El independentismo catalán vuelve a ganar el pulso a Pedro Sánchez. El Gobierno ha reconocido que introducirá cambios en la propuesta de la ley de amnistía después de afirmar en varias ocasiones que el proyecto enviado al Congreso no se tocaba.
Fuentes del Gobierno aseguran a Vozpópuli que habrá “mejoras técnicas” de carácter “menor” en la ley durante su fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Estas fuentes no han precisado de qué modificaciones se trata. Tanto ERC como el partido de Carles Puigdemont habían dejado entrever que plantearían enmiendas al texto original registrado por el PSOE antes de la investidura.
Según el Gobierno, estas “mejoras” deberán ser consensuadas para garantizar la mayoría absoluta en la votación definitiva. Estas fuentes precisan además que los cambios serán en el articulado de la norma, que pretende borrar los delitos de centenares de independentistas –políticos y sociedad civil. procesados o condenados por delitos que van desde el terrorismo a la malversación de fondos públicos.
Sánchez pierde el pulso
En ese sentido, el Ejecutivo asegura que tiene intención de no tocar una sola coma de la exposición de motivos de la ley. Este preámbulo consta de 52 párrafos que buscan justificar la conveniencia y la legalidad de esta norma, que tanto Sánchez como todos sus ministros sin excepción consideraban inconstitucional y fuera del ordenamiento jurídico antes de necesitar los siete diputados de Puigdemont para formar Gobierno.
El entorno del presidente y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, han vuelto a defender la constitucionalidad de la propuesta en los habituales corrillos con los medios de comunicación tras el acto del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.
La amnistía no es solo necesaria, según el Gobierno, sino una "política de Estado". Y considera que la sensación de ruptura del marco constitucional que PP y Vox están trasladando "no está en la calle". Tampoco ven mayor problema en Bruselas, a pesar de las dudas expresadas por la Comisión. En el peor de los casos, hay fuentes del Gobierno que aseguran que "nadie se acordará de la amnistía dentro de cuatro años". Una frase que resume a la perfección el modus operandi de Sánchez.
Sin embargo, el hecho de que el Gobierno se abra ahora a modificar el texto inicial sugiere que la reacción de los jueces y de la Unión Europea preocupa a Puigdemont, principal beneficiado de la norma. Junts per Catalunya ya advirtió de que deseaba introducir enmiendas al texto original para tapar todas las fugas que pudieran producirse.
Puigdemont tiene dudas
Al independentismo no le preocupa tanto las sanciones y advertencias de la Comisión como la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervenga ante las cuestiones prejudiciales que planteen los magistrados españoles. Puigdemont, por ejemplo, tiene una imputación por terrorismo por el caso Tsunami. La amnistía contempla la eliminación del delito siempre que no haya sentencia firme, pero hay dudas sobre la interpretación que pueda hacer Bruselas y los jueces a esta excepción.
El Gobierno no ha confirmado si las enmiendas fueron objeto de debate en el encuentro de Suiza del pasado fin de semana entre el PSOE y Junts. Fuentes del Gobierno señalan que la reunión sirvió para abordar una metodología de trabajo, sobre la base de las diferencias que separan a ambos partidos.
El PSOE tuvo que registrar la ley de amnistía en solitario tras la negativa de ERC y Junts a firmarla. Los partidos independentistas se reservaban así la posibilidad de enmendar el texto, como así ocurrirá finalmente.
La excepción del terrorismo no es la única. Existen otros delitos que quedan expresamente fuera de la amnistía como los considerados de traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional que recoge el Código Penal.
El partido de Puigdemont ha expresado su deseo de acotar -o directamente eliminar- estas excepciones. Su objetivo es cerrar cualquier vía que ponga en peligro la amnistía del ex presidente de la Generalitat.
