de este material sanitario. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dirigirá estas diligencias que, de momento, no apuntan a una posible responsabilidad penal de la presidenta madrileña. Los partidos de la oposición, que este mismo jueves ampliaron sus denuncias en la sede de este órgano, sostienen que se pudo haber cometido tráfico de influencias con este contrato público de emergencias. También reclaman que se investigue la calidad de este material sanitario, así como el traslado de este material desde China.