El fiscal general reclama a Cataluña todas las causas del procés beneficiadas por la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reclamado a la Fiscalía Superior de Cataluña información de todas las causas del procés que se hayan seguido allí y que se verán beneficiadas por la entrada en vigor de la ley de la amnistia. García Ortiz se adelanta de esta forma a la aprobación de la norma, que todavía está en trámite parlamentario.

En un escrito al que ha tenido acceso Vózpopuli, la Secretaría Técnica solicita la información de "cuantos procedimientos penales se hayan tramitado en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el proceso independentista". En concreto, el órgano asesor del fiscal general quiere recabar todo lo relativo a las causas del procés seguidas entre el 9 de noviembre de 2014 (coincidente con la consulta ilegal que impulsó Artur Mas) y el 1-O de Carles Puigdemont.

El fiscal general, que renovará en el cargo pese a la insólita declaración de inidoneidad del CGPJ, ampara su decisión en la ley de amnistía que prevé dejar en agua de borrajas todos los procedimientos judiciales del procés en instrucción o juzgados. El documento apela a la "complejidad" de la materia y el "breve plazo" que se han marcado los socios de Gobierno para aprobar la amnistía. A su juicio, estos dos condicionantes determinan el "carácter preferente y urgente" de su tramitación "en aras a dar cumplimiento de la misión constitucional del Ministerio Fiscal".

El documento reclama información de procedimientos judiciales en trámite así como de aquellos que hayan sido archivados o enjuiciados y sentenciados. Toda esta información se remitirá a la Secretaría Técnica que, a su vez, dará traslado de la misma al sucesor de Dolores Delgado al frente de la jefatura de la Fiscalía. Entre los procedimientos más destacados que se han seguido en Cataluña sobre el procés destaca el que se siguió contra los dos hombres de confianza de Oriol Junqueras en la Generalitat, el ex responsable de Economía Josep María Jové y el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el primero y seis para el segundo por malversación agraviada. El asunto está pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aunque la entrada en vigor de la amnistía evitaría su celebración.

Del mismo modo, algunos procedimientos se han visto ya afectados por la futura norma. El Juzgado de lo Penal número 2 de Girona suspendió la semana pasada una vista señalada para mediados de diciembre contra cuatro acusados de desórdenes públicos por unos cortes de las líneas de AVE en 2018, coincidiendo con el aniversario del 1-O y el referéndum ilegal que declaró el Govern de Puigdemont. En este caso el juzgado ha optado por atender el criterio de los acusados y también de la Abogacía General del Estado que solicitó su suspensión apelando a los futuros efectos que tendrá la ley de extinción de toda responsabilidad criminal.

La solicitud del fiscal general se produce en un momento de especial incendio dentro de la institución que preside. El CGPJ le negó la semana pasada el aval que sí ha dado a todos sus antecesores al considerar que no cumple la condición de jurista de reconocido prestigio. La mayoría conservadora impuso su criterio apoyándose en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le acusó de "desviación de poder" con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. Del mismo modo le afearon el alto número de nombramientos a fiscales de la asociación UPF, de la que es afín, así como su circular sobre las directrices de la ley del 'solo sí es sí ' que terminó tumbando la Sala de lo Penal del alto tribunal.

A todo ello se añade también el descontento con los fiscales del procés y otros miembros de la carrera ante la ausencia de respuesta cuando éstos le pidieron expresamente una defensa pública de su actuación ante las acusaciones de guerra judicial contra el independentismo catalán (lawfare). García Ortiz respondió alegando que no podía hacer un valoración de un texto que todavía no ha entrado en vigor aunque ello no es óbice para que ahora empiece a recabar ya información de las causas del procés en Cataluña. En respuesta fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y del resto de España le remitieron una misiva en la que condenaron su silencio y le afearon su falta de defensa ante los ataques sin precedentes desde el Gobierno y sus socios independentistas contra la labor de jueces y fiscales en las causas del procés.